Juez de Edomex legaliza despojos

Estado de México lunes 19, Feb 2018

• Cómplices: Fiscalía, magistrado, IFREM  
• Da por auténticas ¡escrituras apócrifas!
• Arbitraria entrega de terreno a pandilla
• Condena a víctimas y ampara delincuentes
• Acusan a Olvera Medina ante la Judicatura

Jose Luis Montañez

 

 

Ecatepec, Estado de México.- El juez Penal de Control de Ecatepec, Orlando Olvera Medina, despojó al panteón Mausoleos San Cristóbal de una fracción de 22 mil metros cuadrados de sus reservas de terreno para entregárselo a un grupo de delincuentes, a quienes con su sentencia le reconoció como válidos un legajo de documentos apócrifos como escrituras, poderes, contratos, planos, prediales y otros oficios sin soporte legal, aun cuando la Fiscalía Regional de Ecatepec y la empresa lesionada con este fallo injusto e ilegal, absurdo, arbitrario y de tintes sospechosos, exhibieron en la audiencia las pruebas correspondientes sobre los papeles falsificados, como la de un poder notarial protocolizado en 2006 por un notario público 16 años después de haber muerto en 1990.

En la burda trama con la pretensión de despojar al cementerio con el aval del juez Olvera Medina, se amafiaron desde un tiempo atrás —con un plan que incluía sobornos y compra de autoridades y funcionarios menores— se confabularon el magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México y ex alcalde de Ecatepec, Jorge Torres Rodríguez, con socios dedicados al fraude para apropiarse del inmueble; el fiscal del Transporte, Enrique Valdez García, junto con cinco de sus agentes del Ministerio Público, jefes y comandantes de la Policía Municipal, autoridades y personal del Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM) y el dueño de Administradora de Inmuebles Fernández, Joaquín Guillermo Fernández Urbán, contra quien existen sólo en la Ciudad de México unas 16 denuncias penales y civiles y otras en Morelos por despojos con el mismo sistema: documentos apócrifos, así como el grupo ejecutor, entre los cuales figura como cabeza y “propietario” del predio un sujeto de nombre Eduardo Gudiño Garnica, de 50 años, y que se presenta como “empresario”, e invasores profesionales capitaneados por José Ramírez Romero La Pepa, destituido como agente del Ministerio Público en San Cristóbal el 26 de febrero de 2016 y sujeto a proceso en la carpeta de investigación número 19431036002515 por extorsión y el ex policía municipal y abogado David Ornelas, quien despacha en oficinas del PRI de Ecatepec.

Maniobras de corrupción y fraude

Contra toda esta conspiración, la Fiscalía Regional de Ecatepec, presidida por el maestro Juan Francisco Hernández Aguilar, con su equipo, ha desempeñado un papel fundamental por investigar con apego a Derecho y la justicia y descubrir las maniobras de corrupción y fraude de esta banda al margen de la ley encaminadas a cometer el despojo y, con su proceder imparcial, ha retenido por el momento la sentencia fuera de la legalidad suscrita por el juez Olvera Medina, a favor de aquellos individuos, con la aportación de pruebas supervinientes, destacó el apoderado de los afectados, Armando Nicolás Sepúlveda en entrevista.

Contratos de compra venta, clonados y apócrifos

El último eslabón de esta gigantesca componenda o intriga de corrupción de autoridades de distintos niveles para atentar contra la propiedad privada y beneficiar a delincuentes organizados para apoderarse de inmuebles con toda impunidad, ha sido la registradora del Instituto de la Función Registral del Estado de México con sede en Ecatepec (IFREM), Erika Trejo Flores, quien el día de la audiencia entre las partes con el juez Olvera Medina el viernes 9 de febrero pasado, envió a la agente del Ministerio Público, Laura Alfaro Lemus, responsable de la carpeta, un legajo de contratos de compra venta y escrituras clonados y apócrifos, todos alterados a favor de aquel grupo falsificador, incluyendo tachaduras de folios en el oficio que daba cuenta y desglosaba la documentación solicitada por la Fiscalía e inclusive la funcionaria aseguraba en su informe que el resto de los terrenos donde se encuentra el panteón, “los inmuebles de la manzana 204 lotes B, E y F de la colonia actualmente conocida como Colonos de México, corresponden al inmueble denominado Potrero Chico”, también pertenecían a Gudiño Garnica.

