Busca Morena reducir gasto en Cámara baja por mil 791 millones
Nacional jueves 2, Ago 2018- Con 7 medidas
Morena presentó programa de austeridad con 7 medidas para obtener ahorros en San Lázaro.
El diputado federal electo, Alfonso Ramírez Cuéllar, presentó un programa de austeridad para la Cámara de Diputados, el cual permitirá una reducción de mil 791.5 millones de pesos.
En conferencia de prensa, señaló que dicho plan va acompañado de modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, en donde se de paso a un sistema de sanciones y estímulos que permitan un mejor desempeño en el trabajo legislativo y sin gastos onerosos.
“Terminaron los tiempos de moches, la duplicidad de funciones, opacidad, discrecionalidad en el gasto. Planteamos medidas para reducir el presupuesto asignado a la Cámara de Diputados, que permita ahorrar anualmente aproximadamente dos mil millones de pesos”, dijo.
Y agregó: “En estos cuatro meses que le restan al año, deberá aprobarse un nuevo marco regulatorio que permita un parlamento abierto y transparente”.
Ramírez Cuéllar adelantó que solicitarán para el 2019 un presupuesto de 6 mil 500 millones de pesos, 2 mil millones de pesos menos que el que fue presupuestado para el 2018, que asciende a 8 mil 439 millones de pesos.
Dijo que para lograr dicha reducción se impulsarán siete medidas, siendo la primera, la reducción de plazas superfluas en la Secretaría General; de Servicios, Contralor, Jefes de Unidad y algunas direcciones generales; seguida de una reestructuración laboral con el personal de confianza y los mandos superiores, con ajustes salariales que van del 58 al 25%, lo que permitiría ahorrar 208.5 millones de pesos.
“Tercera, eliminar prebendas como bonos, seguros de separación, de vida o gastos médicos mayores, ahorro de 205.6 millones.
Cuarto, reducir viajes, viáticos nacionales y extranjeros, pago de pasajes y gastos de promoción personal, lo que equivale a 123.8 millones”, detalló.
El legislador electo indicó que como quinta medida, está la reducción de la dieta parlamentaria del 50%, lo que genera ahorros por 316.1 millones de pesos; sexta, compactar el número de comisiones a través de erradicar la duplicidad.
Así como restructurar la plantilla laboral de los órganos de gobierno (Mesa Directiva y Junta de Coordinación Política), para así eliminar asesores con sueldos de más de 1 millón de pesos anuales, teniendo como beneficio 335.2 millones de pesos, precios el morenista.
Poder Judicial reorientará su gasto en busca de mayor austeridad
Por su parte, el Poder Judicial de la Federación anunció una reorientación en algunas de sus estrategias y acciones que permitan ejercer sus funciones con mayor eficiencia, eficacia, racionalidad y austeridad en el ejercicio del gasto público, sin comprometer su autonomía e independencia.
Para ello, se instruyó a las unidades administrativas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que elaboren los respectivos proyectos de presupuestos de Egresos para el ejercicio 2019, los cuales deberán someterse a la aprobación de los plenos.
Durante la declaratoria de apertura del segundo periodo de sesiones, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar Morales, reconoció que el país enfrenta retos en lo económico, en lo político y en lo social “y el Poder Judicial de la Federación no es ajeno a estos retos”.
En ese sentido indicó que la reorientación del gasto deberá basarse en tres directrices: Revisar la política de inversión pública en materia de bienes, servicios y obra, a fin de solo ejercer recursos públicos en aquellos rubros que sean estrictamente indispensables, disminuyendo gastos no prioritarios como la compra de vehículos, remodelaciones, mobiliario y equipamiento en general.
La segunda directriz es: Revisar la política en materia de servicios al personal para disminuir gastos en congresos, convenciones, ceremonias, viáticos, subsidios, gasolina, actividades culturales y deportivas, así como apoyos económicos en general no indispensables para la adecuada impartición de justicia.
Mientras que la tercera es: Profundizar en la política de racionalidad, disciplina y ahorro que se han instrumentado en los últimos años, que no impida cumplir con las obligaciones que imponen el marco constitucional y legal que rige el servicio de impartición de justicia federal en beneficio de la población.
