“Guerra sucia” y persecuciones facciosas
Luis Muñoz viernes 19, Ene 2018Segunda vuelta
Luis Muñoz
Hoy todo parece tener una intención político-electoral.
El gobernador de Chihuahua acusó en su momento al gobierno federal de querer “estrangularlo” (vía Secretaría de Hacienda), es decir, cancelar la entrega de recursos a la entidad en venganza por la investigación que se le sigue a César Duarte, por el presunto desvío de recursos.
Ayer, la PGR dio a conocer que solicitará la extradición del ex gobernador acusado por corrupción, para que pague lo que tenga que pagar, en caso de ser hallado culpable.
Ahora, el grupo parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa, denuncia, otra vez, “la política represiva y persecutoria del gobierno capitalino en contra de sus opositores”.
Si en el caso del chihuahuense se hicieron de la “vista gorda” hasta que ya no hubo manera de eludir el problema, en lo que se refiere a la CDMX, el jefe de gobierno, acusan los de Morena, “no quiere sancionar a los responsables del ataque a los ciudadanos en Coyoacán y, en cambio, persigue por consigna a sus opositores”.
Los “pactos de civilidad” electoral, aseguran que no es más que una careta para encubrir los empeños represivos de la administración capitalina, en agravio de quienes alzan la voz para oponerse a las arbitrariedades de un régimen que intenta quebrantar los derechos sociales y políticos de la gente.
El llamado a firmar “pactos de civilidad electoral” para los de Morena, no tiene sentido:
En los hechos, lo que se hace es atentar de manera cotidiana contra los derechos humanos de sus gobernados y conculca las prerrogativas cívicas que con esfuerzos sin límite, durante largas décadas de lucha, consiguieron imponer los capitalinos.
Presenciamos, dicen, una intentona por regresar a las pasadas épocas del autoritarismo, como lo comprueban las innumerables denuncias de las demarcaciones que han visto cómo se les niega el acceso equitativo a recursos y se les restringen las prerrogativas a que por ley tienen derecho. Y cuya única respuesta ha sido el silencio despótico de las autoridades.
¿Ejemplos? Para el grupo parlamentario de Morena, una prueba, entre tantas otras, de la operación facciosa de la Procuraduría local, es su negativa a proceder en contra de los responsables del atentado del 3 de enero en Coyoacán contra ciudadanos y militantes de Morena, quienes continúan impunes, pese a estar plenamente identificados.
En el marco de esta política persecutoria y represiva, sobresalen los ataques al diputado local, Víctor Hugo Romo Guerra, quien a raíz de haber renunciado al PRD para respaldar a Morena, ha sido objeto de múltiples amagos provenientes de la Procuraduría local. Pero no es éste el único caso de persecución facciosa.
Desde que el diputado Carlos Candelaria López —quien también respalda las posiciones de Morena— manifestó una postura crítica ante el jefe de gobierno en el Pleno de la Asamblea, fue objeto de una campaña de denuestos y amenazas, hasta el grado de atentar en contra de los derechos laborales de su esposa.
Destacan también las asechanzas con claros tintes políticos de Alejandro Robles Gómez, militante de Morena, a quien se le acusa, sin pruebas de por medio, de un presunto robo agravado.
EXIGEN PAGO DE AGUINALDO
Por cierto, la diputada Ana María Rodríguez Ruiz, dijo que ya pasó más de un mes de que el Pleno de la Asamblea Legislativa instruyó a la Oficialía Mayor y a la Tesorería del organismo a acatar las disposiciones constitucionales y jurídicas sobre salarios y pagar la reducción de 10 días del aguinaldo que sufrieron los trabajadores de honorarios, pero hasta ahora no ha sucedido.
Rodriguez Ruiz, de Morena, exhortó a la Oficialía Mayor y a la Tesorería a pagar completa y sin deducciones de ley, la única prestación social que tienen quienes laboran bajo el régimen de honorarios.
Cabe señalar que en diciembre pasado, a los trabajadores de honorarios sólo se les otorgó una gratificación de 30 días y con deducciones; sin embargo, precisó que los trabajadores al servicio del Estado tienen derecho a 40 días de salario; por ello, la Asamblea Legislativa les debe 10 días, los que hasta el momento no les ha pagado.
Para la diputada se trata de un acto discriminatorio, pues los legisladores, los empleados sindicalizados, los técnicos operativos de confianza y los mandos medios y superiores sí recibieron su aguinaldo completo.
Rodríguez Ruiz advirtió que “si queremos y exigimos que las leyes se cumplan, comencemos en la Asamblea Legislativa a respetar leyes y los derechos laborales de quienes realizan importantes labores y son la estructura laboral más vulnerable de la ALDF”.
ABUSOS EN CANASTA BÁSICA
El diputado Jesús Serrano Lora impulsa un punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Economía a establecer acciones emergentes y efectivas, a fin de reconducir la política de precios y con ello combatir el alza en los productos y servicios que integran la canasta básica.
