Ni siquiera un gran fraude electoral los salvará de la cárcel

Francisco Rodríguez viernes 15, Jun 2018

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Francisco Rodríguez

 

 

Iñaki Urdangarin, el cuñado del rey de España, fue sentenciado por el Supremo de Madrid a cerca de seis años de cárcel por cometer un delito de triangulación de fondos públicos, a través de la Fundación Noos, por un poco menos de la décima parte del costo de cualquier socavón mexicano. Su abogado confió a un reportero que el delito del cuñado era que, ¡desafortunadamente, el estropicio no fue cometido en México! Que si sí… sí.

La infanta Cristina, su esposa, perdió automáticamente todas las prebendas del ducado de Parma, fue defenestrada de cualquier privilegio relacionado con la Corona y los dineros presupuestales que ello implica. Cualquiera que oliera a partícipe en este asunto sufrió graves consecuencias, que es difícil sean remontados por cualquier otra instancia judicial española. Es un asunto de interés público, y están en jaque los borbones.

Mientras, aquí en el rancho grande, todas esas peccata minuta de la corrupción han pasado a ser anécdotas de lo chusco, formas manipuladas para encubrir los daños mayores de una rapiña que sistemáticamente ha minado con la estructura de la democracia, la integridad de las víctimas, el poco prestigio del país. ¡Adelante con los faroles!

Legisladores ignoran cómo es que un video puede ser prueba plena

Es tan profunda la desconfianza del respetable hacia la honorabilidad del sistema de procuración y administración de la justicia que se cae en excesos en la búsqueda de su aplicación correcta. La corrupción lo invade todo, hasta las suspicacias. Hasta la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión se inoda, se cuelga de cualquier gancho para según ella deshacer entuertos.

Es una joya de la mentecatez lo que acaba de pasar en el sistema político: la comisión de marras exhorta a la PGR para que, en un plazo de diez días —antes de la temida elección presidencial— informe al público expectante sobre la procedencia de que atraiga o no el video por lavado de dinero en contra del llamado Niño Maravilla, Ricardo Anaya, prócer de la transparencia.

Diputados y senadores excelsos de la comisión de lástima ignoran paladinamente, no obstante su furiosa formación académica tantas veces proferida, que para que un video sea admitido como prueba plena, tiene que demostrarse que ha sido obtenido previa autorización en indagatoria de autoridad ministerial o judicial.

El agente encubierto es un testigo que debe ser autorizado por un juez a solicitud del Ministerio Público para realizar al indiciado en cuestión cualquier espionaje telefónico o tecnológico, después de haber revisado la autenticidad, para no caer en dar pruebas de fe a cualquier montaje o improvisación.

Pero eso son resacas de otra borrachera. Como México no hay dos. Así que la PGR tiene que brincarse todas las nopaleras y decidir si existe o no la evidencia en juego, puesta sobre el tapete por el mismo presidente en funciones de la Cámara de Senadores, el infame Ernesto Cordero, un producto de la maloliente ralea Calderón Hinojosa, de rancia procedencia y legitimidad. No sólo se politiza la justicia, también se judicializa la política.

No es que no sea cierto. El video en cuestión sí evidencia a tirios y troyanos que los hechos delictuosos existen, como todo lo que, si investigamos, existe en el sistema corrupto y decadente que nos ha hecho titanes de la inmundicia política. Pero hay una cuestión de procedimientos, una salvedad de formalidades que siquiera deberían respetarse para obtener el perdón presidencial por haber caído en las garras de su orgullo.

Lo cierto, es que Ricky Riquín Canallín está metido hasta las orejas que porta. Nadie lo puede salvar de su culpabilidad comprobada en todas sus formas y presentaciones. La campaña ha demostrado que puede ser un clon en potencia, un émulo perfecto de otro sinvergüenza de siete suelas que ya padecimos, el torvo Carlos Salinas de Gortari. Y ya no está el horno para esos impúdicos bollos.

Más le hubiera valido a Riquín Canallín no haber impuesto su postulación que sólo ha servido para exhibir públicamente sus miserias. Le levantaron las faldas. Sólo falta que se conozca quien fue su abuelo. La venganza de Peña Nieto, indignado por la amenaza de llegar a la cárcel si Ricky gana, lo lleva a actos propios de un ¿fiscal de huarache y toga. Está absolutamente deschongado.

En su loca aventura, Peña Nieto llegó a evitarle al PRI la pena de dar una pelea digna por el segundo lugar en la contienda, si aceptara que su candidato Meade declinara por el panista, quitarse la máscara de una vez por todas para dar una batalla creíble. Pero sigue empeñado en el fraude electoral que destroce cualquier posibilidad mexicana en la economía, en la política y en el futuro del país.

