Pemex perdió casi 3 mil millones de pesos por día
Miguel Ángel Rivera miércoles 29, Jul 2020Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Al tiempo que se inició el espectáculo mediático del juicio al ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que su gobierno puede recuperar 200 millones de dólares de operaciones irregulares en esa empresa estatal, pero el gozo pronto se fue al pozo, pues al mismo tiempo se informó oficialmente que la petrolera perdió en el primer semestre del presente año 26,406 millones de dólares, 130 veces más de lo que se podría rescatar si se acepta el convenio.
La pérdida de Pemex, que para muchos especialistas está virtualmente quebrada y que sólo se salva por los recursos que periódicamente le suministra el gobierno federal, representa un aumento de 585.3, casi seis veces más de lo perdido en el mismo periodo de 2019, cuando el saldo rojo fue de 3,853 millones.
Al presentar su informe financiero, la petrolera estatal atribuyó los resultados a la “parálisis” de la actividad económica global por la crisis de coronavirus y la pérdida cambiaria por la depreciación del peso.
La compañía registró ingresos por un total de 20,277 millones de dólares, lo que representa una caída de 36.4 por ciento frente a la primera mitad del 2019. Al mismo tiempo, las ventas nacionales cayeron 38.3 por ciento hasta los 11,187 millones de dólares, mientras que las exportaciones disminuyeron 33.7 por ciento, con un total de 8,985 millones de dólares.
En el periodo de referencia, la producción de crudo promedió 1.7 millones de barriles diarios, un incremento del 1.9 por ciento en relación a igual periodo de 2019.
La producción de gas natural creció en 0.2 por ciento al situarse en 3,659 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd) sin contar el nitrógeno ni la producción de socios.
El reporte de Pemex señala que el rendimiento antes de impuestos y derechos (ebitda) representó una pérdida 22,744 millones de dólares.
Los pasivos de la petrolera, que incluyen deudas de corto y largo plazo, impuestos y derechos, así como pasivos laborales, ascienden a 191,537 millones de dólares, un 12.4 por ciento más, respecto al cierre de 2019, mientras que la deuda financiera total de Pemex ascendió a 107,153 millones de dólares, 24.1 por ciento más que la registrada a finales de 2019.
En vez de espectáculo, justicia y castigo a culpables
Las enormes cifras en torno a la industria petrolera hacen perder las proporciones, pero esto no hace olvidar que la demanda de que se haga justicia y se castigue a quienes resulten responsables.
Por ejemplo, si la enorme cifra de las pérdidas de Pemex se dividen entre 180 días (seis meses) resulta que son poco más de 146 millones de dólares los que desaparecen cada 24 horas y esa cantidad, convertida a pesos a una paridad muy conservadora de 20 por uno, se convierte en 2,934 millones de pesos por día, presupuesto que ya quisiera tener cualquiera de las 32 entidades federativas para afrontar las urgentes necesidades derivadas de la caída de la actividad económica provocada por la pandemia del coronavirus.
Frente a tales cantidades resultan una nimiedad los 43 millones de pesos que se presume recibió Emilio Lozoya Austin como “comisión” por autorizar la compra de Agronitrogenados, una empresa que había estado paralizada durante 14 años, considerada “chatarra”.
El dinero, según denuncia de la Fiscalía General de la República (FGR), lo empleó el ex director de Pemex para pagar de contado su residencia en el exclusivo fraccionamiento Lomas de Bezares. Además, se estima un daño patrimonial para la petrolera por otros 150 millones de pesos.
Esa fue la acusación presentada por la FGR en la primera presentación del indiciado ante el juez penal que dictaminará su caso. Como parte de la solicitud de extradición presentada por el gobierno de México ante España para que se enviara a Lozoya Austin a nuestro país hay otros supuestos delitos, en particular denuncias de actos de corrupción por parte de la trasnacional brasileña Odebrecht, pero en esta primera sesión ante el juez sólo se trató el tema de Agronitrogenados.
A pesar de que se prolongó horas, la audiencia no cumplió las expectativas, pues se presumía que Lozoya haría revelaciones que generarían un cataclismo en el sistema político nacional.
