Las mujeres, también expuestas al secuestro
Miguel Ángel Rivera miércoles 19, Feb 2020Clase Política
Miguel Ángel Rivera
En los últimos días hemos visto cómo se acentúa la violencia contra las mujeres, los grandes esfuerzos de las víctimas y de la sociedad civil, no han hecho eco en la voluntad política para implementar una estrategia integral para prevenirla y erradicarla.
Lo anterior fue comentado por la organización Alto al Secuestro, que a pesar de estar enfocada de manera central a ese delito, no deja de destacar otros importantes aspectos vinculados con la falta de seguridad.
Por eso, en su reporte mensual, Alto al Secuestro advirtió:
“Nos llenan de profundo dolor e indignación los crímenes cometidos contra mujeres, no hay palabras para explicar el odio y la saña con la que son cometidos, y en el más triste de los escenarios nos enfrentamos a una enorme impunidad, miles de familias buscando justicia, víctimas criminalizadas e invisibles a los ojos de los juzgadores quienes siguen velando sólo por los derechos de los agresores.
“En este contexto, queremos tomarnos el tiempo para hablar de las mujeres que han padecido un secuestro, considerado como uno de los delitos más terribles. A ellas no sólo las privaron de su libertad, sino de su dignidad, de su integridad física y psicológica, y a muchas de ellas, de su vida”.
De acuerdo con los registros de Alto al Secuestro, aproximadamente el 90 por ciento de las mujeres que fueron secuestradas durante el año 2019 también sufrieron violencia sexual, pero, lamentablemente, casi ninguna lo denuncia, “y no podemos culparlas por no hacerlo, culpamos a los delincuentes que las agreden, al sistema de justicia que les falla y la sociedad que las revictimiza”.
De acuerdo con este reporte, durante 2018 se registraron 1,834 secuestros, de ellos 330 fueron cometidos contra mujeres, lo que equivale al 17.9 por ciento. En 2019 se reportaron 1,887 casos de los cuales 410 fueron en perjuicio de mujeres, equivalente al 21.7 por ciento. Es decir, cada vez más mujeres son víctimas.
Durante el año 2019 el secuestro de mujeres incrementó en 15 estados de la República, prácticamente en la mitad del país. En 4 estados no presentó cambios y en 13 disminuyó.
En el periodo 2018-2019, 740 mujeres fueron víctimas de secuestro, equivalente al 19.8 por ciento de los secuestros del país.
Los estados donde secuestraron a más mujeres en este periodo fueron Veracruz (147 víctimas), México (103 víctimas) y Ciudad de México (76 víctimas)
Además de esos datos acerca del secuestro de mujeres, la mencionada organización, presidida por Miranda de Wallace, reconoció que al inicio del presente año se registró una disminución del 12.1 por ciento en las carpetas de investigación abiertas por el delito de secuestro. En efecto, durante el mes de enero se registraron 108 carpetas en comparación con las 123 abiertas en diciembre 2019.
El número de víctimas que sufrieron este delito también reportó una disminución del 12.2 por ciento, ya que durante diciembre 2019 se registraron 179 víctimas mientras que en enero fueron 157.
Durante el primer mes del año hubo un incremento del 30.3 por ciento en el número de detenidos relacionados al delito de secuestro, debido a que en diciembre de 2019 se detuvieron a 89 personas por este delito mientras que en enero 2020 fueron detenidos 116 presuntos responsables.
Los estados con mayor incidencia de secuestros en enero del presente año fueron Veracruz (26), México (21), Morelos (9), Tabasco (5), y Aguascalientes, Ciudad de México, Puebla y Zacatecas (5 cada uno).
Por el contrario, los estados que reportaron cero secuestros fueron Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Durango, Nayarit y Yucatán
El reporte de Alto el Secuestro destaca además, que luego de que el municipio de Xalapa, capital de Veracruz, estuvo por varios meses consecutivos en el primer lugar entre los municipios con mayor incidencia del delito de secuestro, a nivel nacional, en enero de 2020 fue desplazado por las alcaldías Iztapalapa y Cuauhtémoc de la Ciudad de México.
