Corrupción sin barreras
Freddy Sánchez jueves 17, Nov 2016Precios y desprecios
Freddy Sánchez
Más burla contra la justicia, imposible. Porque los políticos corruptos no solo pueden evadir una acción pronta de la ley cuando quedan al descubierto sus bribonerías.
Además, se ha hecho costumbre que sus bienes mal habidos ni siquiera se toquen o sólo una parte de estos queda expuesta a decomisos de la autoridad.
Un deleznable privilegio para los políticos en fuga y aquellos que finalmente son puestos tras las rejas para que respondan ante los tribunales de diversas acusaciones de corrupción.
Y es que estando presos los sinvergüenzas de la política, con asesorías legales costosas, recurriendo a una y mil patrañas legaloides mantienen ocultas sus grandes fortunas de la corrupción y las que se hacen públicas, suelen recuperarlas tras litigios habilidosamente armados por sus abogados.
A causa pues, de leyes, procedimientos y acciones blandengues, un sinnúmero de personajes dedicados a la corrupción y al crimen, (políticos, empresarios y civiles), mantienen a salvo sus bienes de procedencia ilícita en poder de familiares, amigos o testaferros.
La historia ha demostrado en este país, que en el remoto caso de que un político corrupto pise la cárcel, el patrimonio de su corrupción difícilmente pasará a la hacienda pública como compensación con los habituales trafiques que se dan con el poder.
Lo que amerita una revisión a fondo y las modificaciones legales pertinentes, a efecto de corregir la falla que sufre el sistema nacional de justicia con respecto a la indispensable y necesaria recuperación de fortunas que sean producto de la corrupción y que hayan sido hechas desde cualquier cargo público o político defraudando la confianza y quebrantado los haberes del erario o bien poniendo en entredicho la buena imagen institucional que no pocos funcionarios deshonran ostentándose como representantes oficiales para cometer una y otra rapacería.
Bueno sería entonces, proceder a una inmediata reforma legal que garantice al sector público los medios que faciliten acciones de expropiación de bienes presuntamente generados por actos de corrupción.
La acción de la justicia obviamente en ese aspecto, debe estar dirigida principalmente a los hombres o mujeres que desempeñan un cargo institucional, pero al mismo tiempo abarcar en las pesquisas a particulares asociados con autoridades, particularmente los que se dediquen a la delincuencia organizada.
La mecánica para encubrir el producto de sus conductas deshonestas, suele ser idéntica entre políticos, empresarios y delincuentes dedicados a los negocios sucios o criminales, sean estos con carácter oficial, (mediante compras de bienes o servicios), y los concernientes al narcotráfico entre otras actividades delictivas.
Propiedades inmobiliarias, vehículos, dineros, inversiones, joyas, compañías de negocios, entre otras cosas que la corrupción y el delito logran producir, suelen estar en manos de allegados de los corruptos y delincuentes, por lo que es imperativo adoptar nuevas acciones legales para impedirlo.
Ante la presunción de que un individuo, (de la política o los negocios), incurrió en posibles actos de corrupción es preciso que se obligue a sus familiares, amigos y cercanos a demostrar el origen lícito de cuanto bien o dinero ostenten a su nombre, y de no hacerlo en un plazo máximo de tres meses, simple y llanamente se proceda a la expropiación de dichos bienes. Sólo así se le pondrá remedio a lo que hoy por hoy podemos catalogar como una corrupción sin barreras.
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