Rebelión en el Tribunal Electoral; magistrados destituyen a su presidente
Miguel Ángel Rivera jueves 5, Ago 2021Clase Política
Miguel Ángel Rivera
En lo que se ha vuelto una constante en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), como parte de un proceso conflictivo, fue destituido su presidente, José Luis Vargas Valdez, acusado de incumplimiento de sus obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias. En su lugar fue designado Reyes Rodríguez Mondragón.
En medio de conflictos y denuncias fueron destituidos, renunciaron o terminaron sus períodos casi todos los presidentes de ese tribunal que es el equivalente de la Suprema Corte de Justicia en materia electoral, pues sus sentencias son inapelables.
Los enfrentamientos dentro de máximo tribunal electoral se iniciaron desde 2007, cuando el entonces presidente Flavio Galván Rivera dejó el cargo en medio del conflicto por el supuesto fraude electoral que dio la victoria al candidato del PAN Felipe Calderón Hinojosa, mientras que el derrotado, Andrés Manuel López Obrador realizaba un prolongado plantón en el Paseo de la Reforma y nombraba un “gabinete legal”.
No le fue mejor a su sucesora, María del Carmen Alanís Figueroa, quien renunció cuando se mantenía la revuelta en contra de la elección de Enrique Peña Nieto, protestas también encabezadas por el ahora presidente López Obrador. Fue relevada por José Alejandro Luna Ramos, quien terminó el 2015, cuando concluyó su mandato como magistrado.
A la segunda presidenta del máximo tribunal electoral, Jeanine Otálora Malassis, tampoco le fue muy bien, a pesar de que a ella le correspondió entregar su constancia de presidente electo a López Obrador. Por conflictos internos y presiones externas, renunció a principios de 2019.
Entre otros cargos, el ahora defenestrado José Luis Vargas Valdez había dicho que presentaría denuncias contra Otálora por presuntas irregularidades, y propuso que en una sesión pública se discutiera su continuidad al frente del órgano de justicia electoral.
La renunciante fue sustituida por el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, a quien le correspondió únicamente concluir el periodo para el que había sido nombrada Otálora Malassis. Breve, pero difícil, como se puede apreciar por la descripción de un observador acerca del ambiente del tribunal en ese periodo: filtraciones, sentencias polémicas, supuestas intromisiones en la autonomía de los partidos, diferencias con el INE, fracturas internas y una aparente sumisión a la 4T.
Como parte de la lucha interna, Fuentes Barrera fue acusado de haber autorizado la reparación de sus autos antiguos en los talleres del tribunal.
Con todo, los observadores consideraban que Fuentes Barrera tenía posibilidades de reelegirse para un periodo completo. Los otros aparentes aspirantes eran Indalfer Infante González y Felipe De la Mata Pizaña, pero ninguno logró alcanzar la presidencia, fueron desplazados por José Luis Vargas Valdez.
Elecciones bajo sospechas de corrupción
Vargas Valdez, con antecedentes profesionales como haber encabezado la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de 2010 a 2012, no gozaba de muchas simpatías, pues dentro del Tribunal circularon versiones de que gustaba de realizar viajes al extranjero para participar en foros internacionales con todo lujo, que era pagado por la tesorería del Tribunal. Esto además de que el magistrado era objeto de una investigación a cargo de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, por presunto enriquecimiento ilícito, pues sus ingresos no justificaban sus bienes.
Su situación se agravó porque en su actuación como presidente del Tribunal se apreció sesgada a favor del gobierno de la llamada Cuarta Transformación y el partido oficial, Morena, presumiblemente con la intención de salvarse de las pesquisas sobre sus finanzas personales.
Tal vez el caso más sobresaliente es el de la revisión de la sentencia del Instituto Nacional Electoral (INE) por la cual se cancelaba el registro de los candidatos de Morena a los gobiernos de Guerrero, Félix Salgado, y de Michoacán, Raúl Morón, por no presentar informes de sus gastos de campaña.