El tráfico de personas, delito vinculado directamente al paso de migrantes
La Fiscalía General de la República (FGR) inició en Chiapas una investigación contra cuatro personas, luego del rescate la víspera de 97 migrantes centroamericanos que eran transportados en dos vehículos.
La Fiscalía (antes Procuraduría General de la República) informó que elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) cumplimentaron un oficio de investigación, tras recibir una denuncia anónima, en la que aseguraban que en dos vehículos tipo tres toneladas, transportaban a migrantes en Tecpatán, Chiapas.
Luego de dos días de vigilancia fija y móvil, los agentes ministeriales se ubicaron en la carretera que está en la salida de dicho municipio, con dirección a Malpasito y detectaron a las camionetas con las características descritas en la denuncia.
La autoridad federal llevó a cabo la revisión y observó que dentro de la caja de carga de un auto con redilas, se encontraban 50 personas de procedencia extranjera y 47 personas más en un camión con caja seca, donde los migrantes venían hacinados.
Como parte de este operativo, en el lugar los agentes policíacos aseguraron a Paulino H., Carmen J., Pedro E. y Felipe D, presuntos traficantes de personas.
En total fueron 97 los indocumentados rescatados: 80 adultos y 17 menores. De ellos, 91 son de nacionalidad guatemalteca, cinco de El Salvador y uno más de Honduras. Al no lograr acreditar su estancia legal en el país, los centroamericanos fueron enviados al Instituto Nacional de Migración (INAMI) en Chiapas, para su resguardo y atención médica.
A partir de esta acción, el Ministerio Público Federal de la FGR inició la carpeta de investigación contra las cuatro personas por el delito de violación a Ley de Migración, en la modalidad de transporte de migrantes, con la agravante que incluye niñas, niños y adolescentes.
La Cámara de Diputados aprobó aumentar las penas a los culpables de feminicidio
Aunque todavía están pendientes algunas reformas legales para decidir la forma como se debe proceder para sancionar el delito de feminicidio, la Cámara de Diputados aprobó una reforma al Código Penal Federal para incrementar de 60 a 65 años de prisión la pena máxima por ese delito.
Además de estipuló que la sanción mínima pasaría de 40 a 45 años de cárcel. El dictamen fue avalado con 415 votos a favor y uno en contra.
De conformidad con las reformas penales aprobadas por los diputados, se prevé asimismo elevar de 13 a 18 años de reclusión a los culpables de abuso sexual contra menores de 15 años de edad o personas que no pueden comprender el significado de esa conducta.
La minuta con la reforma fue enviada al Senado para su análisis y eventual ratificación.
En la misma sesión, los diputados aprobaron también la reforma el Código Penal Federal para tipificar como delito el acoso sexual y precisar la definición del tipo penal de hostigamiento sexual.
Actualmente solo están tipificados el hostigamiento sexual, el abuso sexual, el estupro y la violación, pero no el acoso sexual.
En este caso, el dictamen fue aprobado por unanimidad, con 432 votos, e igualmente se turnó al Senado de la República. Adicionalmente, los diputados aprobaron incorporar el concepto de hostigamiento sexual a la Ley Federal del Trabajo y establecer que dicha conducta será causa de rescisión de contratos laborales.
Por otra parte, así como lo han demandado otros organismos de la sociedad civil, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) hizo un llamado para que el proceso de selección de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) “se aísle de acuerdos políticos y no sea utilizado como moneda de cambio”.
La organización empresarial hizo votos porque los nombramientos “no se usen para avanzar o aprobar otras reformas legislativas, o para negociar otros nombramientos que involucren al Congreso de la Unión”.
Además, la COPARMEX señaló que, para el buen funcionamiento de la democracia de México y el futuro del INE, es conveniente que los integrantes del Comité Técnico de Evaluación (encargados de elegir a los consejeros) tengan perfiles independientes.
La organización patronal destacó que su preocupación consiste en que el INE no pierda su autonomía, pues de lo contrario las elecciones de 2021 y la presidencial de 2024 estarían en entredicho, lo cual significaría un retroceso.