Desoyen alegatos en las pruebas y documentales

Como en las altas escuelas de estos menesteres del fraude y el engaño, un enviado de la registradora Erika Trejo Flores esperó agazapado hasta cerca del mediodía a que la MP Alfaro Lemus saliera aprisa de su oficina en San Cristóbal, “al cuarto para las doce”, rumbo a la audiencia convocada en los juzgados penales de Chiconautla, con el número de carpeta auxiliar 233/17 a las 12:00 horas, para abordarla y entregarle los mamotretos que convalidaban el despojo, con la perversa intención de que no tuviera tiempo de revisarlos y constatar su autenticidad, según denunció Nicolás Sepúlveda, apoderado legal de la parte afectada, con la decisión del juez Olvera Medina, quien desoyó en los alegatos las pruebas y documentales sobre los papeles apócrifos con base en los cuales emitió su sentencia: “Entrego la propiedad (a Gudiño Garnica) porque estos documentos del IFREM demuestran que es el auténtico propietario…y el IFREM es una autoridad”, recalcó varias veces el juez, luego de que el abogado de los invasores profesionales, David Josué Moreno Cano, había informado a “su señoría”, sin recato alguno, que acababa de recibir copias del legajo de Trejo Flores cuando dichas “escrituras” apenas las había recibido la Fiscalía, lo que le pareció “muy suspicaz” a la agente del Ministerio Público y despertó las sospechas de todos los asistentes a la audiencia, menos la del juzgador. Tanto la representación de Mausoleos San Cristóbal, encabezada por la administradora única, Ana Berumen Reyes, como la Fiscalía, insistieron ante la terca e intolerante actitud del juez Olvera Medina para que dejara pendiente su fallo hasta que no concluyera la investigación y se reafirmara la verdad con otros oficios por recibir para contener el fraude procesal que estaba en marcha aparejado al despojo. “Como si quisiera exhibirse como un juez imparcial y justo, Olvera Medina recalcó con voz en tono engolada y lenguaje corporal falsos que “la justicia debe ser pronta y expedita y resuelvo hoy devolver el inmueble a Gudiño Garnica…”, recordó Sepúlveda con la prueba del video de la audiencia donde Olvera Medina hace una apasionada defensa del grupo de delincuentes mejor que su abogado, siempre con “la prueba de una autoridad como es el IFREM”. Tampoco quiso saber “su señoría” por qué la defensa de Gudiño Garnica poseía ya copias de un legajo que la Fiscalía acababa de recibir unos minutos antes, ni entrar en análisis inclusive cuando se le puso frente al rostro de este juez, entre otras pruebas, un oficio del tesorero municipal, Miguel Ángel González Bárcenas, donde establece que, “de acuerdo con los archivos históricos de la Tesorería y el Catastro Municipal, somos los poseedores y propietarios del terreno, con planos manzaneros y al corriente del pago de impuestos y también reafirma que el predial de Gudiño Garnica es una duplicidad y, en consecuencia, no existe: se sembró en las pantallas digitales…”, subrayó Nicolás Sepúlveda, mostrando la documental. Explicó que el terreno de las reservas estratégicas del panteón Mausoleos San Cristóbal se ha destinado, mientras se ocupa en su giro concesionado, para arrendarlo en sólo unos 400 metros cuadrados a los señores loteros de autos, que dirige Esteban Hernández Loa y sus familiares, donde la Fiscalía del Transporte sembró un automóvil como robado para asegurar el inmueble y ponerlo en manos de los invasores profesionales. Y otra parte del inmueble viene desde hace años funcionando como Universidad UNIVAMEX (Universitario del Valle de México), con más de un centenar de alumnos de carreras y maestrías, como parte de una sociedad entre esta institución y Mausoleos San Cristóbal en apoyo a la educación. Esta parte del terreno también la codicia el grupo de delincuentes con documentos apócrifos, según ha quedado demostrado por el mismo IFREM, después de su desliz.

