Tecnología, “barrera” de pueblos indígenas
Luis Muñoz viernes 14, Ago 2020Segunda vuelta
Luis Muñoz
Diputadas y diputados que integran la Comisión Permanente del Congreso local solicitaron al Tribunal Electoral que, de manera inmediata, resuelva los juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, presentados en contra de la continuidad y realización de las Asambleas Ciudadanas virtuales de pueblos y barrios originarios, organizadas por el Instituto Electoral capitalino.
La razón de esta solicitud se debe a que “el uso de tecnologías no es admisible para realizar consultas entre estas comunidades, pues la mayoría son adultos mayores, con una barrera generacional que les impide el uso apropiado de computadoras”, dijo el diputado Martín Padilla.
A nombre de la legisladora Donají Olivera Reyes, del grupo parlamentario de Morena, Padilla Sánchez recordó que el 28 de febrero del año pasado, el Consejo General del IECM aprobó el protocolo de consulta a pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la capital, en materia electoral y de participación ciudadana, a fin de realizar Asambleas Ciudadanas virtuales para consultarles la nueva delimitación de circunscripciones para la elección de concejales para el próximo proceso electoral 2020-2021.
Las Asambleas virtuales se efectuaron del 15 al 27 de julio del presente año en las 16 alcaldías, en las cuales se dio a conocer la forma en que se dividirán los territorios para las circunscripciones correspondientes, y que durante las mismas, las autoridades tradicionales señalaron su descontento a causa de la nula o escasa participación de las mismas autoridades, para quienes estaban dirigidas estas reuniones.
De tal suerte, que existe inconformidad por la ausencia de autoridades tradicionales reconocidas y la intromisión de personas que no son autoridades de pueblos y barrios, por la falta de divulgación de estas asambleas entre las comunidades, y por considerar que el uso de las tecnologías no es admisible por la dificulta para el uso adecuado de computadoras, teléfonos inteligentes e incluso teléfonos fijos.
Las asambleas, según señaló el diputado Padilla Sánchez, se llevarán a cabo del 12 al 21 de agosto, para determinar el escenario final para la conformación de las circunscripciones rumbo a la elección de concejales para el próximo periodo electoral 2020-2021.
En contra de la propuesta, el diputado Diego Garrido López (PAN) argumentó que es indebido que el Poder Legislativo intervenga en asuntos que son jurisdicción del Tribunal Electoral, que es un órgano que tiene autonomía, por atentar contra la división y el equilibrio de Poderes.
En el mismo sentido, el diputado Jorge Gaviño Ambriz (PRD) se manifestó en contra de la actual Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, que a diferencia de la anterior no fue aprobada por unanimidad de votos, e indicó que ésta, antes de un año de ser aprobada, ya sufrió modificaciones, para suspender el Presupuesto Participativo, y criticó que ahora se presione al Tribunal Electoral para que resuelva temas pendientes originados por errores legislativos.
Incentivos fiscales para recuperar empleos
Sólo será posible fortalecer la apertura de nuevas empresas en la Ciudad de México mediante incentivos fiscales que el gobierno facilite para que puedan constituirse y crear empleos, destacó la diputada local Patricia Báez Guerrero.
La legisladora presentó una iniciativa de reformas el Código Fiscal local y de acuerdo a dicho documento, la pandemia no sólo afectó al sistema de salud pública, sino que generó problemas económicos, mismos que pueden derivar en problemas sociales.
La iniciativa del PAN propone disminuir la tasa impositiva por el Impuesto sobre Nómina, en aquellos pequeños centros de trabajo que inician operaciones, pasando el descuento máximo del 70 al 90 por ciento.
Considera la legisladora que con ello habría un incentivo para que las personas sin actividad productiva abran un negocio que les garantice el empleo, junto con más personas, sin que deban saltar al sector informal.
En la iniciativa detalla que las empresas que anualmente puedan acreditar incrementos de por lo menos 25% su planta laboral, e inicien operaciones, tendrán derecho a una reducción equivalente al 20 y 45 por ciento respectivamente, por el pago del Impuesto sobre Nómina. Esto aplicaría a partir del mes siguiente en que acrediten el incremento anual, y la reducción únicamente respecto de las erogaciones que se realicen en virtud del porcentaje adicional de empleos.
Báez Guerrero señaló que de no proporcionarse estos incentivos para mantener la formalidad en las nuevas cadenas productivas, se corre el riesgo de la consecuente disminución de empleos para la ciudad, aunado a que esta propuesta tiene como objetivo adicional recuperar a los contribuyentes perdidos por la pandemia.
