Resultados catastróficos en materia de secuestro
Miguel Ángel Rivera jueves 13, Jun 2019Clase Política
Miguel Ángel Rivera
Cada mes rompemos récord en violencia y crecen prácticamente todos los delitos de alto impacto; en esta ocasión el delito de secuestro no fue la excepción ya que incrementó.
Lo anterior forma parte del reporte periódico de la organización especializada Alto al Secuestro, en el cual se lamenta que “duró poco el panorama esperanzador que nos daba la disminución paulatina del delito de secuestro a partir del mes de enero del 2019”.
Con este balance de la organización que preside Isabel Miranda de Wallace, se llega a la conclusión de que el secuestro y consiguiente asesinato del pasante universitario Norberto Ronquillo Hernández, desgraciadamente, no es un hecho aislado y justifica todas las protestas que ha generado.
De acuerdo con las cifras de Alto al Secuestro, ese grave delito aumentó en mayo 23.9 por ciento, respecto a los casos registrados en abril, que fueron 117. En mayo la cifra llegó a 145.
El balance a mayo significa un incremento de 36.5 por ciento, respecto a los primeros cinco meses del año pasado. En el periodo enero–mayo 2018 ocurrieron 596 secuestros, mientras que en el mismo periodo de 2019 han ocurrido 814.
Para que se vea que no se trata sólo de incriminar con estas cifras al actual gobierno federal, el estudio de Alto al Secuestro recuerda que a pesar del referido aumento en los últimos meses, se tuvieron resultados más positivos que durante los primeros seis meses del anterior gobierno, presidido por Enrique Peña Nieto.
En los primeros seis meses de Peña Nieto ocurrieron 1,206 secuestros, lo cual comparado con los 971 secuestros registrados durante el primer semestre de López Obrador significa una reducción del 19.4 por ciento.
El estudio destaca, por otra parte, que “es alarmante” la concentración del delito de secuestro en algunas entidades: 7 de cada 10 secuestros ocurren en Veracruz, estado de México, Ciudad de México, Puebla, Tamaulipas, Morelos y Guerrero.
Merece atención especial la Ciudad de México, en donde el delito de secuestro ha repuntado 103.4 por ciento en lo que va del año, si se compara con las cifras de los cinco primeros meses de 2018. Los 68 secuestros ocurridos en la Ciudad de México durante la presente administración (en promedio 11 al mes) significan una cifra alarmante, porque la Ciudad de México es la que cuenta con el mayor número de policías a nivel nacional y con una red de cámaras de seguridad que deberían ser factores para disminuir la incidencia.
En su documento, Alto al Secuestro revela que desde el inicio del actual sexenio, dieron a conocer a los gobiernos federal y de la Ciudad de México las deficiencias de la Unidad Antisecuestro, pero hasta la fecha no tienen respuesta ni de la gobernante de la capital, Claudia Sheinbaum, ni del titular de la Secretaría de Seguridad federal, Alfonso Durazo.
“Los resultados son catastróficos. Tragedia tras tragedia ha demostrado la enorme incapacidad de combatir el secuestro en la Ciudad y parece no ser una prioridad para la actual administración”, agrega la multimencionada organización.
La Cosecha
Como parte de su proceso para consolidarse como empresa líder no sólo en su sector, sino en todo el país, Benjamín Salinas Sada, presidente (CEO) de TV Azteca presentó este miércoles la Unidad de Género de la televisora.
Tal y como su nombre lo indica, la Unidad de Género de TV Azteca se diseñó para erradicar toda forma de discriminación y violencia, para atender y revisar todos los casos de exclusión dentro de la empresa; además de fomentar y construir ambientes libres de violencia por medio de la sensibilización de todos sus colaboradores.
Durante el evento de presentación de la Unidad de Género de TV Azteca, Salinas Sada refirió que “el paso cultural más audaz y más importante de la televisora es hacer una empresa libre de todo abuso”, y reiteró el compromiso de lograr “ambientes de trabajo más seguros para todos, en particular para las mujeres, quienes son motor y pilar de la empresa”.
