Hasta no ver…
¬ Augusto Corro viernes 24, Sep 2010Punto x Punto
Augusto Corro
En el clima de inseguridad que cada día crece en México, uno de los grupos más vulnerables es el de los periodistas que son intimidados, secuestrados y asesinados.
Los delitos contra los informadores se cometen en todo el país, pero en los últimos meses, las agresiones aumentaron en los estados norteños.
Son decenas de comunicadores víctimas del crimen organizado o de las propias autoridades que son sorprendidas en negocios turbios.
De la lista innumerable de periodistas asesinados o desaparecidos no se tienen datos de la captura de los agresores. Los criminales gozan de libertad absoluta.
También los medios son amenazados y atacados por la delincuencia. Es el caso de empresas televisoras e inmuebles de diarios que recibieron granadas explosivas o lluvia de balas.
En algunas ciudades del norte de México los periódicos locales se autocensuran para evitar que alguna noticia moleste o incomode a la delincuencia y responda con violencia.
El reciente caso de El Diario de Juárez que planteó una tregua a la delincuencia es un reflejo de lo que padecen los medios en aquella región.
Se necesita estar en el lugar para saber de la angustia que agobia a los profesionales de la comunicación, quienes tienen que enfrentar diariamente a las hordas criminales.
En México atentar contra los periodistas y el derecho a la información es pan de todos los días. Parece que las autoridades disfrutan de la pesadilla que viven los reporteros, fotógrafos, camarógrafos, columnistas y todos aquellos que tienen alguna relación con los medios.
La ola sangrienta que alcanza a los periodistas es tema que aparece en los foros mundiales donde se trata de los derechos humanos; sin embargo, los organismos internacionales tienen poca influencia en el gobierno mexicano. En realidad no les hace caso alguno, a menos que se trate de un escándalo de dimensiones descomunales.
Por eso, llamó la atención lo que declaró Felipe Calderón Hinojosa al condenar cualquier agresión contra los profesionales de los medios de comunicación, porque además de poner en peligro su identidad, vulneran el derecho básico de toda sociedad a estar informada. Al mismo tiempo, se comprometió a impulsar un plan especial para la protección federalizada de los periodistas.
El funcionario recibió a Gonzalo Marroquín, vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y a Joel Simón, director ejecutivo del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), por sus siglas en inglés.
Ambos representantes aceptaron con optimismo las promesas del gobierno federal. Sin embargo, hay que irse con cautela. La federalización de los delitos contra periodistas es un tema año que duerme tranquilo en los archivos del Congreso. De vez en cuando los legisladores lo despiertan para entretenerse en algo.
Igual ocurre con las oficinas para defender los derechos humanos de los comunicadores. ¿Cuál es el papel que desempeñan ante tanta violencia contra los periodistas? A leguas se nota la falta de voluntad para ayudar a los comunicadores que son víctimas del crimen organizado y de los dictadorzuelos pueblerinos dueños de vidas y haciendas.
Tendrá que pasar mucho tiempo para que las promesas se conviertan en realidad. Por el momento nadie cree que el gobierno federal se sensibilice de la noche a la mañana e inicie una cruzada a favor de los periodistas. Son muchos años de vejaciones y de malos tratos que es difícil desaparecer de un plumazo.
Por eso, como dijo Santo Tomás, hasta no ver no creer o se vale soñar.
INCUMPLIDO
Alrededor de mil personas se manifestaron ayer frente al palacio municipal de Lerma, Estado de México, para exigir la renuncia del alcalde Fidel Alejandro Castillo Ambriz.
Los dirigentes de diferentes delegaciones municipales, entre ellos Pedro Lozano Álvarez, señalaron que Castillo Ambríz no ha cumplido sus promesas de campaña: repavimentación de calles, generación de empleos y seguridad.
Por ello, en Lerma se vive un clima de inseguridad permanente, pues todos los días se registran asaltos a casas, comercios e incluso varios secuestros. Los ciudadanos también se quejaron de la falta de obra pública por parte de Castillo Ambriz, quien se jacta de ser hermano del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, José Castillo Ambriz.
Los baches y la falta de servicios municipales son las características del municipio de Lerma. Los manifestantes dijeron que al edil poco o nada le interesa cumplir con sus compromisos. Fidel Alejandro Castillo Ambriz, de profesión ingeniero, era un desconocido para la militancia tricolor que se sintió ofendida por la imposición del supuesto priísta.
Los manifestantes aseguraron que no pertenecen a ningún partido político y que su único propósito es la renuncia de Fidel Alejandro Castillo Ambriz. Además, señalaron que si las autoridades no hacen caso a sus peticiones, intensificarán sus manifestaciones de descontento y cerrarán carreteras.
A continuación, señalaron una serie de anomalías que realiza el presidente municipal, entre otras el de hacer regalos al cabildo para que lo apoye en sus decisiones de autoridad, no siempre transparentes. También pidieron al edil que explique de dónde obtuvo el dinero para construir una residencia y comprar una camioneta para la familia.
Fidel Alejandro Castillo Ambriz lleva un año en el poder y la obra pública brilla por su ausencia. Entre los manifestantes se encontraba gente de la delegación de San Lorenzo Huitzizilapan.
Ojalá y los jefes del edil mencionado lo llamen a rendir cuentas, pues no son momentos para gobernar con engaños.
TRIQUIS
Mientras continúa la huelga de mujeres del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) en la capital oaxaqueña, en el municipio autónomo de San Juan Copala la violencia no tiene fin.
La vocera de los indígenas, Reina Martínez Flores, informó que cuatro mujeres triquis siguen desaparecidas. Ellas son: Angelina Ramírez Ortega, Mariana Juana Agustín, Susana López y Sofía Martínez.
Por cierto, los últimos 50 triquis sitiados por los paramilitares lograron romper el cerco y abandonaron San Juan Copala.
Y en la capital oaxaqueña, en una acción extemporánea, la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Oaxaca (CDDHO) le envió recomendaciones al gobernador Ulises Ruiz Ortiz para que sus funcionarios traten los asuntos de seguridad y estabilidad en el municipio de San Juan Copala. Después de la muerte de 20 triquis, será imposible una tregua entre los diferentes grupos indígenas que siempre estuvieron en conflicto.
Más bien, la recomendación de la CDDHO parece una broma de pésimo gusto.