“Siembran” un auto dizque robado, para asegurar el terreno

Al juez Olvera Medina se le informó en la audiencia que la carpeta inicial de la Fiscalía del Transporte abierta después de que el fiscal y sus ministerios públicos en Ecatepec sembraron un auto dizque robado, pero sin reporte en Repuve, para asegurar el terreno, fue saqueada y desaparecieron las pruebas de Mausoleos San Cristóbal: decenas de fojas, incluyendo la comparecencia del representante legal, recordó Nicolás Sepúlveda. Agregó que el propio fiscal del Transporte, Valdez García, selló con su mano una copia certificada de la carpeta ya saqueada que entregó al apoderado y hasta le dijo, cuando se le denunció la desaparición de dichas constancias, que ante estos hechos graves, dejara de decirle cosas y que en todo caso podía ir a presentar una queja a la instancia correspondiente: estaba nervioso y contradictorio. Valdez García había usado a cuatro agentes del Ministerio Público, encabezados por Laura Cecilia Turcotte Peláez y su esposo, Efraín Méndez Gómez, Diana María Lozano Torres y Ángela Edith Cruz Hernández y, como si fueran por un capo de capos, unos setenta soldados, marinos y policías judiciales y municipales, para tomar por asalto el 17 de julio de 2017 el terreno propiedad de Mausoleos San Cristóbal, en un burdo cateo para “encontrar” en el pequeño espacio de 400 metros cuadrados del lote de autos el carro sembrado por ellos mismos como robado, sin haber ningún reporte en el Repuve, salvo uno del 21 de febrero de 2008 y que fue recuperado el mismo día. “Sálganse a chingar a su madre hijos de… o se las partimos…”, había amenazado a su arribo Turcotte Peláez y sus colegas a los albañiles Martín y Juan Vargas Retana que, contratados por Mausoleos San Cristóbal, llevaban meses, desde abril, construyendo allí una barda perimetral paralela a la banqueta de la calle Francisco Márquez y la Avenida Central o Carlos Hank González, con avance de 80 por ciento, como puede observarse desde la acera, así como el material que estaban usando para la construcción. Con el mismo lenguaje soez y vulgar trataron a los loteros de autos. Y para “devolver” a Eduardo Gudiño Garnica el terreno, el fiscal Valdez García utilizó el 15 de noviembre de 2017, a otro Ministerio Público, Rubén Meza Dueñas, otro falseario, quien nunca notificó a las partes afectadas y compareció con una carpeta que la propia Fiscalía del Transporte, en contubernio con el defraudador, habían saqueado de pruebas en su contra.

