Viola derechos humanos el Registro de Usuarios de Telefonía Móvil
Luis Muñoz jueves 15, Abr 2021Segunda vuelta
Luis Muñoz
La reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para recrear el Registro de Usuarios de Telefonía Móvil, aprobada este martes en la Cámara de Senadores es, para los integrantes de la Coparmex de la CDMX, “una señal de riesgo que enfrentan los valores democráticos del país; representa una amenaza a los datos personales de la ciudadanía y viola diversos preceptos constitucionales”.
El proyecto, que se aprobó con 54 votos a favor, 49 en contra y 10 abstenciones, busca frenar los delitos como la extorsión y secuestros que, en muchos casos, se cometen con la utilización de teléfonos celulares, argumentó el Senado de la República.
Empero, para el presidente de la Coparmex, Armando Zúñiga Salinas, preocupa porque el Registro de Usuarios aprobado repite los errores cometidos en regulaciones previas con las mismas características las cuales, lejos de combatir la inseguridad y la extorsión telefónica, generaron más riesgos para la ciudadanía y derivaron en el aumento de esos y otros delitos nuevos derivados de las disposiciones del Registro.
Recordemos lo que sucedió con el famoso Renave, un instrumento a cargo del gobierno de México, creado bajo la presidencia de Ernesto Zedillo mediante la llamada “Ley del Registro Nacional de Vehículos”.
El Renave tendría una base de datos (propiedad del gobierno federal) que contuviera las características físicas y legales de cada vehículo que fuera fabricado, importado o en circulación dentro del territorio mexicano a fin de contener la desmedida importación de automóviles y/o el robo de los mismos.
Además, las autoridades fiscales deberían exigir la inscripción de cada vehículo al momento del pago de los impuestos federales relacionados con este.
Al final terminó en fracaso debido a los riesgos que implicaba.
Por la misma razón, porque supone un riesgo, en la Coparmex capitalina lamentaron que la mayoría de las y los senadores desatendieron las razones técnicas, jurídicas y económicas expuestas por los especialistas y sus compañeros legisladores, quienes han señalado reiteradamente que el Registro de Usuarios de Telefonía en los términos en los que fue planteado “viola los derechos humanos de los usuarios”.
Explicó Zúñiga Salinas:
¬ Viola el principio de presunción de inocencia al asumir que la persona responsable de una línea registrada, automáticamente será responsable por cualquier delito asociado a un número que podría ser utilizado por cualquier persona.
¬ La creación de un registro cuyo manejo será altamente sensible por la naturaleza de los datos biométricos que contendrá, cualquier filtración o acceso no autorizado representaría una seria violación a la privacidad de la ciudadanía de forma irreversible y que podría poner en riesgo incluso su patrimonio por ser información que se utiliza para proteger su acceso a cuentas bancarias y sistemas financieros.
¬ Limita el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos, al limitar su capacidad de comunicarse por tratarse de una política orientada al control y vigilancia de la población.
¬ Incrementa la brecha digital y limita el acceso a la comunicación de grupos vulnerables y marginados, al imponer nuevas barreras al acceso de líneas telefónicas y ordenar la cancelación de las líneas cuyos usuarios no se registren.
¬ Atenta contra el mandato constitucional de que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sin mandato escrito de una autoridad competente, y representa una violación al mandato de los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Comunicaciones que obliga a los operadores de telecomunicaciones a colaborar con las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia y proporcionar diversa información de los usuarios de telecomunicaciones, previo mandamiento por escrito, fundado y motivado de la autoridad competente.
¬ Viola la irretroactividad de la Ley, sancionando a usuarios a acatar normas que no estaban vigentes en la fecha de la contratación de su servicio bajo la pena de cancelar su línea telefónica.
La adopción de este tipo de medidas, no son dignas de un gobierno democrático y plural, y sólo pueden ser interpretadas como una nueva señal del riesgo que enfrentan los valores democráticos en nuestro país.
Por eso desde el Centro Empresarial de la Ciudad de México hacen un llamado al Poder Ejecutivo para que revise con cuidado el proyecto y sus implicaciones antes de publicarlo en el Diario Oficial.