La Unidad de Género estará encabezada por Jaqueline L’Hoist Tapia, ex presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, quien ha sido reconocida por su trabajo como promotora de los derechos humanos y la no discriminación.
De esta manera, TV Azteca, siempre un paso adelante de sus competidores, confirma su compromiso con la equidad, la inclusión y la no discriminación, por algo hoy por hoy se ha convertido en el lugar más atractivo donde los jóvenes mexicanos desean trabajar.
El conflicto en torno a la cancelación de obras para el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en la región de Texcoco no puede darse por concluido. Por el contrario, la lucha en los tribunales seguramente se extenderá por un largo periodo.
Además, del informe aparecido en el diario Milenio, acerca de la inundación de obras ya realizadas con un valor estimado en más de 14 mil millones de pesos, se debe sumar el hecho de que jueces federales concedieron una nueva suspensión para frenar la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, con el cual el gobierno del presidente López Obrador pretende reemplazar al que estaba en proceso en Texcoco.
Otro aspecto notable consiste en que esta decisión judicial proviene de un tribunal colegiado, ya no de un juzgado de primera instancia.
De acuerdo con el fallo de los magistrados, las obras en Santa Lucía deben detenerse hasta que sea factible verificar que la obra cuenta con los estudios de seguridad que ordena la Ley de Aeropuertos y su Reglamento. Pero, tal vez lo más grave para las actuales autoridades federales es que los jueces dictaminaron al mismo tiempo que se detengan las acciones para demoler lo que ya se había construido en Texcoco.
Esta nueva resolución judicial se suma a otras tres suspensiones decretadas en días pasados que se mantienen hasta que se presenten los permisos de impacto ambiental para la construcción de la terminal aérea en Santa Lucía, así como el aval del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Aunque la Comisión Permanente aprobó convocar a otro periodo extraordinario del Senado, a partir del venidero día 18, las comisiones de esa Cámara todavía no firman el dictamen que se presentará al pleno para aprobar el Tratado de Libre Comercio con Canadá y los Estados Unidos, más conocido como T-MEC.
Los partidos de oposición hicieron ver que resulta incongruente aprobar el T-MEC sin conocer los detalles del reciente acuerdo con los Estados Unidos por el cual se evitó que Donald Trump cumpliera su amenaza de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas.
En consecuencia, se resolvió no firmar el dictamen hasta el viernes, luego de que concluya la comparecencia del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard ante la Comisión Permanente, para explicar el acuerdo migratorio firmado con Estados Unidos la semana pasada.
La propuesta de posponer la firma del dictamen fue sostenida por el senador del PAN Gustavo Madero, quien destacó que el T-MEC es de suma importancia, por lo que se requiere que todas las bancadas están de acuerdo en suscribirlo.
Más notable resultó el desacuerdo entre dos destacados miembros de Morena, el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, y su compañera de Cámara Dolores Padierna, quienes debatieron en plena sesión de la Permanente.
Muñoz Ledo, que presentó una iniciativa para unificar la política migratoria de México, denunció que el titular de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, violó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal al dar instrucciones al comisionado de Migración, Tonatiuh Guillén, dependiente de la Secretaría de Gobernación.
Dolores Padierna acusó a Muñoz Ledo de mezclar los asuntos migratorios con las amenazas arancelarias de Donald Trump.
“De facto las atribuciones de Gobernación las ha asumido la SRE, que ayer dio órdenes, a las cinco de la tarde, violando la ley interna para satisfacer una demanda de Estados Unidos. La conexión entre lo migratorio y lo comercial es obvia”, afirmó Muñoz Ledo, quien agregó:
“Nos están apretando las tuercas no solo con los aranceles, sino con la evaluación de la credibilidad mexicana. Es una guerra comercial. Quieren imponer una ley migratoria en este Senado y (Trump) dijo que va a seguir apretando y hará público lo que habló con los funcionarios mexicanos. Prepárense para desmentirlo”.
