Ocho mil indígenas presos por fallas en procesos
Luis Muñoz lunes 18, Mar 2019Segunda vuelta
Luis Muñoz
Lo que son las cosas. Mientras consumados delincuentes salen de prisión por fallas en el debido proceso, miles de campesinos están privados de su libertad por las mismas razones.
¿Justicia a modo?
Ya lo dijo el senador Ricardo Monreal: He sostenido, con razones y fundamentos, que en nuestro país la justicia se encuentra subordinada al mejor postor; que en México la justicia está podrida, infestada por nepotismo, complicidad y corrupción.
Por eso mismo añade: Es necesaria y apremiante una reforma profunda, una limpieza al sistema de justicia, y poner a personas honestas y justas al frente de los órganos de administración y procuración de justicia.
Porque, salvo raras excepciones, ha dicho, los órganos colegiados superiores de justicia se integran por lacayos y títeres del poder público, quienes aplican la justicia de manera selectiva. Para ellos, las personas poderosas y los delincuentes de cuello blanco son intocables.
Y si a ello le añadimos que los indígenas no cuentan con un interprete, su situación se complica aún más.
Esta es la situación que padecen hoy en día 8 mil indígenas. Presos, con muchas inconsistencias legales y fallas en su proceso. Así lo revela en diputado federal Armando Contreras Castillo, de Morena, quien planteó exhortar al fiscal general de la República a emprender acciones para garantizar el debido proceso desde su detención, a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su contexto sociocultural. Con eso, dijo, el sistema judicial tendría menos procesos y, si desde su detención, se les explican sus derechos, entre ellos contar con un intérprete.
El punto de acuerdo, remitido a la Comisión de Pueblos Indígenas, también propone solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) implantar medidas reales y eficientes, a fin de que se realice un programa de difusión en televisión y radio, así como prensa escrita, con la finalidad de orientar e informar a la comunidad indígena sobre sus derechos en caso de detención.
Contreras Castillo, integrante de la Comisión de Justicia, indicó que México es un país diverso, prueba de ello es el reconocimiento de 68 lenguas indígenas; sin embargo, sólo 6.5% de la población de 3 años y más habla alguna de esas lenguas; es decir, 7 millones 382 mil 785 personas. De ellos, cerca de 1 millón hablan una lengua indígena y no se expresan en español, son monolingües.
Las entidades federativas que concentran el mayor número de población indígena en el sistema penitenciario nacional son Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz, Ciudad de México, Chihuahua y Guerrero.
Sigue violencia vs mujeres
Este fin de semana, legisladoras y especialistas en el tema reconocieron que los esfuerzos individuales no alcanzan a la hora de afrontar la violencia contra la mujer. Se necesitan, dijeron, esfuerzos integrales.
Durante la presentación de la Agenda Metropolitana para Frenar la Violencia contra las Mujeres, en el Congreso de la Ciudad de México, las ponentes coincidieron en que esta agenda surge de un esfuerzo de organizaciones de mujeres para proponer respuestas prácticas y acciones concretas que permitan dar respuesta a este problema.
La diputada Paula Soto Maldonado destacó la importancia de trabajar por reducir la brecha de desigualdad que aún existe hacia las mujeres, e indicó que la forma de responder es generando un cambio cultural y cómo se conciben las mujeres; “no hay política pública, marco normativo, fuerza pública o presupuesto que pueda solucionar el problema, si no cambiamos la cultura”, advirtió.
La legisladora de Morena, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, reafirmó su compromiso con el 52% de la población y destacó la necesidad de “trabajar unidas para tener la Ciudad de México de derechos para las mujeres que queremos y exigimos.
A su vez, Berenice Vargas Ibáñez, del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la CDMX, afirmó que para hacer frente a la violencia se requiere realizar una ardua labor; “la violencia no discrimina, la sufren todas las mujeres de todas las condiciones sociales y económicas”.
Durante su intervención, Rita Imelda Fernández González, presidenta de la Asociación Civil Gema Joven, indicó que para construir la agenda se realizaron distintas mesas de trabajo en toda el área metropolitana, en las que se recibieron propuestas sobre políticas públicas, acciones, programas o reformas legislativas que se consideran necesarias para frenar la violencia contra las mujeres.
En ese sentido, propuso una estrategia que se rige por tres aspectos fundamentales: prevenir, atender y sancionar la violencia hacia las mujeres, de acuerdo a lo establecido en las leyes.
Guaidó presiona aún más
Juan Guaidó, líder de la oposición, puso en marcha el pasado sábado la “operación libertad” para sacar del poder al presidente Nicolás Maduro, aferrado a la presidencia, a pesar de las medidas impuestas por Estados Unidos para obligarlo a renunciar, cosa que no va a hacer. El caso es que Guaidó, como lo señalan medios internacionales, organizó a sus partidarios para una movilización hacia el Palacio Miraflores, sede del gobierno en Caracas.
Los reportes desde Caracas indican que miles de partidarios del mandatario socialista, en tanto, se movilizaron en el centro de la capital, al tiempo que la fuerza armada inició dos días de ejercicios para blindar la infraestructura hidroeléctrica después del apagón del 7 de marzo que paralizó el país durante una semana.
