Erradicar pobreza, corrupción y desigualdad, cimiento de la Conatrib

• Ante la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, y de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el magistrado Rafael Guerra Álvarez estableció el compromiso del Poder Judicial de la Ciudad de México por recuperar el valor de la vida y la dignidad humana, como el supremo propósito del Estado

Gloria Carpio

Luego de tomarse la foto oficial del XLII Congreso Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, Guerra Álvarez resaltó que es compromiso de los tribunales del país, avanzar en materia de capacitación para juzgadores y personal administrativo, con el objetivo de fortalecer la capacidad y competencia en todas las materias. Todos los esfuerzos carecen de verdadero sentido si no se traducen en la vida cotidiana de los justiciables.

“Erradicar totalmente los aspectos estructurales que dan origen a la pobreza, la corrupción y la desigualdad es parte esencial del nuevo paradigma sobre la cual está constituida la estrategia nacional de seguridad implementada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Un paradigma que se propone tener efectos decisivos en el crecimiento económico de nuestro país, así como, también, erradicar el flagelo de la violencia que tanto afecta la nación”, señaló de forma concisa el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, magistrado Rafael Guerra Álvarez, durante el XLII Congreso Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), el cual fue inaugurado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, refrendó el compromiso del Poder Judicial de la Ciudad de México y resonar a la voz de los ciudadanos, las familias, las redes y las comunidades por recuperar el valor de la vida y la dignidad humana, como el supremo propósito del Estado. “Ese es el reto y esa será la vocación”.

Confió en que este congreso brinde los cimientos que necesita nuestro sistema para erradicar totalmente los aspectos estructurales que dan origen a la pobreza, la corrupción y la desigualdad. Un paradigma que se propone tener efectos decisivos en el crecimiento económico y en la erradicación del flagelo de la violencia, que tanto afecta a la nación, aseguró, ante la presencia del jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador; la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien asistió con la representación del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Francisco Domínguez Servién, presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago); Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores, y Alejandro Gertz Manero. fiscal general de la República.

“Hoy celebramos este congreso con la firme creencia de que los mejores días de la historia, en la historia de México, están al frente de nosotros, y no, en el pasado. Cada época ve nacer nuevos retos y en cada momento histórico también nacen nuevos líderes. Y se esperan que estos líderes respondan a los desafíos de su sociedad con honorabilidad y justicia. Esta época es la nuestra y esos líderes somos todos nosotros”, expresó el presidente magistrado Rafael Guerra Álvarez, en la ceremonia que tuvo lugar en la Ciudad Judicial de la capital del país, donde también se dieron cita Julio Scherer Ibarra, consejero Jurídico del Ejecutivo federal; diputada Isabela Rosales Herrera, presidenta del Congreso de la Ciudad de México, así como Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, los presidentes de los tribunales superiores del país, magistradas, juezas y jueces. Guerra Álvarez resaltó que es compromiso de los tribunales del país, avanzar en materia de capacitación para juzgadores y personal administrativo, con el objetivo de fortalecer la capacidad y competencia en todas las materias. Todos los esfuerzos carecen de verdadero sentido si no se traducen en la vida cotidiana de los justiciables.

Habló de transformar al Poder Judicial, transitar a una nueva época histórica de modernidad en sus procedimientos y sus alcances. “Esto debe inspirarnos a cambiar nuestra forma de comunicarnos y convertir el lenguaje de la justicia, conservando la profundidad del criterio jurídico, con un idioma más asertivo y abierto a los ciudadanos”.

Mientras tanto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, habló de fortalecer la cooperación de los poderes de la Unión. Es necesario reconocer que ninguna acción que no se sustente en la unidad, no tendrá éxito. Se refirió también a la propuesta de iniciativa de modificación del artículo 116 constitucional, a través del cual se pretende reforzar la autonomía e independencia del Poder Judicial.

Por su parte, el magistrado Sergio Javier Medina Peñaloza, presidente de la Conatrib, felicitó al Ejecutivo federal por su Primer Informe de Gobierno y subrayó que para la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, la división de poderes no significa divergencia, sino convergencia en los anhelos comunes y prueba de ello, es la buena disposición que tienen los poderes judiciales para materializar el decálogo de acciones encaminadas a fortalecer el sistema de justicia, del que destacó tres puntos: trabajar de forma coordinada con el gobierno federal; crear un Código de Ética Nacional y garantizar la autonomía presupuestaria de los tribunales estatales.

Dimensionó la importancia que tiene la justicia local para el desarrollo de México, al revelar que prácticamente 7 de cada 10 asuntos que se judicializan en el país, son resueltos por tribunales estatales, por lo que solicitó respetuosamente al Presidente y a los legisladores, que se impulse la reforma al Artículo 116 constitucional, que fue presentada por senadores del partido Morena, a fin de que se otorguen mayores fortalezas a los 32 poderes judiciales estatales para cumplir con su misión, entre las que destacan: homologar los periodos de los magistrados; consolidar la carrera judicial mediante el concurso público de oposición para los nombramientos judiciales y reconocer en la Carta Magna la garantía de autonomía y piso presupuestal.