El show no termina
Freddy Sánchez jueves 30, Jul 2020Precios y desprecios
Freddy Sánchez
“ ¡ No me ayudes compadre ¡ ”…
Algo por el estilo podría decirle el presidente Andrés Manuel López Obrador al senador “morenista”, Ricardo Monreal, quien sumó más acusaciones a las del señor Lozoya, en supuestos actos de corrupción cometidos en época de Peña Nieto.
Y es que el legislador, prácticamente, le triplicó la tarea a realizar al gobierno de la Curta Trasformación, en el asunto de combatir “a todo vapor”, los actos de deshonestidad en los que aparentemente se involucraron otros personajes de la política en la administración anterior.
Por si los acusados de Lozoya, no fueran varios de alto peso, ya hay en la lista de sospechosos más involucrados en la corrupción en tiempos del señor Peña.
Ricardo Monreal aseguró que en relación con la aprobación de distintas reformas estructurales, (no nada más la energética), hubo presiones y conciliábulos que significaron “tratos en lo oscurito” de legisladores que se dejaron corromper, a cambio de su voto para apoyar la aprobación de distintas propuestas legislativas .
Las nuevas acusaciones, sumadas a las ya existentes, por el caso de Pemex y la empresa que supuestamente repartió sobornos para lograr beneficios económicos jugosos con la reforma energética, lógicamente representaran mayor grado de compromiso y dificultad al gobierno de Andrés Manuel, a fin de proceder penalmente en contra de los políticos y funcionarios bajo sospecha de corrupción.
Y es que no bastará formular acusaciones para conseguir el comienzo de procesos judiciales en torno a “distinguidos” hombres o mujeres, que hayan sido legisladores o funcionarios públicos, en la pasada administración o la anterior legislatura, sino que la aportación de pruebas será de fundamental importancia.
Los antecedentes en la aplicación de la justicia contra acusados de corrupción durante sus gestiones institucionales en pasadas administraciones públicas, no son precisamente el mejor ejemplo de que la justicia suele ser implacable e infalible contra los corruptos.
Más bien cabe imaginarse lo contrario, si consideramos que en distintos casos, quienes supuestamente serían procesados penalmente por sus corruptelas, si acaso fueron sujetos a proceso penal, en diversos procesos se dictaron sentencias absolutorias a favor de los indiciados.
Varios de los que fueron exhibidos como deshonestos, obligándolos a pasar varios o muchos meses en la cárcel, terminaron siendo exonerados.
De ahí que siendo más los expedientes indagatorios que se añaden a la lista de los políticos supuestamente malosos que deberán responder ante la ley de sus conductas inmorales, como es de suponerse, las dificultades a las que se enfrentarán las autoridades competentes para acreditar los delitos perseguidos, no sólo con acusaciones, sino evidencias irrefutables, se convierte en una tarea monumental que pocas veces, (o ninguna vez), se ha visto en la lucha contra la corrupción en México.
Así es que frente a la imperiosa necesidad de acreditar las culpas de los acusados, es menester que las autoridades se muestren escrupulosamente eficientes y de ninguna manera incurran en acusar por acusar sin tener las pruebas indispensables para sustentar sus acusaciones.
Estos no son tiempos propicios para usar la ley contra la corrupción política sólo con afanes de carácter electoral.
El “horno no está para bollos”, debido a las crudas e irreconciliables diferencias entre grupos políticos disputantes del poder.
De modo que hay que tener un buen sustento para las nuevas pesquisas judiciales, a manera de poder decir que en la lucha conta la corrupción sexenal del pasado reciente, están por emprenderse diversas acciones de alto impacto e irreprochablemente correctas que llevarán a prisión a figuras relevantes del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Y que, justamente por eso, el show no termina.
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