Documentos “clonados” en el fraude

Ante las evidencias, la Fiscalía de Ecatepec realizó el pasado martes 13 una visita de inspección ministerial a las oficinas del IFREM de Ecatepec, con peritos y policía de investigación, para cotejar libros, partidas y volúmenes con las “escrituras” enviadas con actitud dolosa, a última hora, por la registradora el viernes 9 anterior, minutos antes de la audiencia. Sin embargo, la registradora, Erika Trejo Flores, intentó bloquear la diligencia, impidiéndole al principio al Ministerio Público el acceso a los documentos originales con el argumento baladí o malicioso de que “están emplayados”, mas fue obligada por la autoridad a exhibirlos de inmediato y, de esta manera, se reafirmó que sus documentos estaban clonados y que los dos contratos de Gudiño Garnica y compañía y otros con que pretenden hacerse pasar por los dueños de dos terrenos de 22,000 y 30,000 metros cuadrados, propiedad de Mausoleos San Cristóbal y con los cuales el juez Olvera Medina les entregó la propiedad, pertenecen a otras personas, están ubicados en Chiconautla y sus dimensiones son de 120 metros cuadrados y 79.38 metros cuadrados, respectivamente, aun cuando “su señoría” insistiera cuatro días antes, como si fuera la defensa de los defraudadores, que eran “escrituras con toda la legalidad avalada por el IFREM…”. Al final de la diligencia, la registradora Erika Trejo Flores, reconoció de manera formal ante la Fiscalía que los contratos de compraventa privados de Eduardo Gudiño Garnica carecen de sustento y “fueron indebidamente ingresados al libro de legajos del volumen 942”.

Luego de confirmarse que las “escrituras” de Gudiño Garnica con que el juez Olvera Medina les devolvió el predio propiedad de Mausoleos San Cristóbal, eran clonadas y falsas, la Fiscalía entregó el miércoles 14 pasado a dicho juez un escrito con la relación de esas evidencias como pruebas supervinientes y solicitó un término más amplio, en vez de los tres días acordados el 9 de febrero pasado, para levantar el aseguramiento del inmueble, ubicado en Avenida Central sin número, esquina con la calle Francisco Márquez, colonia Colonos de México, con que el juzgador daría físicamente la propiedad al impostor Gudiño Garnica, detrás de quien se halla el magistrado Jorge Torres Rodríguez y el inmobiliario Joaquín Guillermo Fernández Urbán. Este individuo tiene cuentas pendientes con la justicia, como lo denunció Luis Miguel Campos, el abogado de otras víctimas en la Ciudad de México, “donde –informó en la primera plana del diario Reforma del lunes 9 de octubre de 2017– está acusado de 16 despojos de propiedades mediante la falsificación de escrituras, contratos e identificaciones y la complicidad de funcionarios… ya ha sido procesado por al menos uno de esos atracos y su modus operandi inicia con funcionarios de nivel menor en el Registro Público de la Propiedad, el Registro Civil y el Archivo General de Notarías. Investigan propiedades abandonadas o de personas de edad avanzada y, una vez elegido el inmueble, inician una andanada con escrituras falsas, suscritas por notarios fallecidos o cómplices para hacer valer contratos apócrifos de compraventa de fecha anterior a las verdaderas y en ese proceso falsifican identificaciones oficiales y presentan demandas civiles para apropiarse de los bienes, con la complicidad de funcionarios judiciales”, detalló el diario Reforma.

Se apropian de lo ajeno con papeles “chafas” y anuencia de “autoridades”

Entre tanto, Mausoleos San Cristóbal solicitó una audiencia con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Sergio Javier Medina Peñaloza, a través de su secretaría particular, que preside Amadeo Lara Terrón –a quien ya se le describió la arbitraria e injusta decisión de su juez Olvera Medina de despojar a la empresa dando validez a documentos apócrifos y se espera su atención a la brevedad– antes de que, como pretende “su señoría”, ratifique su apoyo a los defraudadores que se apropian de lo ajeno con papeles falsos y anuencia de “autoridades”, informó Nicolás Sepúlveda.

