¿Para qué queremos más partidos?
Luis Muñoz martes 5, Mar 2019Segunda vuelta
Luis Muñoz
La gente se pregunta, y con razón, ¿para qué queremos más partidos políticos?
Están los de siempre, los que a duras penas sobreviven y los que surgen como una opción para los ciudadanos que no confían en ninguno de los que hoy existen.
El Partido Encuentro Social (PES) es todo un caso: no logró el 3 por ciento, es decir, el porcentaje mínimo de la votación establecido en la ley y, sin embargo, todo parece que se quedará, a pesar de que el INE parecía haberlo “sepultado”, igual que a Nueva Alianza.
De ser así, el PES estará más que vivo participando en la contienda en el 2021.
Pero un sistema de partidos es necesario. Implica la estabilidad en la competencia entre éstos, con raíces más o menos estables en la sociedad, la aceptación de partidos y elecciones como instituciones legitimas para definir quién gobierna.
Analistas del tema observan que dicho sistema de partidos se encuentra en una etapa de enormes retos, a efecto de superar la mala imagen que su desempeño reciente mostró en términos de su capacidad de vínculo y comunicación con la ciudadanía.
Si bien es cierto que dentro de las democracias emergentes se presentan contextos desiguales de aceptación a las reglas por parte de los actores, las reglas de violencia e intervención externa de los poderes fácticos, tales como el crimen organizado, colocan sobre la mesa un conjunto de preocupaciones que deben hacer reaccionar a la propia clase política.
El INE dice que los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación de los ciudadanos en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.
Reitera que sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, queda prohibida la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. Los partidos políticos nacionales, señala, tendrán derecho a participar en las elecciones estatales, municipales y de la CDMX.
Y en esas anda la organización denominado “Proyecto Nacional. El Movimiento Social de México”, cuyo objetivo es constituirse en un nuevo partido político nacional, de acuerdo con su dirigente Leticia Calderón Ramírez, quien señala que son tres los ejes de su política: Cruzada Nacional de Valores, Ambiente de Reconciliación Nacional y Aplicación de las Leyes.
Asegura que después de años de lucha social y política por conformar el movimiento, el pasado 14 de febrero recibieron del INE la acreditación como partido en construcción. Lo que sigue ahora, a partir de junio, es recorrer el país y cumplir con las 300 asambleas que exige el INE como requisito para obtener su registro.
Veremos si lo logra.
En este contexto, no se puede pasar por alto el valor de las prerrogativas a los partidos políticos, que, dicho sea de paso, es también un incentivo para las organizaciones nacientes.
La Comisión de Prerrogativas del INE al aprobar la distribución del financiamiento a partidos políticos para el ejercicio 2019, la cifra global ascendió a casi 5 mil millones de pesos. Con mil 628 millones 333 mil 415 pesos para Morena, es la institución política que recibirá más recursos.
Para los demás, el dinero asignado, aunque disminuyó, no es para desdeñarse.
Indígenas, a diputaciones
El diputado Raymundo García Gutiérrez, secretario de la Comisión de Pueblos Indígenas, impulsa una iniciativa para modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a fin de garantizar que los partidos políticos postulen a ciudadanas y ciudadanos indígenas a diputados y senadores.
La propuesta, turnada a la Comisión de Gobernación y Población, plantea que en al menos 28 distritos uninominales se presenten fórmulas con población nativa, determinadas previamente por el INE, y que una de cada 10 candidaturas sea ocupada por un poblador originario, hasta agotar cada lista.
Explica el legislador que los partidos políticos y/o coaliciones deberán acreditar la vinculación del aspirante con la localidad a la que pertenezca, mediante constancias expedidas por las autoridades comunitarias electas, de conformidad con las disposiciones de sus propios sistemas normativos, y en donde conste que han prestado servicios comunitarios o desempeñado cargos tradicionales en la población o distrito.
Además, el candidato debe participar en reuniones de trabajo tendentes a mejorar dichas instituciones o resolver conflictos que se presenten en torno a ellas dentro de la población, comunidad o distrito indígena por el que pretenda ser postulado; o ser representante de alguna comunidad o asociación que tenga como finalidad mejorar o conservar sus organizaciones.
Uno de los objetivos de la propuesta es contrarrestar la desigualdad estructural que sufren estas comunidades, ya que el porcentaje de candidaturas a diputaciones federales es muy reducido, debido a que los partidos no registran suficientes fórmulas de indígenas, ni siquiera en aquellos distritos electorales en donde representan más del 40 por ciento de la población.
