Tribunal exhibe indolencia y colusión de Peña Nieto en el caso Ayotzinapa
Francisco Rodríguez viernes 8, Jun 2018Índice político
Francisco Rodríguez
Durante 150 años hemos sido bombardeados por mitos que han alimentado dictaduras, despotismos, superioridades raciales y regionales de caciques y caudillos, dogmas de fe, andanadas privatizadoras de bienes y recursos públicos, populismos de izquierda y derecha, y una serie de estupideces republicanas sin rumbo ni sentido social.
La pax porfiriana, la modernidad institucional, el desarrollo estabilizador y los hombres que sí saben cómo hacerlo, han sido la escenografía errática y compulsiva que se ha puesto sobre el tapete para argumentar el ejercicio despótico del poder descarnado. Obviamente, la gente está hasta el cogote de tanta estulticia de fanáticos.
Los intelectuales —por cuales—- al servicio del poder neoyorquino de George Soros, esto es, casi todos los que existen gracias a los platós televisivos y nuestro dinero, desesperados por la pérdida de su influencia autoinmune tratan de inyectar más argumentos sobre la sangre molida de los mexicanos. Es su última oportunidad para sobrevivir como grandes magnates a nuestras costillas.
Se la pasan diciendo a no sabemos quién, porque en México han perdido autoridad, que los excesos del poder absoluto del presidencialismo cuentan con sólidos valladares, a saber: “la división de poderes, la independencia del Poder Judicial, la libertad de opinión en la prensa y los medios” y las zarandajas del poder autónomo de organismos de cartón.
Continúan diciendo que México es ya un país sumamente descentralizado en términos políticos y diversificado en su economía. Juran por ésta que el federalismo es una realidad tangible, los gobernadores de los estados tienen márgenes de maniobra e independencia frente al poder central.
Dicen que dos protagonistas históricos, la Iglesia y el Ejército, representan por sí mismos un límite a las pretensiones del poder presidencialista absoluto o a un intento de desestabilización: la Iglesia, afirman, se ha decantado por el respeto al voto y el Ejército es institucional. ¡Lástima, Margarito!
Pero jamás se imaginaron vivir en medio de esta vorágine de la opinión pública mexicana, alerta y previsora, que ante la renovación ineludible de poderes el próximo primer domingo de julio ha decidido optar por el cambio de régimen, de gobierno, de modos y de maneras en lo administrativo, legislativo y judicial.
Asimismo, jamás se imaginaron que sus mentiras iban a cansar y que el empuje de esta fuerza arrolladora de opinión iba a arrasar a su paso con todas esas pingües costumbritas de tapar el sol con el dedo de los lenguaraces. Por lo pronto, un tribunal de distrito, apoyado en la opinión popular que se avecina, ha decidido lo inesperado:
Echar abajo las verdades históricas de los cansados de la PGR y desestimar todas las investigaciones de la PGR sobre el crimen de los muchachos de Ayotzinapa, así como sacar a la luz las inconsistencias de las líneas y las pesquisas del análisis ministerial sobre ese crimen y llamar a una nueva Comisión de la Verdad que investigue la participación del Ejército y del Estado en la tortura y masacre de la sierra guerrerense.
Parece mentira: los ciudadanos de a pie nos dimos cuenta de que una sola sentencia de un tribunal recto puede derrumbar 150 años de mitos sobre la infalibilidad y la decencia de hombres providenciales, salvíficos y honorables que” sólo querían el bien para el pueblo” y resultaron más falsos que un billete de dos pesos.
La sentencia, apoyada en la fuerza creadora de opinión que despertó el candidato puntero en la solicitud para que la ONU y el Tribunal Internacional de La Haya intervengan en aclarar y castigar los crímenes de lesa humanidad que se han ejecutado en favor del narcotráfico ha calado hondo. Puede ser el presagio de todo lo que se viene, inexorablemente.
Por lo pronto, la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y todas las oficinas investigadoras de la seguridad nacional del masiosare respondieron con una inmediatez digna de encomio: a coro reprodujeron un boletín insulso que habla de que el Poder Judicial no entiende la separación de poderes.