Por cuanto al papel central del magistrado y ex alcalde de Ecatepec, Jorge Torres Rodríguez, en este episodio, en complicidad con su socia, María Evangelina González Medina, poseedora de al menos cinco poderes falsos y tres contratos igual de apócrifos para despojar propiedades de Mausoleos San Cristóbal, ha tratado varias veces de adueñarse del inmueble. Y así promovió a tras mano un juicio civil en 2013, con documentos apócrifos, para intentar apropiarse del mismo lote de Mausoleos San Cristóbal. Usaron entonces un poder fraudulento el 30,014 del notario 85 del Distrito Federal, Rodrigo Vargas y Castro –que fue anulado el 14 de junio de 2014 por el juez Tercero Mercantil de Naucalpan, Gustavo Alfonso Ocampo García en el expediente 56/2013. Un poco antes de aquellas fechas, Torres Rodríguez viajó con su cómplice a Coatzacoalcos, Veracruz, a convencer al notario veracruzano, Javier Egremy Gracia, quien había sido su tesorero en el Ayuntamiento de Ecatepec de 1997 a 2000, para que le protocolizara el despojo con papeles amañados. Empero, Egremy Gracia le sugirió al actual magistrado de lo Contencioso Administrativo con sede en Tlalnepantla, que mejor buscara a la notaria de Acayucan, Veracruz, Margarita Ferat Meza, famosa en la región por prestarse a estos enjuagues, con cuyo protocolo realizaron una “escritura” de cesión de derechos, según informaría meses después el propio notario de Coatzacoalcos a los apoderados de Mausoleos San Cristóbal, en una visita al ex Puerto México, para indagar sobre este fraude. Ambas “escrituras” fueron anuladas por el juez, junto con las esperanzas de Torres Rodríguez y compañía de cometer el despojo.

Poco después, a fines de 2014, el ex alcalde Jorge Torres Rodríguez inició otro juicio civil en el Juzgado Tercero de Ecatepec con número de expediente 531/2015, con contratos apócrifos de cesión del mismo terreno reserva del cementerio que figura en la concesión, ahora en su calidad de apoderado del beneficiario Miguel Ángel Berumen González, hijo de María Evangelina González Medina, con todas las facultades, incluyendo el traslado de dominio. Sin más pruebas que algunos escritos donde ofrece como testigos a ex empleados de su gestión municipal, Torres Rodríguez se presentó también como interesado en el inmueble con una asociación en participación, donde figuran como consejeros y accionistas mayoritarios el propio actual magistrado contencioso y su esposa Irma Mayén y como socios otra vez, María Evangelina González Medina e hijos  –a nombre de quien han exhibido para consumar esta transa tres poderes fraudulentos, uno de Vargas y Castro, otro ante el notario 75 del Distrito Federal, Francisco Javier Gerardo Oliveros Lara, y uno más ante el notario número 1 de Ocampo, Tlaxcala, Juan José Brindis Silva, este suspendido en sus funciones desde septiembre de 2017 por fraudulento—, así como un poder “protocolizado” la misma fecha del instrumento de Vargas y Castro, el 9 de agosto de 2006, por el notario 36 del Distrito Federal, Manuel Borja Martínez, quien sin embargo había fallecido 16 años antes de “protocolizarlo”, es decir murió el 3 de diciembre de 1990, según informó el director general Jurídico y de Estudios Legislativos del DF, Salomón Díaz Alfaro, en un oficio fechado el 7 de diciembre de 1990 y publicado en la página 19 del Diario Oficial el 9 de enero de 1991.

