Más de ¡3 millones! de llamadas desde penales, para extorsionar
Luis Muñoz lunes 7, Ene 2019Segunda vuelta
Luis Muñoz
De la delincuencia no nos sorprende nada, o casi nada, pero sí de la facilidad con la que son capaces de realizar unas ¡3.7 millones! de llamadas al año desde las cárceles, seguramente con la tolerancia de las autoridades penitenciarias.
De acuerdo con el diputado panista Jorge Luis Preciado Rodríguez, la delincuencia organizada realiza ese elevado número de llamadas desde teléfonos celulares y casetas fijas en penales federales y estatales, las cuales en su mayoría son para extorsionar, con base en un informe del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Ante esta situación, plateó sancionar hasta con 4% de sus ingresos a concesionarias que incumplan con obligación de bloquear las señales de telefonía celular.
La Comisión de Comunicaciones y Transportes analiza reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a fin de establecer con claridad las sanciones para las concesionarias telefónicas que incumplan con la obligación de bloquear las llamadas provenientes de los centros penitenciarios.
La iniciativa impulsada por el diputado Preciado Rodríguez, plantea crear un capítulo denominado “Sanciones en materia de Seguridad y Justicia”, a fin de considerar una multa equivalente de 1.1 a 4% de los ingresos del concesionario o autorizado que no cumpla con dicha obligación, y en caso de reincidencia revocarle la concesión.
El legislador destaca que el Comité Especializado de Estudios de Investigación en Telecomunicaciones expone que cada semana, en un solo penal, se realizan hasta 219 mil 700 llamadas y en algunos centros penitenciarios estatales se hacen en siete días más de 43 mil llamadas, usando solamente 90 equipos, y en federales más de 19 mil, con igual número de equipos.
Este panorama, “revela la notoria falta de cumplimiento con la obligación contenida en la fracción VIII del artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión”.
Dicho ordenamiento precisa que los concesionarios de telecomunicaciones deberán colaborar con las autoridades competentes, para que, en el ámbito técnico-operativo, se cancelen o anulen, de manera permanente, las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen, dentro del perímetro de los centros de readaptación social, establecimientos penitenciarios o de internamiento para menores, ya sean federales o de las entidades federativas, cualquiera que sea su denominación.
Preciado Rodríguez argumenta que las concesionarias tienen el deber de bloquear las llamadas que salgan de los centros de readaptación social y penitenciarios, pero no se satisface a cabalidad y el IFT tiene la responsabilidad de exigirles la observancia de este compromiso o, en caso contrario, “tomar la medidas necesarias para que se dé cumplimiento a lo mandatado por la ley, lo que traería consigo la disminución considerable, a medio plazo, de la extorsión por medio de llamadas telefónicas”.
Actualmente no pasa nada con las empresas de telefonía que incumplen la ley…
Segob y el caso de refugiados
Todas las solicitudes para obtener la condición de refugiado en el país deben tener respuesta eficaz por parte de la Secretaría de Gobernación, señaló el diputado Ulises García Soto, de Morena, secretario de la Comisión de Asuntos Migratorios, quién planteó que la dependencia debe implementar mecanismos que respondan a dichas solicitudes que presenten migrantes centroamericanos en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.
Pidió, además que la Segob realice y fortalezca programas para la integración y el pleno reconocimiento del Estado mexicano de los migrantes que decidan quedarse en nuestro país, a través de su petición de refugio, a fin de garantizar sus derechos humanos y laborales y el acceso a todos los servicios de bienestar social.
En un punto de acuerdo turnado a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen, señaló la necesidad de una estrecha coordinación entre los tres órdenes de gobierno, en particular con las entidades que presentan mayor incidencia de flujos migratorios, para asegurarles la protección y respeto de sus derechos, conforme a la Constitución Política y los tratados internacionales firmados por México.