Así como usted lo lee: que el Poder Judicial se malmetió en asuntos exclusivos de la autoridad ministerial dependiente del sacrosanto Poder Ejecutivo y echó por tierra un cuidadoso tejido argumentativo que demuestra palmariamente que los 43 estudiantes de Ayotzinapa estaban coludidos con el narcotráfico. El burro hablando de orejas.
Es la primera vez en cien años de existencia de opinión pública que un tribunal federal echa abajo una actuación del Ejecutivo de tal tamaño. Nunca se había sabido de una “altanería” de este repercusión y magnitud. Se echó por tierra uno de los grandes mitos que nos han arruinado casi tanto como la pobreza que nos han recetado.
Es increíble lo que puede pasar cuando el pueblo puede quitarse las vendas de los ojos. La sentencia referida afecta todo el discurso de la percepción de la realidad, así como revela la verdadera estatura de los gobernantes y la baja estofa de los sicarios contratados por el aparato para destazar al pueblo.
El subdesarrollo, la miseria y la corrupción han generado a tantos detentadores de la violencia mítica como necesidades tiene cada región del país, como hombres y mujeres “dispuestos a sacrificarse por la patria” y dispuestos a asesinar por dinero, a exprimir el drama económico en el que estamos postrados.
Simplemente, no existe independencia del Poder Judicial, porque una golondrina no hace verano, es sólo presagio furtivo. Todos los demás señores justicia actúan por consigna y son corresponsales de la muerte de periodistas y luchadores sociales que, como los de Ayotzinapa, murieron por defender los bienes patrimonio popular de las minas guerrerenses.
Los medios se coluden con los fraudes electorales, entronizar presidentes y lucran con la tragedia humana en cuanto sismo o tragedia natural se presenta. El INE y el Trife han sido incapaces de evitar los fraudes locales del 2017. La descentralización política es un cuento chino, así como la autonomía de los gobernadores.
La competitividad y la productividad están en la calle de la amargura, los poderes locales reproducen los vicios de corrupción y malversación de fondos públicos y presupuestos enteros. La Iglesia no ha enfrentado la justicia en los reiterados casos de pederastia y participa en contra de abortos y matrimonios igualitarios.
La intolerancia, las políticas económicas concentradoras de privilegios y riquezas para los pretendidos hombres de negocios actúan sólo en su beneficio. El conservadurismo, la violencia, los feminicidios, el explotado tejido social, la desaparición forzada y la trata de personas son cuento de nunca acabar.
Estamos a punto de gritar a voz en cuello: ¡Basta de mitos y mentiras! ¡Viva la verdad!
Índice Flamígero: “Las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa continúan fragmentadas, muchas de las diligencias parecen quedar incompletas y no hay ninguna persona investigada por desaparición forzada, señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, se lee en el portal Aristegui Noticias. También que, hace dos días, “la CIDH, a través de su Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa, emitió un informe de balance tras el primer año de seguimiento a las recomendaciones hechas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). ‘El Mecanismo observa la falta de celeridad en alcanzar conclusiones tanto en las actividades de búsqueda, como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación señaladas por el GIEI, aun cuando se estableció un cronograma para tal efecto que sigue pendiente y monitoreándose’, señaló la CIDH en un comunicado. Pese a que se incluyeron en el expediente las averiguaciones previas iniciadas en diferentes estados, el Mecanismo consideró que la investigación continúa fragmentada. ‘Preocupa a la Comisión que muchas de las diligencias parecen quedar incompletas, son descartadas o dejan de ser impulsadas procesalmente’. La CIDH ha solicitado al Estado mexicano que explique el cambio de narrativa dentro de la investigación ante la cantidad y la calidad de la información que obra en el expediente, pero no ha obtenido respuesta. Entre los pendientes del gobierno federal, la CIDH mencionó la determinación del grado de participación de la Policía Federal, del Ejército, las policías municipales y las autoridades estatales, así como la ejecución de algunas órdenes de aprehensión pendientes.”
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