Va PRI en el Senado por subir penas por corrupción
Nacional viernes 19, Nov 2010Beltrones subraya que la corrupción es uno de los aspectos que más limitan el crecimiento económico, la generación de empleo y el desarrollo social
Manlio Fabio Beltrones, coordinador de la bancada del PRI en el Senado.
La bancada del PRI en el Senado presentó iniciativa de reformas la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para endurecer las sanciones contra la corrupción causada por entes privados y públicos.
Plantea que se impida hasta por 20 años participar en licitaciones a las empresas que incurran en esa práctica y elevar de 10 a 15 años la inhabilitación para funcionarios corruptos.
La iniciativa de los priistas Manlio Fabio Beltrones y Raul Mejía, va aparejada con otra que presenta el senador del PAN, Ricardo García Cervantes, para crear la Fiscalía Nacional contra la Corrupción, presidida por un fiscal nacional, quien sería ratificado por las dos terceras partes del los senadores presentes en la sesión.
En su iniciativa, el coordinador priista Beltrones subraya que la corrupción es sin duda uno de los aspectos que más limitan el crecimiento económico, la generación de empleo y el desarrollo social de un país.
La propuesta establece que la inhabilitación temporal impuesta por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por participar de manera directa o como prestanombres en procedimientos de contratación no podrá ser menor de 18 meses ni mayor de veinte años.
Actualmente, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público establece, en su artículo 60, que la inhabilitación por esa causa no será menor de 3 meses ni mayor a 5 años.
El proyecto, que fue presentado ante el pleno, indica que cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique beneficio o lucro, o cause daños o perjuicios, será de 18 meses hasta 15 años, ahora es de uno a cinco años.
Al servidor público que indebidamente otorgue concesiones de prestación de servicios, de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Federación, o dé permisos, licencias o autorizaciones de contenido económico, así como entregar franquicias, exenciones, deducciones o subsidios se plantean penas de un año a 15 años de cárcel, actualmente van de seis meses a 12 años.
Esta misma pena sería para los funcionarios que otorguen obras públicas o gestionen contrataciones indebidas.
Las penas por tráfico de influencias también se propone incrementarlas en un 100 por ciento, al pasar de 6 años de prisión a 12 años, y la multa económica de 300 días de salario mínimo a 600.
En caso de que el servidor público reciba una dádiva será sancionado con 4 años de prisión, y cuando la cantidad de lo que recibió exceda 500 salarios mínimos, la pena será de 20 años de cárcel, cuando actualmente llega a los 14.
“Los senadores del PRI consideramos de gran relevancia avanzar hacia el fortalecimiento de las instituciones públicas, por medio de un combate frontal a la corrupción que detenga el deterioro de la legitimidad democrática del Estado y atienda las exigencias de la población, de sancionar con todo el peso de la ley a quienes de forma activa o pasiva permitan o fomenten prácticas de corrupción entre el sector público y privado”, afirmó Mejía desde Tribuna.
