Diego y el EZLN
Ángel Soriano miércoles 5, Ene 2011Desde el portal
Ángel Soriano
No es un asunto meramente policiaco el determinar la autenticidad del comunicado donde el EZLN se adjudica el secuestro del abogado Diego Fernández de Cevallos, pues por las declaraciones del afectado el plagio tiene significado político e ideológico.
Desde luego que por tratarse de un delito que se persigue de oficio -como lo estableció el mismo ex candidato presidencial- corresponde a las autoridades castigar a los responsables del hecho, pero desde su posición como católico, ya los perdonó. El supuesto EZLN, a su vez indica que “la lana” producto del plagio la utilizará para desmantelar el actual sistema político injusto que se vive en nuestro país.
En México nos hemos acostumbrado a ver los hechos desde un punto de vista muy superficial. Tanto Diego Fernández como sus plagiarios, indica el mismo prominente panista, tienen puntos de vista diferentes y cada quien va por el camino que considera el mejor. Se trata pues de una lucha política e ideológica en la que nada tiene que hacer la policía, pues se trata de confrontaciones sobre métodos y formas de llegar al poder.
Ocurre lo mismo con el combate al narcotráfico; no se distingue -o se distingue muy bien- que en esta actividad están involucrados, tanto servidores públicos de todos los niveles en la administración federal, estatal y municipal, que colaboran activamente como parte de la corrupción prevaleciente en nuestro país y cuyo desmantelamiento implicaría graves consecuencias.
En estos hechos se involucra también la actividad política; se le considera ya como una narcoguerrilla con claros tintes políticos e ideológicos, de tal manera que las acciones delictivas obtienen ya otra connotación que obligan, necesariamente, al Estado mexicano a reenfocar su lucha en contra de la delincuencia que ahora cobra un sesgo diferente y que merece otro trato.
Definir si en verdad se trata de acciones de narcoguerrilla, guerrilla social y política, delincuencia organizada o común, corresponde al Estado mexicano y a sus corporaciones definirlo y combatirlo en todas sus modalidades, a menos que, en este año preelectoral, queden definidos con precisión los espacios de acción para el castigo de delitos y para la actividad política.
TURBULENCIAS
Supervía y clero contra Ebrard
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