Trabajo social, una alternativa
Luis Muñoz miércoles 29, Jul 2020Segunda vuelta
Luis Muñoz
Ante la complicada situación que se vive a consecuencia de la pandemia del coronavirus, surgen propuestas que pretenden ayudar a un retorno a la nueva normalidad con menor presión en la economía de las familias.
Ahora, lo que se propone es un programa de trabajo público, a tasa de compensación básica de salario mínimo, en proyectos de beneficio directo a la comunidad, para reactivar la economía de la Ciudad de México. La diputada Guadalupe Chavira dijo al gobierno de Claudia Shenibaum que con mano de obra local, las labores consistirían básicamente en la provisión de servicios públicos, labores de limpieza ambiental y apoyos en servicios de salud y educación, en colonias, comunidades, pueblos y barrios más pobres de la capital.
Durante su participación en el foro virtual “La importancia del Congreso en la reactivación económica de la CDMX”, que organizó el Instituto de Investigaciones Legislativas, la legisladora explicó que dicho proyecto es una iniciativa ciudadana dirigida a toda persona dispuesta a laborar en tareas de asistencia social. Para evitar una mayor caída en los niveles de productividad y que el capital humano se deteriore, por largos periodos de desempleo, causados por la pandemia del Covid-19, las personas interesadas pueden laborar en servicios comunitarios, como la construcción de pequeñas edificaciones, reparación de calles, de la red de drenaje y agua potable, así como en la limpieza y mantenimiento del transporte público de pasajeros, recomendó.
La propuesta tiene como propósito mejorar la distribución del ingreso y lograr una estabilidad de la economía local, a partir de reorientar los recursos a la atención de los sectores de la sociedad rezagados y marginados. De acuerdo con la diputada Chavira, esta ventaja representa un área de oportunidad para el suelo rural y las tierras de cultivo de las alcaldías con esa vocación para la producción de alimentos, mientras que los procesos de industrialización podrían quedar en manos de otras demarcaciones con la infraestructura necesaria.
Sin dinero no hay gobierno
Por enésima ocasión se hizo un llamado a los órganos autónomos y a las 16 alcaldías de la Ciudad de México, a defender su autonomía presupuestal. Para ello, el diputado Diego Garrido pidió trabajar conjuntamente en defensa de la democracia de la Ciudad, ya que al reducir sus presupuestos verán afectado también su funcionamiento.
Agregó que con la aprobación de la “Ley Sheinbaum” y la facultad que se le otorgó para modificar unilateralmente el Presupuesto de Egresos de la Ciudad, los titulares de los organismos autónomos y de las alcaldías deben ponerse “las pilas” y acudir a las instancias judiciales para defender su facultad y atribución exclusiva respecto de la decisión de sus presupuestos.
Consideró necesario trabajar conjuntamente en defensa de la democracia de la Ciudad, al aseverar que las adiciones a la ley de austeridad van en detrimento de las instituciones. Las afectaciones podrían ir desde el incumplimiento de programas sociales por parte de las alcaldías o de procesos para la impartición de justicia, hasta limitar el acceso a derechos humanos.
Para el legislador, “la nueva redacción a los artículos 23 y 88 de la ley de austeridad atentan contra esos organismos y las alcaldías, al permitir que la jefa de Gobierno pueda definir unilateralmente bajo una facultad extralegal y por demás ilegitima, el destino de los presupuestos previamente asignados”.
Bajo lupa, colegios privados
La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México exhortó a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y a la Secretaría de Educación Pública (SEP), “a vigilar que en las escuelas privadas no se cometan abusos en contra de los padres de familia en el cobro de colegiaturas”.
El diputado Carlos Hernández Mirón presentó un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual hace un llamado a las autoridades a investigar la actuación de las instituciones de educación media superior y superior, para evitar cobros irregulares y, de igual forma, vigilar el cumplimiento de los planes y programas de estudios en las modalidades ofrecidas al alumnado en la contingencia.
Informó que en días pasados recibió una denuncia de un grupo de estudiantes matriculados en la Universidad del Valle de México, campus Coyoacán, en el sentido de que ya les están exigiendo que paguen lo correspondiente a la inscripción del siguiente ciclo escolar y el costo por concepto de prácticas profesionales, requeridas en sus planes de estudio. Explicó que en ambas modalidades no se especifica cuál es el método de realización de prácticas profesionales. Sin embargo, se les exige el pago completo correspondiente, esto sin llevar a cabo ninguna sesión informativa que permita al alumnado contar con certidumbre de los procedimientos y opciones para completar sus créditos académicos.
