Multiasesino
¬ Augusto Corro martes 19, Abr 2011Punto por Punto
Augusto Corro
- Cayó Omar Estrada Luna El Kilo
- Ordenaba ejecutar a pasajeros
- Tamaulipas, estado sin ley
Martín Omar Estrada Luna “El Kilo”, es el presunto autor intelectual del asesinato de 72 migrantes y otras 145 personas en San Fernando, Tamaulipas. Fue capturado por los elementos de la Armada de México y se encuentra tras las rejas. ¿Cómo debe aplicarse la justicia a un asesino, cuyas acciones consistieron en seleccionar a decenas de víctimas y en caliente ordenar sus muertes? ¿Es suficiente la pena máxima a un individuo convertido en uno de los mayores y peores enemigos de la sociedad? Estas preguntas surgen a raíz de la detención del representante de “Los Zetas” en aquella zona convertida en tierra de nadie, debido entre otras cosas a la ineptitud del gobernador Egidio Torre Cantú.
En medio de la barbarie que se vive en los estados norteños, en agosto del año pasado se registró la masacre de 72 migrantes centro y sudamericanos. Las autoridades trataron con increíble superficialidad el asunto, a pesar de las presiones de países centroamericanos para aclarar y castigar a los responsables de los asesinatos. Se intentó darle carpetazo al asunto. Los homicidas no fueron perseguidos y continuaron con la ola de violencia que tiene a México aterrorizado.
La guerra entre el cártel del Golfo y “Los Zetas” trajo como consecuencia un sinnúmero de personas sacrificadas. Entre éstas se encuentran los 145 mexicanos que fueron bajados de los autobuses para ultimarlos a golpes o a balazos, porque se resistieron a formar parte de las bandas delictivas e integrarse a actividades criminales. Después de la mortandad de extranjeros, las acciones de “Los Zetas” siguieron sin obstáculo alguno, a pesar del clamor de la sociedad por investigar el elevado número de paisanos desaparecidos.
Delincuentes y policías aprovecharon los vacíos que provocaron la impunidad y se dispusieron a trabajar en equipo. Por eso mismo, fue difícil saber que decenas de pasajeros fueron asesinados y sus cadáveres terminaron en fosas clandestinas. La complicidad entre asesinos y policías funcionó a la perfección. En cada delito, de esos que hacen historia, siempre aparece un policía federal, estatal o municipal. Los hechos sangrientos no se conocían fuera de ese ámbito local. Era necesario olvidar lo ocurrido con los migrantes. Sin embargo, se olvidaron de llegar al fondo del caso y “Los Zetas” decidieron continuar con las masacres.
Por otra parte, hoy decenas de hogares se encuentran de luto por la ineptitud u omisión de las autoridades tamaulipecas que dejaron crecer la violencia. Y lo que ocurre en esta entidad, es lo mismo que se registra en Nuevo León, Chihuahua, Morelos, Michoacán y Sinaloa, por citar algunos estados. Por eso, las autoridades federales se preguntan sobre la responsabilidad y compromiso de los gobernadores en la lucha contra el crimen organizado. Y no hay respuesta alguna. Los mandatarios estatales surgidos de diferentes partidos políticos reflejan la incapacidad para proporcionar tranquilidad a sus gobernados. Se podría decir que se trata de gobiernos fracasados que poco o nada les importa combatir a la narcodelincuencia.
En Tamaulipas, la orgía de muerte continuará porque en ese estado se moviliza el cártel de “Los Zetas”, el más sanguinario de las organizaciones criminales que operan en México, dirigido por Humberto Lazcano “El Lazca”, quien es dueño de vida y haciendas. La ausencia del gobernador Egidio Torre Cantú es notoria. Su apagafuegos, el secretario general de Gobierno, Morelos Jaime Canseco, un antiguo político rehabilitado, no puede con el paquete. Es el funcionario que da la cara ante la ineptitud del gobernador, quien llegó a su cargo, debido a la muerte de su hermano Rodolfo a manos del crimen organizado. El mencionado Egidio fue improvisado como candidato para no perder el posicionamiento que traía el sacrificado. Así, no iban a funcionar las cosas.
El vacío de autoridad en aquel estado es igual al que se registra en Chihuahua y Morelos. En el primero se trata de César Duarte, gobernador priísta y en el segundo un panista, Marco Antonio Adame. En la entidad fronteriza, de plano, la delincuencia se apropió del territorio y gobierna a sus anchas en lo poco que queda de habitantes, pues son miles los que abandonaron sus casas y tierras por temor a ser víctimas de los delincuentes.
En Morelos, el cargo de gobernador le quedó muy grande a Marco Antonio Adame. Desde su antecesor, Sergio Estrada Cajigal, a la entidad empezaron a llegar los cárteles de la droga. Los escándalos por las presuntas relaciones entre funcionarios y capos eran temas constantes en los medios de información. Las acciones de las autoridades no pudieron evitar que la delincuencia organizada se apropiara de ese territorio cercano al Distrito Federal. Por su parte, el actual mandatario, tampoco fue capaz frenar la ola de violencia propiciada por los sicarios del narcotráfico.
Hace unos días, un joven, Juan Francisco, hijo del poeta y periodista, Javier Sicilia, fue asesinado por integrantes del cártel del Pacífico, según declaró uno de los detenidos implicados en el caso. El padre de la víctima procedió a convocar a una lucha por la justicia y la paz. Y sin darle vueltas al tema, Javier Sicilia, planteó lo siguiente: “Los más de mil crímenes sin resolver (…) me hacen a nombre de la dignidad ciudadana, exigirle a Marco Antonio Adame, gobernador de Morelos, a Miguel Angel Rabadán, presidente municipal de Jiutepec, a Nereo Bandera Zavaleta, alcalde de Temixco, a Manuel Martínez Garrigós, edil de Cuernavaca, a los integrantes del Congreso local, que renuncien inmediatamente a sus cargos”. (“La Jornada”, 15 de abril-2011). Desde luego, será difícil que el mandatario morelense deje el hueso, cuenta con el apoyo de las autoridades panistas federales y es miembro del exclusivo grupo yunquista de extrema derecha del Partido Acción Nacional.
Así pues, el panorama es sombrío. En la guerra contra el crimen organizado no se nota ni la más mínima posibilidad de derrotar al enemigo. La estrategia planteada para el combate a la narcodelincuencia no da frutos, porque, entre otras cosas, son los gobernadores quienes se niegan a poner el empeño necesario para vencer a los enemigos.