Se cae la denuncia judicial, pero se mantiene ajusticiamiento mediático
Miguel Ángel Rivera jueves 20, Ago 2020Clase Política
Miguel Ángel Rivera
De manera universal se considera que uno de los factores que limitan la posibilidad de aplicar la justicia es la impunidad. Si no se castiga a los delincuentes no tiene caso investigar ni perseguir a los presuntos delincuentes.
En este contexto, tal vez la única excepción de encuentra en el terreno político.
Como hemos atestiguado en los últimos días, a partir de la captura del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin, no se necesita una sentencia de un juez para calificar de delincuentes a políticos que se presume recibieron sobornos, bien para favorecer una candidatura presidencial o para votar a favor de reformas llamadas estructurales.
En este y otros casos similares, lo que importa es la imagen -difundida por los medios de comunicación tradicionales o por las redes sociales- en la que aparecen los presuntos responsables al recibir grandes cantidades de dinero, sin importar la procedencia del mismo ni quién lo proporcionó, ni mucho menos cuál fue su destino.
Si se tratara de hacer justicia y de hacer pagar conforme a la ley a los presuntos responsables, se tendría que justificar que cometieron ilícitos y descubrir los procedimientos ilegales en que incurrieron.
Desgraciadamente, en los casos estrechamente vinculados de los sobornos atribuidos a directivos de la trasnacional brasileña Odebrecht y las negociaciones irregulares para la compra, de parte de Pemex, de una planta de fertilizantes prácticamente inútil, las denuncias preparadas por la Fiscalía General de la República parecen perder efecto en vez de consolidarse y, por lo mismo, los inculpados pronto podrían quedar libres de toda culpa. Otra vez, la impunidad se impondría.
No se trata sólo de especulaciones. Desde un principio, juristas advirtieron que el presunto delito de financiamiento de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto con recursos ajenos al financiamiento oficial ya prescribió y, otra vez, vale insistir que las grabaciones o videos sin previa autorización de un juez no tienen validez en un juicio.
A todo lo anterior, se suma la sentencia de un juzgado federal que ordena cancelar la orden de aprehensión librada contra el presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, debido a que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita del cual lo acusó la Fiscalía General de la República ya prescribió, es decir, a pesar de existir indicios en su contra de un presunto delito derivado del caso Agro Nitrogenados.
Decíamos que este caso está estrechamente vinculado con la situación jurídica del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, pues además de los supuestos sobornos de Odebrecht y su empleo para financiar una campaña presidencial, se le responsabiliza de la compra a sobreprecio de la planta de fertilizantes Nitrogenados que era propiedad de Altos Hornos de México, la empresa bandera del consorcio que encabezaba el empresario Ancira.
La sentencia a favor de Ancira tiene algunos puntos débiles, como el hecho de que no es responsabilidad del titular de un juzgado, sino de un secretario en funciones de juez federal.
El fallo es responsabilidad del secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Chiapas, encargado del despacho, Amós José Olivera Sánchez, quien concedió el amparo a Alonso Ancira, actualmente en España, sujeto a un proceso de extradición que enfrenta en libertad gracias a una fianza millonaria.
La sentencia fue impugnada por la Fiscalía General de la República, la cual tendrá que esperar entre tres o cuatro meses para conocer si un Tribunal Colegiado confirma, revoca o modifica la sentencia del juez.
Por lo pronto, la resolución del juzgado de distrito ordena al juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al reclusorio Norte, en la Ciudad de México, que cancele la orden de captura por haberse extinguido la acción penal del “hecho con apariencia del delito” de operaciones con recursos de procedencia ilícita previsto y sancionado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal en la causa penal 211/2019, que es la misma por la cual se vinculó a proceso a Lozoya Austin.
Otro aspecto de este juicio que está por determinarse es la propiedad de la residencia ubicada en la calle de Ladera, número exterior 20, número interior 11, colonia Residencial La Retama, en Lomas de Bezares, alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México, la cual Lozoya Austin reconoce que fue adquirida con una transferencia de dinero a cargo del empresario Alonso Ancira, presuntamente como parte de la irregular transacción en torno a la compra de Nitrogenados por parte de Pemex.
Aunque todavía faltan aspectos por definirse de este juicio, ese inmueble ya está considerado como propiedad del gobierno federal e inclusive se le tiene previsto para ser incluido en uno de los remates del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (IDEP). El titular de ese organismo, Ricardo Rodríguez Vargas, informó que la casa, con valor de al menos 30 millones de pesos, será subastada.
Las denuncias de Lozoya valen lo mismo que su prestigio, nada, asegura gobernador de Querétaro
“El señor Emilio Lozoya ha pretendido involucrarme, con una bajeza inaudita, en actos de corrupción. Ha aportado sus dichos que valen lo que su prestigio: nada”, aseguró ante el presidente López Obrador el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién.
Al participar en la conferencia mañanera del primer mandatario, que ayer fue en la capital de Querétaro, Domínguez insistió que en las acusaciones en su contra “hay intención política” pues, dijo, van dirigidas contra un gobernador de oposición “bien calificado”.
“No se puede creer en la palabra de un delincuente confeso, yo doy la cara aquí y ante la autoridad, no busco protección a cambio de inventar falsedades”, añadió el gobernante de origen panista, al arranque de una jornada que se caracterizó por dejar evidencia de las diferencias entre el gobierno de la llamada Cuarta Transformación y las autoridades de una buena parte de los gobiernos estatales.
El mandatario de Querétaro recordó que siempre apoyó la reforma energética, por “convicción”, por lo cual no podrían haber comprado su voto, ya que “nadie compra lo que ya se tiene”. Aseguró haber sido el encargado de presentar la reforma a diputados y senadores a nombre de su partido.
No fue la única protesta. En la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, efectuada en la capital de San Luis Potosí, a donde se trasladó el presidente López Obrador, luego de Querétaro, el gobernador de Tamaulipas, también del PAN, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusó a Ricardo Peralta, subsecretario de Gobernación, de haberse reunido durante una visita que realizó a esa entidad, con criminales del grupo “La Columna Armada”.
“Quiero señalar que el subsecretario Ricardo Peralta estuvo en Tamaulipas y se reunió con integrantes de una organización criminal denominada ‘La Columna Armada’, delincuentes que cuentan con órdenes de aprehensión no solamente de la Fiscalía local, sino también por parte de la FGR”, sostuvo el gobernante tamaulipeco en el encuentro en que, en principio, sólo estuvieron integrantes del gabinete federal.
Aseguró que, un día antes de su llegada a Tamaulipas, Peralta fue advertido de las personas con las que se iba a reunir, pero a pesar de ello “se juntó con esta gente que tenía orden de aprehensión”. Ahí no intervino el Ejército mexicano ni la policía estatal para darle apoyo. Simplemente, en los perímetros, fue escoltado por la Policía Federal. Él tenía pleno conocimiento que estaba tratando con criminales, asesinos parte del crimen organizado, reiteró el mandatario.
Al que no le gusta la sopa, doble ración
No fueron los únicos desencuentros. Los llamados “nueve federalistas”, gobernadores de otros tantos estados Aguascalientes, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas, insistieron en su reclamo por lo que consideran uso faccioso del poder público federal e ineficacia en la administración.
La obvia intención de sus reclamos es obtener más recursos para sus entidades, pero conforme a su política de austeridad, el gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda, respondió de manera negativa.
De hecho no habrá aumentos. Por el contrario, Hacienda anunció más recortes.