Venden dos veces el mismo terreno

La socia del magistrado Torres Rodríguez, la susodicha María Evangelina González Medina, vendió el 9 de diciembre de 2006 dos veces el mismo terreno de Mausoleos San Cristóbal a la misma persona, el inmobiliario de Morelos, Joaquín Guillermo Fernández Urbán, con los poderes apócrifos: mediante la escritura 35,180 del notario Oliveros Lara respaldada con el “poder” protocolizado por un muerto, el notario Borja Martínez, pactó el trato en 12 millones 500 mil pesos y con el instrumento 44,052 del notario Brindis Silva malbarató el inmueble el mismo día en 900 mil pesos, según rezan ambos documentos en poder del reportero. Fernández Urbán, de 49 años y originario de Morelos, dueño de Administradora de Inmuebles Fernández, quien enfrenta juicios civiles y penales y existe orden de aprehensión en su contra por falsificación de documentos y escrituras para apropiarse ilegalmente de 16 inmuebles en la Ciudad de México, con la complicidad de autoridades y notarías, según denuncia publicada por las víctimas en el periódico Reforma el 9 de octubre de 2017, hizo el traslado de dominio del terreno propiedad de Mausoleos San Cristóbal ante la Tesorería Municipal en apenas abril de 2017 con la “escritura” de Tlaxcala e inscribió luego en julio de 2017 todos sus documentos apócrifos en el IFREM de Ecatepec. Todas estas argucias forman parte de la coartada de este sujeto en asociación con María Evangelina González Medina, el magistrado Jorge Torres Rodríguez y el defraudador Eduardo Gudiño Garnica y cómplices, con la intención de despojar a Mausoleos San Cristóbal de su propiedad con la mano y contubernio de jueces, ministerios públicos y otros funcionarios. Este grupo, para reforzar el fraude, falsificó una supuesta división del lote del panteón para repartírselo con los dos contratos apócrifos, mediante un oficio que falsificaron a la Dirección General de Operación Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano del gobierno del estado de México con un oficio fechado el 9 de octubre de 2006 con un garabato suscrito por un supuesto director regional Valle de México de la zona oriente, Juan Carlos González Escutia, que ya fue desconocido por la propia dependencia ante la Fiscalía de Ecatepec: ni existe la subdivisión ni aquél firmante fungió de autoridad.

En el juicio iniciado por el ex alcalde Jorge Rodríguez Torres del expediente 531/2015 del Juzgado Tercero Civil de Ecatepec (donde el ex munícipe ha seguido litigando, después de haber sido nombrado el 15 de octubre de 2015 como magistrado de lo Contencioso por diez años, en ejercicio profesional contrario a la ley en un claro tráfico de influencias con las cuales ha evadido el brazo de la justicia), ya se demostró que este personaje hizo “uso de documento falso” según el dictamen pericial y ha sido acusado como tal, en denuncia penal, en la carpeta de investigación 461/2016 de la mesa de trámite cinco del Ministerio Público de San Cristóbal, donde sigue vigente y ha sido judicializada. Según Torres Rodríguez, en sus argumentos para despojar del terreno al cementerio exhibió unos documentos sin sustento por los cuales dice que su esposa invirtió en el lote más de diez millones de pesos en construcciones, cuando antes de ser alcalde vivía acosado por las carencias económicas, como recuerdan periodistas de la región que le ayudaron a emplearse de asesor de la Central de Abastos de Ecatepec para que sobreviviera, como recuerda el corresponsal de Excélsior de la época, Manuel Lino, aunque después, desde la alcaldía, construyó entre otros inmuebles y de manera inexplicable, un fraccionamiento de 30 residencias en Villa Las Joyas en Ecatepec, con valor de más de 2 millones de pesos cada una a precio de 2004, usando como prestanombres a sus padres como los dueños del fraccionamiento que aún regentea y donde ha domiciliado en una de las casas a María Evangelina González Medina y sus hijos, de acuerdo con testimonios oficiales.

Para concluir, la Fiscalía Regional de Ecatepec ya sabe por testimonios como opera el grupo de delincuentes en cuestión, luego de enterarse de sus andanzas y padecer incluso presiones y amenazas en cruceros viales a su agente del Ministerio Público de la mesa cinco de San Cristóbal, Gabriel Aguilar Barrera, para que le “bajara de huevos o te va a llevar la chingada”, mientras indagaba sobre los defraudadores y de recibir denuncias de otras advertencias telefónicas contra Berumen Reyes y persecuciones al apoderado de UNIVAMEX, Gibrán Morales Andrade, para que desistan en su lucha contra el despojo. O como fue público que Gudiño Garnica, al terminar la audiencia del viernes 9 de febrero anterior, lanzó una advertencia o amenaza a Berumen Reyes a unos pasos del juez Olvera Medina y de la fiscal Alfaro Lemus: “Cuidado: No se meta conmigo: ¡Soy de armas tomar..!