Tren Maya: publican prebases para licitación de quinto tramo
José Luis Montañez Aguilar, Nacional* viernes 21, Feb 2020Derecho de réplica
José Luis Montañez
- Contemplan estación para zona urbana de Cancún
Las prebases de la licitación para el quinto tramo del Tren Maya, que contemplan siete estaciones entre los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum, ya han sido publicadas por el gobierno federal, esperando la respuesta de las posibles empresas interesadas en participar. Cabe mencionar que en este tramo se está teniendo en consideración una estación para la zona urbana de Cancún.
Con lo anterior, además de la estación planeada desde el inicio en el Aeropuerto Internacional de Cancún, ahora el municipio de Benito Juárez contará con otra estación del Tren Maya en el interior de la zona urbana, ubicada según los nuevos lineamientos en el cruce de las avenidas Andrés Quintana Roo y Chac Mool.
La planeación realizada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) prevé que el proyecto de desarrollo que comience a construirse en mayo de este año y ésta sería la única estación del tramo Cancún-Tulum que se sale de los costados de la carretera federal Puerto Juárez-Chetumal.
Siete estaciones en el tramo cinco
De este modo, el plan de construcción del Tren Maya para su quinto tramo estará conformado por siete estaciones a su vez distribuidas entre los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum.
En el cruce de las avenidas Chac Mool y Andrés Quintana Roo existe un predio de 7.2 hectáreas de superficie tipo “camellón”, aunque las prebases de licitación pública no especifican si es exactamente ahí donde se ubicará la estación en cuestión.
En tanto, que la estación del Aeropuerto Internacional de Cancún estará ubicada a un costado de la Terminal 4 y se pretende que sería utilizada principalmente por turistas internacionales. En Puerto Morelos, por su parte, la estación se ubicará cerca del acceso de entrada al poblado, a la par que la de Playa del Carmen estará en el cruce de la avenida Juárez y la carretera federal.
Arrancarán construcción el 25 de mayo
Aunque, en un principio el proyecto ejecutivo de esta estación fue licitado para construirse en el entronque de la avenida 38 y la carretera federal Cancún-Chetumal, a un costado del hotel Majic Express de Playa del Carmen, ahora las prebases para la construcción incluyen una dirección distinta, aunque no se puntualiza en qué predio sería instalada, toda vez que el entronque de la avenida Juárez se encuentra casi totalmente ocupado por construcciones.
La siguiente estación quedará en un punto intermedio de las entradas de Puerto Calica y el acceso al parque privado Xcaret. Y en la entrada de Puerto Venturas se pretende construir otra estación, además de la que se ubicará en la entrada de Akumal.
De acuerdo con la convocatoria, los trabajos de la colocación de vías deberán quedar listos, 28 meses después de que se adjudique la obra y de que inicien los trabajos, lo cual está previsto para el 25 de mayo entrante.
Disputa de territorio con Campeche
Presidentes municipales de Yucatán y Campeche se reunieron para defenderse ante la supuesta pretensión del gobierno de Quintana Roo de buscar adueñarse de una franja en la zona limítrofe y que pertenece a los municipios de Hopelchén y Calakmul.
Señalaron que, en caso de que la federación conceda la razón a las autoridades quintanarroenses, se cerrarán las carreteras y no se permitirá la construcción del Tren Maya ni de ninguna otra obra federal. Esto a unos meses de que se arranque la construcción del tren en esta zona, lo cual esta pactado para el 25 de mayo.
Durante la sesión de la Comisión Especial de Asuntos Limítrofes del Estado de Campeche que encabezó el gobernador Carlos Miguel Aysa González, los presidentes municipales de Calkiní, Hecelchakán, Palizada, Carmen, Candelaria, y los directamente involucrados, Hopelchén y Calakmul, avalaron las estrategias de defensa promovidas por el gobierno estatal con base en razones históricas y jurídicas para no ceder ni un centímetro del estado.
