Imparables, crímenes contra activistas ambientales
Luis Muñoz miércoles 21, Abr 2021Segunda vuelta
Luis Muñoz
Mientras en otras regiones del mundo hacen su mayor esfuerzo por mejorar la situación, en México no se está tomando con seriedad la crisis mundial sobre el medio ambiente, señalan académicos e investigadores que ven con preocupación lo que está sucediendo en vísperas de la esperada nueva cumbre del clima del próximo mes de noviembre de 2021.
En la primera edición del Índice de Impunidad Ambiental, presentado por la Universidad de las Américas Puebla, revela que en nuestro país ningún estado ha sido capaz de terminar con los crímenes contra activistas o la degradación ambiental, situación que se debe, en parte, a la falta de capacidad institucional.
Por otra parte, pese a ninguna entidad está haciendo las cosas bien, Colima resultó el peor calificado en materia de impunidad ambiental. En esta calificación, el valor máximo es de 4 puntos. Ninguna entidad alcanzó ese puntaje. El promedio nacional de impunidad ambiental es de 1.93.
Así las cosas, el estado peor calificado es Colima, con 1.59 puntos, lo que equivale a un nivel muy alto de impunidad ambiental…
A esta entidad le siguen: Sinaloa (1.71 puntos), Yucatán (1.72), Tlaxcala (1.73), Zacatecas (1.75), Michoacán (1.76) y Tabasco (1.77). La calificación de estos estados los ubica en el grupo de “alto nivel de impunidad ambiental”.
El informe, al que Infobae México tuvo acceso anticipado, da a conocer los siguientes datos:
Durante 2020 fueron asesinados 18 activistas y defensores del medio ambiente, según el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). El total de agresiones, por otro lado, fue de 90. Sin embargo, la cifra de personas asesinadas en su labor de defender la tierra no es la única dimensión de esta tragedia.
Según el Índice Global de Impunidad Ambiental (IGI-Ambiental) 2020, las injusticias ambientales son muchas, y ningún estado de la República Mexicana se salva.
Cita que el asesinato de activistas y defensores del medio ambiente, muchas y muchos de los cuales pertenecen a comunidades indígenas, representa mucho más allá de un delito.
Estas heridas “impactan directamente en la vida de las comunidades y pueblos indígenas que quieren proteger sus ecosistemas, contener el saqueo de recursos naturales o evitar proyectos de desarrollo económico que involucren daño ambiental”.
Junto a la marca del duelo en las comunidades de donde son arrebatados las y los activistas, víctimas del crimen organizado y megaproyectos puestos en marcha sin consultar a los pueblos, permanece la impunidad como un rasgo común entre este tipo de delitos.
En las cifras que recoge se da a entender cómo el dolor del crimen sin resolver se extiende más allá de las pérdidas humanas; además de lidiar con el vacío que permanece tras la muerte, se enfrentan a la herida creciente del despojo en sus territorios y costumbres.
Observa que para que exista la impunidad ambiental, debe de haber un delito ambiental y una incapacidad institucional para impartir justicia ambiental. Por lo tanto, la injusticia ambiental comprende desde el perjuicio a los ecosistemas, las amenazas y violencia hacia activistas, las violaciones al derecho humano de un medio ambiente sano, las actividades de organizaciones criminales y, en algunos casos, sus vínculos con empresas transnacionales, la explotación de recursos por parte de grandes compañías (nacionales o privadas) y la corrupción.
Daño irreparable al ecosistema
Como una muestra de lo que sucede en el país, la diputada
Karem Zobeida Vargas Pelayo (del PRD) planteó tipificar en el Código Penal Federal el delito de ecocidio y sancionarlo de dos y hasta diez años de prisión.
En la iniciativa se considera “ecocidio” el daño irreparable y la destrucción de un ecosistema por causas directamente relacionadas con la actividad humana o derivadas de la misma.
Explica que el objetivo es generar mayor certeza sobre los procesos judiciales que se lleven a cabo por parte de la autoridad competente y la necesidad de brindar herramientas jurídicas que mejoren los marcos normativos que se tienen en materia de delitos ambientales y que son de alta incidencia en nuestro país, sobre todo en los procesos de obras y proyectos que devastan los ecosistemas y el hábitat de nuestras regiones.
Menciona que México es uno de los países en el mundo que cuenta con una gran biodiversidad por su ubicación geográfica, existe una gran cantidad de ecosistemas que pertenecen a todo tipo de climas y de flora y fauna.
Sin embargo, reconoce, las actividades humanas son una de las principales amenazas cuando se trata de ecosistemas y equilibrio ecológico y en México se han documentado cientos de ecocidios, de los cuales una pequeña proporción ha sido castigada debido a la impunidad y la falta de elementos jurídicos que permitan tener claridad sobre delitos ambientales.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Justicia, modifica el nombre del Capítulo Quinto del Título Vigésimo Quinto, adiciona un primer párrafo, recorriendo los subsecuentes y una fracción I, recorriendo las subsecuentes, del artículo 421 del Código Penal Federal.
