Álvarez-Buylla, otra funcionaria que “planta” a los legisladores
Miguel Ángel Rivera jueves 26, May 2022Clase Política
Miguel Ángel Rivera
¿De qué sirve una ley si no se castiga a los que la violen?
La respuesta es obvia: De nada, es decir, una ley sin sanciones no sirve para nada.
El que se enfrenta a esta duda es un destacado jurista y un experimentado legislador, nada menos que el coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la llamada Cámara alta, Ricardo Monreal Ávila.
La duda y la necesidad de encontrar una salida bien fundamentada jurídicamente surge por la aparente rebeldía de la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, quien dejó plantados a los senadores integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología, que la habían citado para aclarar diversos asuntos relacionados con la dependencia a su cargo, que, sin exagerar, tiene una responsabilidad fundamental para el futuro de nuestro país, entre ellas su intervención en el conflicto que atraviesa el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), un prestigiado centro educativo -aunque no muy apreciado por la llamada Cuarta Transformación- que está paralizado y en riesgo de extinción.
A pesar de lo trascendente del tema, Álvarez-Buylla, canceló de último minuto la cita con los legisladores.
Aunque no se trata de una cancelación definitiva, en los hechos, incumplió con el artículo 93 constitucional y con diversas normas de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, que obligan a funcionarios del Ejecutivo a comparecer ante las cámaras del Congreso de la Unión cuando los integrantes del Poder Legislativo revisan asuntos que competen a la dependencia a su cargo.
Las leyes mencionadas precisan que los legisladores pueden citar a secretarios de Estado, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos. No dicen que sea facultativo aceptar o no el citatorio de los legisladores, es una obligación, pero como señalamos anteriormente, ninguna ley establece sanción alguna en caso de que no acudan.
Sin embargo, el coordinador de los senadores, el mencionado Monreal, al censurar la ausencia de la funcionaria, recordó que “los funcionarios públicos de cualquier nivel están obligados a comparecer al Congreso, no hay justificación”.
“Como Presidente de la Junta y de la mayoría, la conmino respetuosamente a que haga caso, a ella y a todos los funcionarios que están obligados a comparecer cuando el Congreso así lo decida y lo determine”, mencionó el morenista.
Aunque los integrantes de la llamada Cuarta Transformación, desde el presidente Andrés Manuel López Obrador para abajo se ufanan en decir que “ no son iguales” a los integrantes de anteriores gobiernos, la verdad es que se han valido de los vacíos en las leyes para evitar que sus funcionarios se vean comprometidos a comentar ante los legisladores asuntos difíciles y así se han dado varias cancelaciones y cambios para evitarles “momentos difíciles”.
El caso más reciente fue el de la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez, quien plantó cuatro veces a los legisladores de hecho los dejó esperando, pues terminó el periodo ordinario de sesiones y no pudo recabar la información que debía presentarles.
Cabe mencionar que Gómez Álvarez fue convocada por otro tema conflictivo, la cancelación del programa de escuelas de tiempo completo, que según los conocedores afecta a casi cuatro millones de estudiantes de todo el país.
La lucha de la 4T contra la educación “neoliberal”
Como el mencionado caso de las escuelas de tiempo completo, el conflicto del CIDE -que depende de Conacyt- está inmerso en un proyecto mucho más amplio y profundo de la llamada Cuarta Transformación, que es la transformación de todo el sistema educativo nacional bajo el concepto general de cambiar todos los métodos y sistemas de trabajo que dejaron los anteriores gobiernos “conservadores y neoliberales”.
De esa arremetida no se salvan ni las instituciones de educación superior, en particular las que no gozan de autonomía, como es el caso del CIDE, un centro educativo de excelencia que nació en gran medida del esfuerzo de destacados académicos que de esta manera trataron de retribuir la bienvenida que recibieron en México al sufrir persecución de dictaduras en sus países de origen.
Para hacerse una idea de lo difícil de la situación del CIDE, basta con citar una nota publicada por el diario El Financiero el pasado día 18, bajo el título Comunidad del CIDE alerta asfixia presupuestal a institución:
“La comunidad del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) denunció que la institución padece desde hace un año y medio una asfixia financiera, debido a que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no han liberado los recursos del centro, lo que compromete gravemente su viabilidad financiera y académica.
“En conferencia de prensa, académicos, personal administrativo y estudiantes alertaron que la crisis del CIDE continúa no sólo por el descontento en la designación de José Antonio Romero Tellaeche, sino porque desde hace 14 meses el Centro espera la aprobación de las nuevas reglas de operación que permitirán a la institución manejar proyectos con financiamiento externo y de esa manera tener otras vías de financiamiento.
“Javier Aparicio, docente y secretario general del Sindicato del Personal Académico del CIDE, acusó que el Conacyt ha aplicado a la institución un rezago burocrático.
“De noviembre de 2020 a la fecha, el CIDE no ha sido capaz de allegarse de recursos propios adicionales a los recursos fiscales o presupuestales con que cuenta cada año. Eso qué tiene que ver con nosotros, pues tiene que ver con que del lado de los egresos, la parte del gasto, el gasto corriente del CIDE depende de las dos fuentes de ingresos, de los ingresos fiscales y de los ingresos que llegan de otros programas y proyectos.
“Resulta que desde que se extinguió el fideicomiso del CIDE, el CIDE está en una especie de parálisis financiera, porque los recursos propios que ya tiene el CIDE están paralizados, están congelados, están en una cuenta de banco a nombre del CIDE, pero no se puede disponer de esos recursos porque se necesita del visto bueno del Conacyt y de la Secretaría de hacienda”, expresó.
Los directivos del CIDE, casi considerados enemigos
El conflicto del CIDE ha quedado en manos de la titular de Conacyt, la mencionada María Elena Álvarez-Buylla, pero en realidad la embestida salió desde Palacio Nacional.
El presidente López Obrador identificó, desde el inicio de su mandato, como uno de sus principales enemigos a la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad” (MCCI), fundada por el empresario Claudio X. González, a la que atribuye estar financiada por el gobierno de los Estados Unidos.
Para infortunio del CIDE, entre los integrantes del Consejo Consultivo de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) está Sergio López Ayllón, quien además era director del CIDE.
Sergio López Ayllón hizo pública, en redes sociales, la protesta de MCCI porque el primer mandatario mostró fotografías de los integrantes del Consejo Consultivo de dicha organización civil, lo cual consideraron un acto intimidatorio.
“El miércoles 12 de mayo en su conferencia matutina, el Presidente exhibió nuestras fotografías y, descalificando algunas trayectorias, nos señaló por formar parte del Consejo Consultivo de la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que preside María Amparo Casar”, manifestó López Ayllón, quien poco después, en agosto, presentó su renuncia a la dirección del CIDE, dos años antes de cumplir un segundo periodo al frente de la institución.
En su lugar fue designado José Antonio Romero Tellaeche, un intelectual cercano a la 4T, pero mal recibido por la comunidad del CIDE, repudio que aumentó pues para empezar su periodo emprendió una “purga” contra los académicos incómodos.
A partir de entonces, el conflicto quedó bajo la responsabilidad de Álvarez Buylla, quien ha defendido como propias todas las acciones para rectificar el rumbo.
Pero tal vez lo que no puede es denunciar que todas esas acciones tuvieron su origen en Palacio Nacional, pues sería validar la denuncia de persecución contra los integrantes de MCCI.