Como sucedió desde la llegada de Lozoya a territorio nacional para ser juzgado, se llegó nuevamente a la conclusión de que más que un juicio penal, se trata de una puesta en escena para justificar el principio pregonado por la llamada Cuarta Transformación de una supuesta lucha contra la corrupción.
Así, surgieron más revelaciones de la conferencia mañanera del presidente López Obrador que de la audiencia judicial.
El primer mandatario reveló, por ejemplo, que el nuevo dueño de la empresa de fertilizantes aceptó devolver 200 millones de dólares que se pagaron de sobrepecio.
“Ya hay un ofrecimiento por el sobreprecio que pagaron en la compra de la planta de fertilizantes; el nuevo dueño acepta devolver 200 millones de dólares, es ver qué podemos recuperar de lo robado, lo más que se pueda”, dijo el jefe del Ejecutivo.
El primer mandatario no dio mayores detalles de quién o quiénes son los propietarios de la empresa involucrada en el litigio, pero en Internet, la referida Agronitrogenados aparece vinculada al consorcio español Cobra, que informa emplear a más de 30.000 personas en 60 países y que tiene como uno de sus principales accionistas al empresario Florentino Pérez, presidente del club de futbol Real Madrid.
Tal vez lo más novedoso de la declaración de Lozoya en la audiencia judicial fue que se declaró inocente y denunció haber sido sistemáticamente intimidado, aunque no señaló presuntos responsables, aunque advirtió que los denunciará ante las autoridades responsables.
La Fiscalía solicitó que Lozoya sea vinculado a proceso por la compra de Agronitrogenados y por la presuntamente relacionada compra de la residencia de Lomas de Bezares.
La audiencia se efectuó de manera virtual desde el Hospital Ángeles del Pedregal, donde Lozoya estuvo acompañado por sus abogados Miguel Ontiveros Alonso y Alejandro Rojas Pomeda.
Vía libre para el tercer periodo extraordinario
Por mayoría de 25 votos contra 11 la Comisión Permanente aprobó ayer un periodo extraordinario para la Cámara de Diputados que se realizará hoy mismo para autorizar al gobierno federal a comprar medicinas en el extranjero y para extinguir cinco fideicomisos, así como para avanzar en la equidad de género.
La aprobación se dio en medio de un nuevo debate en donde Morena y asociados nuevamente responsabilizaron de todos los males del país a los anteriores gobiernos, mientras que los legisladores del PAN insistieron en demandar que se incluya el tema del Ingreso Básico Universal de 3,207 pesos para ayudar a los afectados por la crisis derivada de la pandemia del Covid 19.
Por separado, los coordinadores parlamentarios del Senado tuvieron un encuentro virtual con los gobernadores priistas de Oaxaca, Alejandro Murat; de Tlaxcala, Marco Antonio Mena y de Hidalgo, Omar Fayad; así como Cuitláhuac García, de Veracruz, de Morena.
En esa oportunidad, destacaron la necesidad de reformar al Código Nacional de Procedimientos Penales para “darle dientes” al Estado mexicano y terminar con la “puerta giratoria” que ha generado impunidad en el combate a la delincuencia y al crimen organizado.
Los mandatarios priistas encabezados por el de Oaxaca, Alejandro Murat, advirtieron que el sistema de justicia penal requiere cambios, pues “México no puede seguir combatiendo a la delincuencia desde la pasividad y la desventaja”.
“Se trata de pasar de la pasividad a la acción, de la defensiva a la ofensiva. Se trata de tener una nueva ley y de que no sea letra muerta, como decía Hans Kelsen.
“No basta tener leyes válidas, necesitamos leyes eficaces”, sostuvo Murat, quien señaló que el Estado mexicano carece de efectividad en contra del crimen organizado.
Los mandatarios presentaron 21 propuestas para reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales entre las que destacan replantear la figura de órdenes de aprehensión y cateos en domicilios para evitar fugas de información y que los responsables puedan huir o quedar impunes cuando les avisan que se llevará a cabo alguna de estas acciones.
Además, propusieron revalorar la denuncia anónima para evitar que sea desechada como prueba ilícita.