Uno de los involucrados señaló: “Calakmul y Hopelchén, es también Campeche, por lo que tomaremos las medidas que sean necesarias para que no se violente su soberanía”, e hicieron un llamado para a unirse y hacer valer su voz.
No cederá Campeche ni un centímetro
El secretario general de Gobierno, Pedro Armentía López, en calidad de vicepresidente de la Comisión Especial de Asuntos Limítrofes del Estado, llamó a los alcaldes a seguir defendiendo el territorio y a ayudar a los habitantes de la región limítrofe en esta misma tarea
Por su parte, la consejera jurídica y coordinadora general de la Comisión Especial de Asuntos Limítrofes del Estado de Campeche, Olivia del Carmen Rosado Brito, presentó el estatus que presenta la Controversia Constitucional emitida Yucatán contra Quintana Roo, y donde Campeche tiene el carácter de tercero interesado, ya que mediante el Decreto 303, el Congreso quintanarroense en 2019 modificó su Constitución e incluyó superficies de Yucatán y de los municipios de Hopelchén y Calakmul, Campeche.
Asimismo, informaron que la controversia constitucional actualmente está en período de pruebas y será el próximo 27 de febrero cuando se lleve al cabo la audiencia donde se presenten pruebas y alegatos.
Realizan manifestaciones jurídicas
Lo mismo han sostenido reuniones con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para informar sobre el tema y dejar la documentación que avala, según su argumento, que Campeche tiene la razón jurídica y que de tres estados que conforman la Península de Yucatán, dos están de acuerdo con las delimitaciones de los estados.
Por su parte Quintana Roo se inconformó mediante un recurso de reclamación en contra del auto que admitió la Controversia Constitucional presentada por Yucatán, no obstante, éste no ha sido resuelto y el expediente principal sigue su marcha, de manera que ya se está en los períodos de pruebas que acreditan actos de gobierno de los municipios y del estado.
El alcalde de Hecelchakán, José Dolores Brito Pech, calificó de locura la intención del gobierno de Quintana Roo de apoderarse ilegalmente de terrenos campechanos, y llamó al gobierno federal y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a atender de manera inmediata el conflicto. “Queremos que nos respeten lo que históricamente nos pertenece, pues de lo contrario tomaremos las acciones que sean necesarias”, concluyó.
“Ley Olimpia” podría aprobarse en Q. Roo
Tras los lamentables acontecimientos que han azotado a nuestro país en materia de feminicidios, es urgente que los tres niveles de gobiernos busquen y apliquen acciones efectivas que ayuden a contrarrestar este mal y comenzar a proteger no solo a las mujeres, sino a garantizar la seguridad de todos los mexicanos, que salen a las calles con el temor de ser asaltados, golpeados y hasta asesinados y en el caso de las mujeres, niñas y adolescentes, violadas o brutalmente ultrajadas.
En el caso de Quintana Roo, se ha dado a conocer que la denominada Ley Olimpia podría quedar aprobada, luego de que Olimpia Coral Melo Cruz, promotora de la iniciativa, se reuniera con legisladores de la entidad para trabajar en la unificación de la misma y así castigar a quienes la infrinjan. Melo Cruz es promotora de sanciones contra la violencia sexual digital e informó que en Quintana Roo, al menos se han detectado 23 mercados de explotación sexual en línea, en donde existen paquetes multimedia con contenido sexual de mujeres que ni siquiera tienen conocimiento de ello, tales como videos íntimos y fotografías, muchas de ellas de sexo explícito.
Unificar con sanciones ya existentes
Sentenció en la primera mesa de trabajo que se deben unificar en una sola iniciativa todas las que ya existen en materia de sancionar a quienes difundan material sexual, ya sea conversaciones, fotos o videos sin autorización de las víctimas.
Manifestó que hasta el momento ya son 19 los Estado que han aprobado la Ley Olimpia, así como también, informó que se tiene conocimiento 13 casos de mujeres víctimas de este tipo de violencia sexual digital. Mientras que las sanciones propuestas van de 3 a 6 años de cárcel y de 4 a 8 años según la gravedad del delito.