Consulta popular, sí, pero no en periodo de elecciones
Miguel Ángel Rivera miércoles 19, Jun 2019Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Revocación de mandato, si, pero de ninguna manera en periodo electoral.
Esa es la decisión del llamado Bloque Opositor (PAN-PRD-PRI-MC) en el Senado de la República.
Se supone que es una posición irreductible, pero también se advierte que alguno de los integrantes de los mencionados grupos parlamentarios podría romper el bloque y ceder ante las presiones, halagos o prebendas de la bancada de Morena y sus aliados del PT y PES.
Tanto es el riesgo que inclusive se hacen apuestas acerca de quién y cuántos de los senadores de oposición podrían cambiar el sentido de su voto o, sencillamente, abandonar el salón de sesiones y permitir que el bloque encabezado por Morena pueda presentar a su líder Andrés Manuel López Obrador un reporte de: ¡misión cumplida!
Uno de los temas centrales que se debaten en el actual periodo extraordinario de sesiones del Senado es la añeja promesa del presidente López Obrador de poner a consideración del “pueblo sabio” si logra cumplir con lo que ha prometido y merece ser ratificado para continuar su mandato otros tres años.
Tentativamente, lo mismo sucedería con todos los funcionarios de alto nivel: si su trabajo no resulta satisfactorio para la mayoría de los ciudadanos, se le puede reducir el periodo para el cual fue elegido. Eso sería la revocación de mandato.
Los senadores de todos los partidos, incluidos los del Bloque Opositor, están de acuerdo en establecer un mecanismo para que el “pueblo sabio” pueda despedir con anticipación a los malos funcionarios, incluido el presidente de la República.
En lo que no están de acuerdo los legisladores de oposición es que la consulta se realice en la misma fecha de las elecciones federales intermedias, el 6 de junio de 2021, pues no quieren que el presidente López Obrador aparezca en las boletas, porque podría repetirse el fenómeno del pasado 1 de julio de 2018, cuando un gran número de desconocidos fueron elegidos simplemente porque fueron postulados por alguno de los partidos que formó la coalición que llevó como abanderado a López Obrador.
En apariencia, AMLO admitió las razones de los opositores, por lo cual aceptó cambiar la fecha de la consulta para el 21 de marzo del referido año de 2021, una fecha importante en el calendario cívico nacional por el natalicio de Benito Juárez, el patricio al que dice imitar el actual primer mandatario.
Siempre suspicaces, los dirigentes de oposición rechazaron también esta fecha, porque de cualquier forma el presidente estaría en condiciones de influir en los resultados de las elecciones.
Esto es lo que se tendrá que definir en las próximas horas.
Se tiene que encontrar una fecha que no interfiera con las elecciones.
La Cosecha
“Rechazo categóricamente las falsas imputaciones en mi contra, publicadas esta mañana en distintos medios y atribuidas a un supuesto informante”, escribió en redes sociales el ex presidente Enrique Peña Nieto para responder a supuestas denuncias por un presunto acto de corrupción relacionado con (Pemex).
Luego de informes procedentes de los Estados Unidos acerca de una investigación en su contra, el ex mandatario mexicano descalificó las acusaciones y recordó que no es la primera ocasión en la que se le intenta inculpar, sin fundamento, de algún ilícito.
Las supuestas denuncias indican que Peña Nieto ha sido incluido en una indagatoria por recibir un soborno para autorizar la compra-venta, a sobreprecio, de la empresa Grupo Fertinal, en 2015, en perjuicio de Pemex.
Otro de los investigados por supuestas irregularidades en la compra-venta de plantas de fertilizantes en agravio de Pemex, el empresario Alonso Ancira no logró convencer a las autoridades judiciales de España para que le permitan seguir su juicio en libertad.
El juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional de España, negó el auto de libertad bajo fianza al dueño de Altos Hornos de México, por considera de poca validez los argumentos de defensa a cargo del abogado Ismael Oliver, por lo cual el acusado seguirá en prisión preventiva.
Además se supo que la justicia española espera la documentación de México para iniciar el proceso de extradición de Ancira, quien ha sido acusado por la venta irregular de una planta de nitrogenados a Pemex, durante la administración de Emilio Lozoya Austin, quien también es perseguido, al igual que su hermana, Gilda Susana, aparentemente involucrada en transferencias irregulares de dinero.
Después de un breve periodo de acercamiento con el presidente López Obrador, que incluyó el anuncio de inversiones por más de 30 mil millones de dólares para alcanzar la meta de un crecimiento superior al cuatro por ciento anual, la iniciativa privada manifestó inconformidad con algunas acciones del equipo del primer mandatario.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, manifestó que el sector privado está “sorprendido” porque el mismo día que firmaron un acuerdo de inversión para diversos sectores, entre ellos el energético, se canceló la licitación que buscaba socios para Pemex en exploración y producción.
Esto luego de que, la semana pasada, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, al parecer con el respaldo de la Secretaría de Energía, (CNH) anunció la cancelación de la licitación CNH-A6-7.
Lomelín se reunió con el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, para manifestarle que la decisión de SENER es contraria a lo acordado el pasado jueves y genera sorpresa en los empresarios que se comprometieron a invertir.
Otro conflicto en pleno proceso es el de la cancelación de las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco y el traslado del proyecto a la base militar de Santa Lucía.
Lo sorprendente es que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) encargado de ese proyecto al parecer no tiene la documentación actualizada.
Esto se descubrió porque el juez federal que ordenó la suspensión de trabajos en los dos sitios, dio a conocer que concedió al GACM un plazo de 10 días para que entregue un informe justificado sobre la construcción de la nueva terminal en Santa Lucia.
El juzgador informó que el GACM solicitó una prórroga para presentar los documentos que serán tomados a consideración al momento de celebrar la audiencia constitucional, luego de que integrantes de organizaciones civiles, abogados y colectivos ciudadanos interpusieron una ola de amparos para frenar las obras y no cancelar el proyecto en Texcoco.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al parecer realizará su campaña para reelegirse con el problema de los migrantes indocumentados como una de sus principales banderas.
Poco antes del acto programado para confirmar sus aspiraciones a la reelección, el multimillonario Trump anunció que las autoridades migratorias iniciarán la próxima semana un proceso de deportación de “millones” de inmigrantes sin papeles.
“La próxima semana el ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas) empezará un proceso para deportar a millones de inmigrantes ilegales que han entrado a Estados Unidos de manera ilícita.
Serán deportados tan pronto como lleguen”, aseguró Trump en su cuenta de Twitter.
Lo bueno para México, es que en esta ocasión el mandatario reconoció que México “está haciendo un muy buen trabajo deteniendo a gente” y anunció que “pronto” firmará un acuerdo con Guatemala de “tercer país seguro”.
En tanto, al comentar el tema de los migrantes, el presidente López Obrador anunció que se va a poner orden, por lo cual se pedirá su identificación a los viajeros al comprar boletos de transporte en territorio nacional, especialmente cuando se trate de largos recorridos de un punto a otro de la República.
Además, el mandatario mexicano expresó su beneplácito por la promesa de Trump de que obtendrá 500 millones de dólares para apoyar a Centroamérica. “Ya es un avance”, dijo, y pidió que la comisión especial sobre migración informe el viernes acerca de los avances que tiene.
Tremendo escándalo generó la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de San Lázaro con una circular en la que con pretexto de la austeridad prohibió el uso de electrodomésticos como cafeteras y hornos de microondas. Esto afecta a los empleados de la Cámara de Diputados que no pueden pagar sus alimentos en los restaurantes de los alrededores ni dentro del recinto legislativo.
