Apretarse el cinturón
¬ Augusto Corro lunes 9, Ene 2017Punto por punto
Augusto Corro
Sí agudizó el descontento general de la población los incrementos en los precios de las gasolinas. Las protestas son múltiples y se efectúan en todas partes. Una sociedad harta de abusos salió a las calles a alzar su voz de descontento ante la insensibilidad de la clase política que sólo busca enriquecerse con el saqueo del erario.
Los inconformes contra el mega-gasolinazo también encuentran motivos por la ola de violencia, la inseguridad y la corrupción que azota a los mexicanos. Cada vez son más los abusos de funcionarios públicos, principalmente los gobernadores, que roban los recursos públicos y endeudan a sus estados.
¿Y qué ocurre con esos delincuentes, muchos de ellos protegidos por el fuero? Pues nada. Dejan el poder y sin mayor problema se dedican a disfrutar el dinero mal habido.
Compran sus casas en el extranjero, eso sí, en los lugares más caros, donde instalan su mirador para burlarse de la justicia. Nadie los busca, ni los persigue para que rindan cuentas ante la justicia.
Si bien es cierto que un recorte al gasto público no sería suficiente para evitar la aplicación del mega-gasolinazo, sí habría otras medidas del gobierno que disminuirían la irritación popular.
Por ejemplo, a los gobernadores saqueadores se les quitarían los millones de pesos que tienen en sus cuentas bancarias, así como sus bienes inmuebles, donde viven como jeques petroleros.
Pero la situación se desarrolla de otra manera. Los ex mandatarios estatales enriquecidos inexplicablemente saben que no rinden cuentas a nadie y que en un país marcado por la corrupción, enriquecerse con el dinero del pueblo ya se convirtió en una acción tradicional para la clase política. Recientemente se presentaron los casos de varios ex gobernadores que dejaron vacías las arcas públicas.
¿Y qué ocurrió? Pues nada. Por ejemplo, en el caso del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, que se llevó todo, acusado de los delitos de peculado, lavado de dinero, etc., ni siquiera terminó su sexenio y emprendió la huida con la ayuda de sus cuates, tan corruptos como el propio ex mandatario.
Si al robo de Duarte de Veracruz se le suman las cantidades saqueadas por otros ex gobernadores, como ocurrió con el mandatario de Chihuahua, César Duarte, o el de Oaxaca, Gabino Cué, y el dinero robado se recupera y los corruptos son enviados a la cárcel, tal vez no se logre cancelar el gasolinazo, pero sí se mostraría la intención de las autoridades de poner fin a los saqueos del tesoro público, que en varios estados se encuentran en manos de mercenarios de la política, de sujetos sin escrúpulos que se enriquecen inexplicablemente de la noche a la mañana.
Recuperar lo robado por esos funcionarios públicos podría dar un poco de confianza en las autoridades, pero no se ve que esto vaya a suceder. La campaña anticorrupción duró algunos meses y se apagó. De los Duarte sólo se sabe que huyen de la justicia y nada más. Al rato regresarán a la política como verdaderos héroes de la patria a continuar en la política, pero amparados por el fuero de diputado o senador, con los beneficios de la impunidad.
El mega-gasolinazo fue recibido con un descontento total porque la medida no afecta parejo a la población, pues un amplio sector de la alta burocracia se encuentra protegida contra cualquier alza en los combustibles, además de gozar de un sinnúmero de privilegios que nos llevan a ver dos clases de mexicanos: los políticos enriquecidos y protegidos por las leyes y la sociedad obligada a pagar impuestos para mantener la cuota que les permita la buena vida a los funcionarios públicos.
La economía mexicana enfrenta un problema económico muy complejo. Los ingresos son insuficientes ante la caída de los precios del petróleo, la devaluación del peso frente al dólar, etc., que llevaron las autoridades a plantear políticas de austeridad, de apretarse el cinturón para superar la crisis que agobia a México. Como si estos males no fueran suficientes, ya está en frente la amenaza que representa Donald Trump y su odio a los mexicanos, que el 20 de enero tomará posesión como presidente de EU.
Empezamos un año nuevo con los problemas agravados por el gasolinazo como un golpe inesperado que nos dejó sin aliento.
¿Qué hubiera ocurrido si el anuncio de la elevación de precios de la gasolina estuviera acompañado de la vigencia de leyes que obligarán a la clase política a practicar la austeridad en sus diferentes cargos; a renunciar a sus seguros de gastos médicos, vales de gasolina, celulares, bonos, servicios de seguridad, coches, partidas extraordinarias, etc.
Los hechos reales nos hablan de los abusos de los senadores, diputados, ministros, etc., que nos señalan la disparidad en el reparto de responsabilidades. Mientras unos tenemos que pagar impuestos, otros son los receptores beneficiados, sin justificación alguna, que viven en el paraíso.
Estábamos acostumbrados a aceptar cuanta ocurrencia viene de las autoridades, pero en el presente la inconformidad contra el gasolinazo hace ver las cosas diferentes.
La población inconforme rechaza los altos precios a los combustibles, en manifestaciones de una población que no ve que los funcionarios se aprieten el cinturón. Repetimos, quizá esa acción no ayude gran cosa para evitar el gasolinazo, pero sí llevaría a pensar que existe solidaridad de quienes gobiernan con los gobernados; pero no es así, de ahí que los inconformes salgan a las calles a manifestar sus inquietudes.