Para qué tanto foro, si no se aprobará ninguna reforma electoral
Miguel Ángel Rivera lunes 8, Ago 2022Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Si en dos inútiles “consultas populares” —la enfocada a preguntar al “pueblo sabio” si autorizaba juzgar a cinco ex presidentes de la República y la segunda, para conocer si el mismo ente erudito deseaba que el Presidente en funciones, Andrés Manuel López Obrador, debía seguir o no en el cargo— México gastó casi dos mil millones de pesos, ¿qué importa malgastar otros 20 millones de pesos en analizar una reforma constitucional que nunca entrará en vigor?
Esta interrogante surge del hecho de que la Cámara de Diputados (Morena y rémoras) realiza en estos días un ejercicio de consulta al resto de la sociedad para conocer si aprueba o rechaza una reforma constitucional en materia electoral que se fraguó en Palacio Nacional y que lleva la firma del presidente López Obrador. El costo, reconocido por el coordinador de la bancada de Morena, el diputado poblano Ignacio Mier Velazco, es de aproximadamente los 20 millones de pesos.
A esa cantidad debería agregarse el costo de un foro similar, organizado por el bloque de oposición (PAN, PRI y PRD), que no está de acuerdo con la reforma propuesta por el jefe del Ejecutivo federal y que ha presentado sus propias recomendaciones para mejorar la democracia electoral de nuestro país. Lo invertido en esta consulta es mucho menor a lo gastado por el partido oficial y sus “satélites” en el inútil esfuerzo de conseguir el respaldo popular a los cambios que desea el principal inquilino de Palacio Nacional, pero de cualquier forma tiene un costo, pues la bancada del partido oficial (Morena) les ha negado el uso de las instalaciones del Palacio Legislativo para ese foro, calificado de espurio.
Aunque se supone que los diputados federales tienen el control absoluto sobre su Cámara (se presumen propietarios durante los tres años de su ejercicio y, por supuesto, tener el control de sus instalaciones), en realidad la conducción del Palacio Legislativo de San Lázaro está a cargo de una burocracia -controlada por Morena- que es la única autorizada para asignar cualquier instalación o para conseguir un equipo especial.
Cabe aclarar que esta situación no es nueva. Cuando el PRI u otros partidos tuvieron el control en la Cámara de Diputados, la burocracia dominante les respondía sólo a ellos, pero lo que confirma esta situación es la falsedad de la afirmación de los “morenos” y sus satélites de que ellos “no son iguales”.
La jefa de la casa o ama de llaves en San Lázaro es la secretaria general de la Cámara de Diputados, Graciela Báez, quien negó a los partidos de oposición PRI, PAN y PRD los espacios solicitados para la realización de sus cinco foros alternos en materia electoral, los cuales deberían iniciarse de manera paralela a los del Parlamento Abierto que organiza la Cámara a petición de Morena y sus aliados.
La oposición había solicitado sitios especiales para hacer los foros alternos, pero el área de eventos de la Secretaría General les ofreció otros muy distintos, que no agradaron a los organizadores del foro en el que se presentaron especialistas que no fueron invitados o se negaron a aparecer en el “parlamento” oficial.
Báez les notificó a los opositores que no podrán hacer uso de ninguna de las instalaciones del Palacio legislativo de San Lázaro para la realización de sus foros, porque no ha recibido autorización de la Junta de Coordinación Política (presidida por el priista Rubén Moreira, supuestamente del bloque opositor) sólo acordó destinar espacios para el Parlamento Abierto, pero no para los foros alternos
“La Jucopo me envió un oficio que dice que la única facultada para solicitar espacios para la organización de eventos en materia electoral es la Jucopo, con base en el acuerdo que aprobó para el Parlamento Abierto, entonces prácticamente me están diciendo que sólo la Junta puede decidir qué espacios, a quién y cómo dárselos cuando se trata de reforma electoral, entonces en ese asunto, no tengo ni para dónde hacerme yo”.