Primero, Vargas Valdez cabildeó entre sus colegas del tribunal para reducir la sentencia, por considerar que las omisiones no eran graves y luego pospuso la sesión para revisar esos casos, hasta que los otros magistrados lo acorralaron y lo obligaron a convocar a la sesión en la que finalmente se confirmó la cancelación de los registros de los abanderados “morenos”. Su único respaldo ha sido la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso
Para sesiones posteriores ideó y trató de poner en práctica un procedimiento por el cual los otros magistrados deberían presentarle con anticipación el sentido de sus votos y los argumentos para justificarlos, la cual evidentemente fue rechazado por sus pares, por considerarlo una ilegal forma de control. Los otros integrantes de la Sala Superior respondieron con la solicitud de una asamblea en la que se revisara la actuación del presidente. Por supuesto, Vargas Valdez se resistió.
Así las cosas, la conflictiva situación dentro del tribunal llegó al límite, hasta que la magistrada Otálora Malassis, en su condición de decana, convocó a una reunión de trabajo, luego de que Vargas Valdez se negó a reanudar la sesión pública convocada para este miércoles, la cual suspendió de forma abrupta.
La nueva sesión fue convocada de último minuto, en la que no estuvieron presentes ni el propio Vargas Valdez, como tampoco su allegada Mónica Aralí Soto.
En este nuevo encuentro, en forma sorpresiva, al inicio de esa sesión, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña pidió revisar las funciones del presidente del TEPJF, propuesta que fue avalada por la magistrada Malassis y los magistrados Felipe Fuentes, Indalfer Infante y Reyes Rodríguez.
Así, por unanimidad, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación removieron a José Luis Vargas como presidente y en su lugar fue elegido Reyes Rodríguez Mondragón.
La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que “los magistrados de la Sala Superior elegirán de entre ellos a su presidente, quien lo será también del Tribunal, por un periodo de cuatro años, pudiendo ser reelecto por una sola vez… En caso de renuncia la Sala Superior procederá́ a elegir a un nuevo presidente, quien lo será hasta la conclusión del período para el que fue electo el sustituido. Este nuevo titular de la presidencia del tribunal, de ser el caso, podrá ser reelecto por una sola ocasión”.
Hace una semana, Vargas Valdez acusó a los magistrados que ahora lo destituyeron de “votar en manada” y seguramente recordó las denuncias que lanzó contra Otálora cuando ella presidía el Tribunal.
En tanto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) logró que un juez ordenara a la Fiscalía General de la República (FGR) reabrir la investigación en contra de Vargas Valdez.
Otra denuncia contra Emilio Lozoya, quien sigue “tan campante”
A propósito de la FGR. Ayer se informó también que la ex Procuraduría, encabezada por Alejandro Gertz Manero presentó una séptima denuncia en contra del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, quien no ha pisado la cárcel a pesar de tantos cargos en su contra.
Esta nueva acusación es, también, por desvío de recursos públicos, corrupción y lavado de dinero, a través de empresas fachada con las que Odebrecht lavaba dinero.
Una nota del diario Milenio menciona que funcionarios relacionados con la denuncia confirmaron que se trata de una denuncia que va de la mano con la que se presentó el 16 de julio por el desvío de más de tres mil millones de pesos en contratos con empresas vinculadas con Odebrecht, para obras que nunca se realizaron.
La denuncia presentada el 3 de agosto ante la Fiscalía General de la República (FGR) se centra en tres empresas relacionadas con la mencionada compañía brasileña, las cuales fueron las que se beneficiaron directamente al recibir el dinero de Pemex, a pesar de no aparecer en los contratos.
De acuerdo con esta información, la UIF detectó que “aunque los montos son menores”, hay tres empresas totalmente ajenas a los contratos que recibieron recursos públicos como parte de estos convenios de obra que celebró Emilio Lozoya con Odebrecht y sus filiales. Los prestanombres se dedicaron a realizar decenas de retiros en efectivo en distintas partes del país.
