A México le urge dar mayor certeza a su democracia: Penagos López
* Especiales, Seguridad lunes 6, Jun 2011- El magistrado del TEPJF que asiste como observador a las elecciones peruanas, dice que en nuestro país también le falta transparencia
Pedro Esteban Penagos López, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Lima, Perú.- La democracia de México es fuerte, perfectible y se le debe dar certeza, claridad, seguridad jurídica y transparencia, afirmó hoy un alto magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
‘En México tenemos una democracia joven y cuando hablo de ello reconozco al sistema democrático en México a partir de hace una década y media’, señaló en entrevista el magistrado Pedro Esteban Penagos López.
El jurista, quien asiste como ‘observador internacional’ de las elecciones presidenciales de Perú, dijo que ninguna democracia logra el nivel tope o máximo porque siempre el rejuego político trae como consecuencia que la normatividad se vaya adecuando.
‘La democracia para que se consolidara en Inglaterra tardó 80 años y nosotros en México tenemos una democracia completamente consolidada, pero eso desde luego no nos hace confiarnos, simplemente debemos dar mayor respuesta a la población’, indicó.
Consideró que, en ese contexto, la ciudadanía debe de estar con credibilidad en la función de las instituciones y en esa línea el TEPJF es uno de las instituciones con mayor confianza en el mundo.
Recordó que en el 2009, el TEPJF resolvió 21 mil asuntos de tipo electoral de los cuales entre 10 y 15 fueron motivo de críticas o declaraciones políticas pero no de análisis jurídico.
Siendo la democracia de México bastante nueva lo que le hace falta es a los actores políticos apegarse al Estado de Derecho para consolidarla, recalcó Penagos López.
‘Que se vayan acostumbrando tanto autoridades como partidos políticos, candidatos, precandidatos y medios de comunicación a que deben actuar apegados al estado de derecho’, observó el magistrado.
Recordó que el artículo 41 Constitucional mexicano establece que el Instituto Federal Electoral (IFE) es a quien corresponde administrar los tiempos del Estado (en radios y televisión) para otorgarlos a los partidos y a las autoridades para hacer la promoción electoral.
Pero a veces esos tiempos no se respetan. ‘Existe prohibición para que los partidos políticos y los ciudadanos contraten tiempos en radio y televisión para que haya equidad y a veces se trata, como consecuencia, de evadir la regla principal’.
‘Democracia es transparencia y tanto autoridades como gobernados y, como consecuencia, partidos políticos, candidatos y precandidatos tenemos que apegarnos a la ley y esa es una de las obligaciones para consolidar la democracia’, añadió.
Pero a veces dentro del rejuego político, los partidos o candidatos se salen de lo que establece la ley y entonces lo que están haciendo es actuar de manera no democrática, pero por eso están los medios de impugnación.
En esa línea existe el Tribunal Electoral para someter precisamente a la normatividad electoral a los partidos políticos, a los candidatos, a los servidores públicos siempre y cuando se interponga o haya medios de impugnación.
Señaló que en su país siempre se parte de la duda y de la desconfianza y por eso recurren tanto a tribunales pero en otros países los partidos políticos y las autoridades se ajustan un poco más a la ley.
Dejó entrever que el TEPJF es una especie de ‘candado’, basado en el artículo 134 de la Constitución que prohíbe la promoción gubernamental y de carácter electoral, el fomento de imagen de los servidores públicos con recursos del erario.
Pero un grave problema que enfrenta México es que no se ha expedido la ley reglamentaria del artículo 134 de la Constitución y se carece de un catálogo de sanciones que deben imponerse a los servidores públicos que violen este tipo de preceptos.
Recordó que hace algún tiempo el TEPJF determinó que el presidente de la República había violado la ley pero la resolución fue meramente declarativa y no se impuso sanciones porque falta que el Congreso expida el catálogo de sanciones.