Peña Nieto no conoce, ni se imagina, los laberintos y tiquismiquis de su nuevo sistema penal acusatorio que él mismo defendió hasta la ignominia. Todo por no estudiar, ni siquiera leer. De El Niño ñoño Nuño tampoco puede esperarse gran cosa: están maquillados para perder, y hasta para acabar en bartolinas y humedades lóbregas. De los costosos cuartitos de guerra y de sus asesores de pacotilla, menos. Tarde o temprano también caerán.

Ellos son capaces de cualquier extremo, hasta de acusar a los punteros de parentescos políticos inexistentes, de complicidades ignotas, de actos de corrupción que jamás han sido cometidos, de involucrar a gente del prestigio del ingeniero Javier Jiménez Espriú en delitos que ni conocen. De publicitar delitos contra un honor desconocido que sienten lastimado. Todo, por obtener el segundo lugar, por convertirse desde las cámaras y gubernaturas y congresos locales en oposición para defender sus marrullerías.

Ven cualquier paja en ojo ajeno como argumento ideal para encubrir las vigas en el propio. Todo aquél sospechoso de lo que se quiera, lo es, por el simple hecho de no estar autorizado por la camarilla para violar las leyes humanas y hasta divinas. Ellos poseen la vara de la virtud y de la decencia. Se les viene encima una tragedia, en la que cualquier antecedente puede ser mejor.

Por lo pronto, la obsecuencia de los priístas por defender su honorabilidad (sic) quiere lograr el objetivo de que sólo sean juzgados, desde luego, conforme a derecho, los chivos expiatorios que tiene preparados para lavar sus culpas: Lozoya, de Odebrecht; Ruiz Esparza, de los $ocavones y aeropuertos fictos; Rosario Robles, la despreocupada eterna enamorada, y cualquier otro charal de esos arroyos.

Afortunadamente la opinión pública nacional e internacional ya se dio cuenta que los principales responsables de todos los desaguisados del sexenio no son otros que Peña Nieto, Videgaray, Meade y la cauda inmunda de coyotes, favoritos y consejeros que han dirigido todos los delitos de lesa patria y aún de lesa humanidad que se cometieron y siguen cometiéndose contra la patria.

Si el sistema judicial interno no es capaz de asimilar sus procesos, para eso están los tribunales internacionales que ya se lamen los bigotes por llegar hasta el fondo de la investigación de Odebrecht, Estafa Maestra, Ayotzinapa, Tanhuato, Tlatlaya, OHL, contratos petroleros, subastas y remates del patrimonio nacional que forzosamente se acumularán. Es muy larga esa cola, usted lo sabe. Confían en ganar el primero de julio. Le apuestan a boletas manipuladas, a la compra de identificaciones electorales, a todos los sortilegios de sus mapaches, a las cantidades absurdas de nuestro dinero que gastarán en la compra de conciencias, vaya, hasta en lápices para votar cuyos trazos pueden borrarse minutos después de haber sido marcados en la urna.

El veredicto de la conciencia nacional ha sido dado. De ésta ya no los libran ni Humberto Castillejos, ni Raúl Cervantes, ni Lorenzo Córdova, ni Janine Otálora, ni la Corte de Justicia, ni los conciliábulos de comentócratas televisivos, ni el sursum corda. Aunque los delitos se cometan en México, señores de la Real Audiencia ibérica.

Y es que también aquí se cuecen habas, cuando el daño es irreparable e insoslayable. ¡Todos a la báscula!

¿No cree usted, estimado elector?

Índice Flamígero: Inerme, el gobierno de Enrique Peña Nieto sólo ve cómo se acumula el número de asesinatos de candidatos a puestos de elección —sobre todo en el ámbito municipal—, sin siquiera atreverse a tomar cartas en el asunto. Las reiteradas declaraciones y lamentaciones del encargado de la seguridad en el país, Alfonso Navarrete Prida, no alcanzan para cubrir el dolor de los deudos y la vergüenza ante el mundo por el retroceso que el país registra a, prácticamente, la era de las cavernas. Los últimos sexenios, de Fox a EPN, convirtieron a la principal de las responsabilidades del Estado en sólo un pingüe negocio: compra de armas, creación de cuerpos policiacos cuyos elementos son “prestados” por el Ejército”, compra de equipos de inteligencia a precios alzados que sólo sirven para espiar a los contrincantes y a los periodistas críticos… Y la inseguridad en su apogeo. Creciendo. Mientras, Peña, en el autoengaño: que el país está de maravilla, que su propia actuación, inmejorable. ¿En qué mundo vive, por Dios? ¡Ya basta!

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