Mano dura pareja
Freddy Sánchez martes 3, Oct 2017Precios y desprecios
Freddy Sánchez
La decisión institucional de cancelar el registro a la empresa privada dedicada al servicio de transporte de personas, en la que se “coló” un asesino que mató a una jovencita (de concretarse en estos días) sería una respuesta contundente. Las autoridades no se andarían “por la ramas” dando sobradas muestras de que la ley debe aplicarse “sin miramientos”.
Después del repudiable crimen en contra de una pasajera a la que el conductor de un vehículo particular brindó el servicio para secuestrarla, violarla, matarla y tirarla como si se tratara de un desperdicio, actuar contra ese hombre despiadado y cruel, (capturándolo de inmediato para llevarlo a juicio y dar paso a una condena carcelaria de por vida ante sus infame conducta), lógicamente no sería suficiente para acallar la indignación social por los sucedido.
Así que por ello se pensó en optar por penalizar con ejemplar severidad a la empresa que lo contrató sin haberse percatado de que se trataba de un ex convicto que como es el caso de muchos individuos que han pisado la cárcel, (tras una larga historia de fechorías), suelen volver a las calles para delinquir.
Una historia que se repite constantemente en nuestro país y más por las “bondades” de la nueva legislación penal que favorece a los reincidentes y acusados de nuevas conductas delictivas, facilitando su liberación y dando motivo para que no pocos regresen a la consumación de una vida criminal.
Por eso, bien podría pensarse que la sanción planteada contra la empresa contratante de un chofer asesino, es lo menos que la gente esperaría de las autoridades competentes.
Sólo que la contraparte de este hecho debe ser objeto de reflexión mesurada. Y es que en la actuación institucional ante diversos acontecimientos que conmueven a la sociedad y ponen en evidencia actos reprobables e imperdonables, simplemente se actúa de manera distinta.
Las sanciones cuando se aplican para los presuntos responsables de dichas pifias con saldos trágicos, son de una índole totalmente distinta. Se deslindan responsabilidades con aparente escrupulosidad para castigar única y exclusivamente a los que se prueba fehacientemente que tuvieron alguna clase de culpa, pero jamás a sus superiores y menos a la institución en la que laboran.
Tal fue el caso por lo sucedido en el paso mortal del famoso socavón que provocó la muerte de dos personas en Cuernavaca, Morelos. Y lo mismo ha sucedió en un sinnúmero de ocasiones en las que la negligencia, corrupción y los abusos de servidores públicos ocasionan pérdidas funestas contra el patrimonio público y privado, además de pérdidas humanas.
Por qué entonces esta vez la empresa que contrató a un chofer asesino, tendrá que pagar las consecuencias. Y no sólo cubriendo una sanción económica, obligándola a hacerse cargo de los gastos funerarios de la chica asesinada, pagando además una indemnización a su familia e incluso debiendo modificar sus políticas para la contratación, supervisión y cuidado de los clientes que reciben ese servicio, (lo que naturalmente se entendería como justo e indispensable), sino perdiendo el registro para poder continuar con sus operaciones.
El error por la contratación de un sujeto abominable, bastaría para imponerle a esa empresa la más severa de las sanciones posibles.
De considerarse pues que eso hay que hacer en casos que provocan indignación social, la pregunta obligada sería cómo es que eso no ocurre cuando se trata de funcionarios públicos omisos o corruptos. Quizás porque para combatir las deficiencias y graves daños contra la sociedad por parte del gobierno falta mano dura pareja.
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