En vigor, el intento de unir la consulta popular con elecciones
Miguel Ángel Rivera jueves 29, Oct 2020Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Todavía en una fecha ajena a las elecciones del año venidero, ayer miércoles entró en vigor la norma que aprueba una consulta popular para determinar si se juzga a funcionarios de gobiernos anteriores.
Originalmente, la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador tenía como propósito preguntar a los ciudadanos si se juzgaba solo a los ex presidentes de los últimos 30 años,
Originalmente el pasado 15 de septiembre, el presidente envió a la Suprema Corte de Justicia, por conducto del Senado, la siguiente pregunta:
“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investigue y en su caso sancione la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.
Después de dictaminar que la consulta es constitucional, los ministros del máximo tribunal del país decidieron cambiar la pregunta, de modo que quedó de la siguiente manera:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional, y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las probables víctimas?”.
Los ministros quedaron como el cohetero, todo el mundo protestó a chiflidos. Unos por considerar que se sometieron a la voluntad presidencial al declarar constitucional la consulta y el resto porque al modificar la pregunta le quitaron toda sustancia a la tan promovida consulta popular desde Palacio Nacional, pues la intención del actual primer mandatario es la de poner en picota a los ex presidentes para generar un disgusto general que supuestamente se traducirá en votos a favor de su partido, Morena, en las concurridas elecciones del años venidero en las cuales diez partidos se disputarán más de 21 mil cargos de representación popular.
La intención de López Obrador se diluyó por el referido cambio en la pregunta, pero sobre todo porque la consulta popular está programada para agosto de 2021, dos meses después de las elecciones constitucionales.
Sin embargo, el intento de influir en los votantes no se ha desechado y la prueba es la publicación de las reformas para convocar a la consulta popular.
Como complemento, en las cámaras del Congreso de la Unión, los legisladores de Morena y sus aliados del PT, PES y PVEM ya tienen lista una iniciativa de reforma a la Carta Magna para complacer los deseos de López Obrador y lograr que la consulta popular se realice al mismo tiempo que las votaciones constitucionales.
La mencionada alianza mayoritaria tiene de hecho la mayoría calificada de diputados y senadores para aprobar las reformas constitucionales aunque la pregunta aprobada por la Suprema Corte ya no se refiera exclusivamente a los ex presidentes. Con un poco de ingenio, la propaganda convencerá a los electores de que el propósito central es llevar a la cárcel a Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña y así se inducirán los sufragios a favor de los candidatos del partido del gobierno y sus aliados o rémoras.
Pero no bastará la reforma en el Congreso. Seguramente este asunto volverá a ser puesto a la consideración de la Suprema Corte de Justicia, pues los actuales mandatos de la Constitución General de la República y leyes reglamentarias establecen que no se podrá aplicar en las siguientes elecciones reformas que hayan sido aprobadas cuando el proceso electoral ya está en marcha.
Al respecto, cabe recordar que el proceso electoral 2020-2021 ya se inició desde el pasado mes de septiembre. En consecuencia, cualquier reforma relativa a las elecciones sólo podrá ser aplicada en los siguientes comicios, los de 2024.
De cualquier forma, en las filas de la llamada Cuarta Transformación quedará la satisfacción de que “no hay peor lucha que la que no se hace”.
Oficialmente, Mario Delgado y Citlalli Hernández son dirigentes de Morena
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) registrar a Mario Martín Delgado Carrillo, como presidente y a Minerva Citlalli Hernández Mora, como secretaria general del CEN de Morena.
En paralelo se informó que el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, que se desempeñó como presidente provisional desde el 27 de enero, cuando lo nombró el VI Congreso Nacional Extraordinario de su partido, regresará a su curul.
El dictamen de los magistrados electorales responde a un comunicado del pasado día 24 enviado por el secretario técnico de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, para informar del cumplimiento de la sentencia del pasado 20 de agosto que ordenó al INE organizar las encuestas para decidir quiénes serán los nuevos dirigentes del partido en el gobierno.
Este mandato del Tribunal Electoral federal fue necesario por los permanentes desacuerdos dentro de las filas de Morena que impidieron organizar unas elecciones que fueran aceptables para todas sus corrientes internas.
Durante ese periodo de inestabilidad de casi dos años de duración, la secretaria general Yeidckol Polevnsky desempeñó las funciones de presidenta, hasta que el mencionado Congreso decidió darle la posición a Ramírez Cuéllar, quien recibió el mandato de convocar a elecciones en un periodo de cuatro meses.
Las resistencias internas se manifestaron desde el primer momento y el ex dirigente del movimiento El Barzón no pudo cumplir su encomienda, por lo que el Tribunal Electoral tuvo que entrar a poner orden y ordenó realizar encuestas para elegir a los nuevos dirigentes, decisión que fue protestada porque el método de encuestas no está previsto en los estatutos de Morena, pero sí respondió a una sugerencia del fundador, líder y guía de ese instituto político, el presidente López Obrador.
En realidad los desacuerdos internos no han cesado a pesar de la intervención del INE y del TEPJF.
Las inconformidades las encabeza el ex presidente de la Cámara de Diputados y ex de otros muchos cargos políticos y administrativos, Porfirio Muñoz Ledo, quien no está de acuerdo con los resultados de las encuestas, pues en las dos primeras ordenadas por los consejeros electorales él apareció en primer término, pero fue superado en la tercera y definitiva por Mario Delgado Carrillo, quien según los rumores dentro del partido tenía desde el inicio del proceso el beneplácito presidencial.
El que también resultará afectado es Ramírez Cuéllar, quien para desempeñar el cargo de presidente interino tuvo que pedir licencia a la Cámara de Diputados, en donde tenía el influyente cargo de presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que ahora desempeña Erasmo González Robledo.
En su momento, se informó que González Robledo, fue elegido por sus compañeros de la bancada de Morena “de manera temporal y emergente” nuevo presidente de la Comisión de Presupuesto.
A pesar de esa salvedad, en estos momentos resulta difícil devolver el control a Ramírez Cuéllar, pues la referida Comisión de Presupuesto se declaró en sesión permanente, pues tiene la difícil tarea de aprobar el presupuesto federal para 2021 y el plazo es muy corto, pues tiene como fecha límite el día 15 del inminente noviembre.
Mientras tanto, en el Senado se aprobó otra conflictiva reforma, la cual concede a la Secretaría de Marina el control casi total sobre la Marina Mercante, al ampliar sus facultades para dirigir la educación naval militar y la educación náutica mercante.
El proyecto de decreto reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos; y de la Ley de Puertos fue aprobado por 70 votos a favor contra 26 del Bloque Opositor, integrado por el PAN, PRI y MC, a quienes se sumó la senadora del PVEM, Alejandra Lagunes Soto Ruiz.
Esta reforma ha generado protestas en diversas partes del país, de miembros de la Marina Mercante, que se oponen a la militarización de esta actividad, por considerar que con ello México va hacia un régimen fascista.
