Uso legítimo de la fuerza en Tanhuato, afirma Sales
Nacional viernes 19, Ago 2016- Niega ejecución
Renato Sales Heredia.
El uso de la fuerza por parte de la Policía Federal en Tanhuato, Michoacán, fue justificado y proporcional a la amenaza que enfrentaba, aseguró Renato Sales Heredia, comisionado Nacional de Seguridad, quien negó que se hayan efectuado ejecuciones arbitrarias.
En conferencia de prensa, Sales Heredia aceptó las recomendaciones que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) e instruyó una serie de acciones para dar respuesta a los puntos que le señaló el organismo en su informe, en el cual afirma que en el rancho El Sol hubo al menos 22 ejecuciones arbitrarias durante el operativo del 22 de mayo de 2015, en el que fueron abatidos 42 delincuentes del Cártel de Jalisco Nueva Generación y donde un militar perdió la vida.
El gobierno federal emitió ayer un comunicado en el que e dice que fue necesario el ataque por parte del Ejército, la policía y distintas corporaciones, en razón del uso de armas sofisticadas de parte del grupo agresor, ya que utilizaron fusiles Barret y un lanzamisiles RPG; su actuación fue irracional ante un escenario hostil con tiradores desde diversos ángulos.
El gobierno federal expresa que el enfrentamiento no configura la hipótesis de una ejecución extrajudicial, en razón que la presencia de la Policía Federal en el Rancho del Sol (donde se produjo el enfrentamiento) se fundó y motivó en la denuncia presentada por una ciudadana, quien refirió que 50 sujetos llegaron a invadir su propiedad. Ese lugar fue convertido en cuartel de 700 personas armadas, desde donde realizaban su accionar.
La agresión se funda y motiva en que los civiles armados hicieron caso omiso de los llamados de la autoridad a deponer las armas, lo que comenzó con un elemento del Ejército que perdió la vida y cinco más resultaron heridos.
Quedó asentado en actas que los polifederales se identificaron y exigieron a los agresores que depusieran las armas y se entregaran, pero la respuesta fue negativa y comenzaron a disparar.
Se detalla que de los 42 fallecidos, una vez identificados, 16 habían sido procesados por distintos delitos y 11 contaban con mandamientos judiciales para su captura por homicidio, robo o portación de arma prohibida.
Se pone como ejemplo que tres personas que estaban trabajando en ese rancho, decidieron deponer las armas, y por ello se encuentran vivos y uno de ellos fue atendido por paramédicos de la PF y hoy se encuentran sujetos a proceso penal con las atenuantes que les corresponden.
