Difusión de videos cumple con desarmar a oposición
Miguel Ángel Rivera miércoles 19, Ago 2020Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Ya se aprecia con claridad que el propósito de dar a conocer los videos con el reparto al parecer ilegal de grandes cantidades de dinero entre políticos de diversos partidos no tiene como fin hacer justicia, sino que se trata simplemente de una venganza dirigida contra enemigos del régimen de la llamada Cuarta Transformación.
Esto porque, como se apuntaba en anteriores comentarios, los principales presuntos delitos -como el financiamiento ilegal de la campaña presidencial de 2012- ya prescribieron y un video grabado sin la previa autorización de un juez no sirve como prueba.
En efecto, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fede, antes Fepade) confirmó que las supuestas irregularidades en 2012 ya no pueden ser perseguidas, pues los delitos denunciados tienen una antigüedad mayor a cinco años, que es el plazo que marca la ley. La propia dependencia indicó que se mantienen abiertas las averiguaciones en torno a posibles delitos electorales cometidos entre los años 2014 y 2015.
Lo importante, en consecuencia, es la difusión misma de los videos -se espera que en breve aparezcan varios o muchos más- y en eso quienes planearon el golpe mediático resultaron muy atinados por el momento político que vive el país.
Como se puede apreciar en redes sociales, la respuesta popular el mayoritariamente de condena a los acusados. Ya no se necesita la sentencia de un juez, basta con la difusión de los aparentes delitos en los medios de comunicación, como lo solicitó el presidente Andrés Manuel López Obrador, que además ha logrado que disminuya la presión sobre su gobierno por el elevado número de contagiados y muertos por la pandemia de Covid-19, ni tampoco por la crisis económica exacerbada por el fenómeno sanitario, pero iniciada desde antes de que llegara el virus a territorio nacional.
El impacto político de los videos de denuncia se podrá apreciar hoy mismo, cuando el presidente López Obrador amanezca en Querétaro, desde donde encabezará su tradicional conferencia de prensa mañanera y seguramente tendrá a su lado al gobernador Francisco Domínguez Servién, surgido del PAN, quien aparecerá muy disminuido, pues aunque ha alegado inocencia y despidió a su secretario particular, Guillermo Gutiérrez Badillo -quien aparece en el video de la entrega subrepticia de gran cantidad de billetes- está virtualmente condenado.
Luego, el primer mandatario se dirigirá a la cercana ciudad de San Luis Potosí, donde acompañado por su gabinete, participará en un encuentro de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), a la que se anuncia la participación de los mandatarios de las 32 entidades federativas. Inicialmente se presumía que sería una reunión no muy amistosa, pero a partir de la difusión del multimencionado video comprometedor el panorama ha variado pues la resistencia frente al gobierno federal tenía como uno de sus puntos fuerte al grupo integrado por los gobernadores del PAN (GOAN), entre los que son figuras sobresalientes el mencionado Domínguez y el tamaulipeco Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que también era senador.
El intento de defensa de parte del PAN
En las denuncias de supuestos actos de corrupción, además de los gobernadores citados se menciona a otros prominentes miembros del PAN -algunos de los cuales ya salieron de ese partido- encabezados por quien fuera dirigente nacional y candidato presidencial de ese partido, el también queretano Ricardo Anaya.
Por eso no resulta sorpresa que fuese el PAN el que tomara la iniciativa de tratar de contrarrestar daños y diluir en lo posible el impacto del video de denuncia que tanto escándalo ha generado.
A partir del hecho de que nadie se responsabiliza de la paternidad del video incriminatorio, la todavía presidenta de la Cámara de Diputados -cesará en funciones el último día del presente mes- Laura Rojas y su compañero de cámara, Éctor Jaime Ramírez y la senadora Xóchitl Gálvez presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Formalmente es una demanda para que se investigue la probable comisión del delito de lavado de dinero y otros ilícitos y se cite en particular a Rafael Caraveo y Guillermo Gutiérrez, los dos ex funcionarios del Senado que aparecen en el video y que estuvieron ligados a la bancada del PAN, pero también se presume que se intenta dar un poco vuelta al asunto, pues la Fiscalía estaría obligada a averiguar quiénes son los responsables de difundir un video sin autorización de un juez, lo cual también es un acto ilegal.
El párrafo noveno del artículo 16 constitucional establece: “Las comunicaciones privadas son inviolables. La Ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente, por escrito, deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor”.
Como sea, la senadora Xóchitl Gálvez pidió esclarecer los hechos y determinar cualquier responsabilidad “caiga quien caiga”. “Lo que nosotros estamos pidiendo, para no hacer especulaciones, es que se investigue y que se sepa”, precisó.
Además, la legisladora panista censuró la actuación del presidente López Obrador, quien llamó a difundir los videos, lo cual violenta el debido proceso en el caso de Emilio Lozoya.
“Lo que hace el Presidente no ayuda mucho, porque en su ánimo de revancha y de odio al PAN, no busca hacer justicia, porque si buscara hacer justicia tendría la prudencia, la paciencia, para que sean las instancias, de acuerdo al debido proceso, las que investiguen y castiguen”, dijo.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, afirmó que la presentación de la denuncia es un acto de congruencia en representación de muchos panistas y al mismo tiempo ataja cualquier intención de darle uso político a la videograbación. “Con esto estamos atajando que se utilice esto políticamente por parte de quien así lo quiera utilizar, y por eso es que el día de hoy estamos presentando esta denuncia ante la FGR”, declaró.
Se abre un resquicio a favor de Rosario Robles
El caso de las delaciones por cuenta del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), pero sobre todo el buen trato que ha recibido Emilio Lozoya Austin de parte de las autoridades mexicanas parece beneficiar indirectamente a la ex secretaria de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles Berlanga, acusada de delitos menos graves pero que, sin embargo, lleva más de un año presa por la sola presunción de que se puede fugar.
El fondo como ya hemos dicho son otros videos de supuestos actos de corrupción a cargo del empresario argentino-mexicano Carlos Ahumada, que exhibió a René Bejarano y Carlos Imaz, quienes colaboraban en el gobierno del entonces Distrito Federal durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador. Rosario Robles tuvo una relación sentimental con Ahumada.
Luego de varias solicitudes frustradas para llevar su juicio en libertad, al fin una jueza federal otorgó una suspensión provisional a la ex funcionaria, decisión que abre nuevamente un resquicio por el cual se puede colar Robles para obtener al menos una reclusión domiciliaria como de la que goza Lozoya Austin.
En su acuerdo, la titular del juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, María Dolores Núñez Solorio, decidió que la audiencia que podría ser definitiva se efectúe el próximo 9 de septiembre, fecha en que anunciará si concede o no el amparo definitivo.
Claro, en caso de concederse la suspensión definitiva, el Ministerio Público se puede inconformar y demandar que la inculpada permanezca en reclusión, pero muchos analistas estiman que esto no ocurrirá, pues daría mayor ocasión para que prevalezca la versión de que más que un acto de justicia, el juicio y sobre todo, el encarcelamiento de Rosario Robles es sólo un acto de venganza.