Por si no fuera suficiente para marcar distancias, la funcionaria dijo que la oposición tampoco podrá utilizar la señal del Canal del Congreso para la transmisión de sus foros alternos. Este medio de comunicación se supone tiene una dirección colegiada, donde participan todos los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados.
Todo para qué: Ninguna reforma será aprobada
Sean muchos o pocos, el hecho es que ninguna de las reformas electorales propuestas, ya sea la del presidente López Obrador o las promovidas por los partidos de oposición, aunque tengan el respaldo de la sociedad civil, será aprobada, al menos por el momento.
No se trata de la calidad y del impacto de los cambios que se sugieren.
El hecho es que el bloque opositor mantiene la llamada moratoria constitucional, que consiste básicamente en rechazar a priori cualquier reforma constitucional promovida por la llamada Cuarta Transformación, en particular en lo referente a la materia electoral, pues es evidente que la reforma propuesta por el presidente López Obrador tiene como objetivo central eliminar al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que el gobierno federal reasuma el control absoluto de los comicios en el país, lo cual se considera una regresión, luego de decenas de años de lucha por lograr que esos procesos queden a cargo de organismos autónomos no comprometidos con el poder en turno.
Ese bloque opositor no puede promover una reforma propia, pues la mayoría la conservan Morena y rémoras, pero sí pueden impedir reformas constitucionales, pues el oficialismo no logra reunir las dos terceras partes de los votos para modificar la llamada Carta Magna. Así que la propuesta oficial de reforma electoral no pasará.
Por el contrario, se sabe que los legisladores de Morena y sus satélites tienen instrucciones precisas de no modificar “ni una coma” la iniciativa presidencial, así que por más brillantes y justificadas propuestas de cambio que se escuchen en el foro oficialista, nada será agregado a la iniciativa original enviada desde Palacio Nacional.
¿Entonces para qué los cuantiosos gastos en foros que no tendrán ninguna consecuencia?
No hay ninguna sorpresa, las propuestas de cambios estaban anunciados
Por cierto, la iniciativa presidencial de reforma electoral no tiene ningún elemento sorpresa y, sí, confirma que se trata de un intento de devolver al gobierno federal el control sobre los comicios.
Esto se aprecia en un estudio del profesor e investigador del ITAM, Horacio Vives Segl, que desde 2020 advirtió de los intentos del gobierno de López Obrador por modificar el sistema electoral. El estudio se titula ¿Reforma electoral en puerta? Lo bueno, lo malo, lo feo y lo pendiente…
“Por lo que se puede observar en el desempeño del gobierno en turno, que arrancó funciones el 1 de diciembre de 2018, resulta imprescindible destruir parte de la institucionalidad previa y transformar el orden político contemporáneo. El gobierno no se siente cómodo con el principio republicano de separación de poderes, la rendición de cuentas y las funciones de Estado que por disposición constitucional se han ido quitando a lo largo de los últimos años del ámbito facultativo del Poder Ejecutivo para ser realizadas por los órganos constitucionales autónomos (OCAs). En esa lógica, se percibe un avance antidemocrático reflejado en los ataques permanentes a quienes no comulgan con el proyecto gubernamental y a los poderes del Estado en los que no tiene afinidades y control el lopezobradorismo, a través de nombramientos que carecen de las capacidades técnicas mínimas para desempeñar los cargos o directamente tienen severos conflictos de interés y/o legalidad, siendo el más lamentable el de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Utilizando los argumentos de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en How Democracies Die, el gobierno en funciones ha sostenido una sistemática agenda para debilitar instituciones y poderes del Estado a través de nombramientos de titulares con evidentes conflictos de intereses, subóptimos para los perfiles y desafíos técnicos de los puestos, condicionando su viabilidad a través de recortes presupuestarios o en el extremo desaparecerlos, además de someterlos recurrentemente a un linchamiento mediático (Levitsky y Ziblatt, 2018)”.