Declara Legislatura constitucionalidad del Sistema Estatal Anticorrupción
Estado de México* lunes 24, Abr 2017Aprobación de la reforma a la Constitución local
Los diputados declararon la aprobación de la minuta, que cumple el mandato de la Constitución nacional, las leyes generales respectivas y el recién creado Sistema Nacional Anticorrupción.
La 59 Legislatura mexiquense emitió la declaratoria de aprobación de la reforma a la Constitución local para crear el Sistema Estatal Anticorrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y ampliar las facultades de la Legislatura y el Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) en esta materia.
Después de recabar el voto mayoritario de los municipios mexiquenses, los diputados declararon la aprobación de la minuta, que cumple el mandato de la Constitución nacional, las leyes generales respectivas y el recién creado Sistema Nacional Anticorrupción.
Cabe señalar que la creación del Sistema Estatal Anticorrupción fue aprobada por unanimidad el pasado 30 de marzo, conforme al dictamen que conjuntó las propuestas de los diputados Cruz Roa Sánchez, Nelyda Mociños Jiménez y Raymundo Guzmán Corroviñas, así como el gobernador Eruviel Ávila Villegas
Este Sistema es la instancia de coordinación en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas, actos y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, el cual contará con un Comité Coordinador que presidirá el secretario de la Contraloría, así como un Comité de Participación Ciudadana.
En cuanto al Tribunal de Justicia Administrativa, será autónomo, conocerá y resolverá sobre las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y municipal, organismos auxiliares con funciones de autoridad y los particulares, e impondrá las sanciones a los servidores públicos que incurran en faltas administrativas graves, al igual que a los particulares que incurran en actos vinculados.
Este tribunal también fincará el pago de responsabilidades resarcitorias e indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública o al patrimonio de los entes públicos.
