La ley del más fuerte

Francisco Rodríguez miércoles 17, Feb 2016

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Francisco Rodríguez

 

 

Este país lo corroen una serie de impunidades: por relaciones familiares, pertenencia a partidos políticos o desempeño de cargos públicos. Impunidad por conflictos o roces de competencias entre el fuero federal o común, por límites territoriales, por trabajar en medios de comunicación.

Impunidad en el sector financiero, por desistimiento de la autoridad responsable, prescripción, caducidad o no ejercicio de la acción penal. Impunidad por la edad, por la aspiración política, por el divorcio entre la realidad política y la realidad legal, impunidad para evitar desórdenes sociales que atenten contra zonas de confort de los mandarines de turno.

Impunidad por no cumplir mandatos judiciales, por pretender alcanzar supuestas conciliaciones, por alentar el comercio informal (que absorbe y mantiene en la supervivencia decorosa al 62% de la Población Económicamente Activa), por no inculpar a terceros poderosos que podrían enojarse… y Dios salve la hora.

Impunidad, como razón de Estado

Impunidad por posesión de vehículos del servicio público y no aplicación de infracciones administrativas, por uso indiscriminado de aeronaves oficiales, por cierre de calles, por falsificación de documentos de todo tipo, desde pasaportes hasta títulos profesionales, por venta de artículos ilegales, por asesinatos de periodistas, por ataques arteros a esenciales derechos humanos…

… por pertenencia a sindicatos orgánicos del sistema, por formar parte de corrientes contrarias a ellos, lo mismo en grupos gremiales, laborales o empresariales, por invasión ilícita de terrenos y edificios, por intolerancia, violencia de género, por “quítame estas pajas”… La impunidad en México como razón de Estado.

Seguridad, única justificación del Estado

Haciendo a un lado todas las obligaciones, modalidades, acepciones, teorías, conceptos, definiciones, y toda la parafernalia que se ha escrito sobre el Estado, desde Maquiavelo hasta nuestros días, la conclusión es muy triste: la muerte del Estado ha dado paso al ejercicio de barbaries sin límites.

De haber sido el Estado un Leviatán superpoderoso, lo hemos convertido en un pobre sujeto jurídico, cargado de pasivos patrimoniales para con sus gobernados, que ha llegado hasta el ridículo de alentar la formación de cientos de empresas fantasmas (Afores) para traficar con sus pensiones, para destruir los pocos haberes de aquéllos que le entregaron su vida productiva.

Mejor nos quedamos con la precisión presocrática, que desde la Hélade menor mediterránea aceptó la definición de sus filósofos jonios: el Estado sólo es la obra superior de la cultura. Su única justificación de existir es brindar seguridad y justicia en la más estricta acepción de estos términos.

Estado debe ser sinónimo de orden y estabilidad

Entonces, lo primero que debería aprender un aspirante a político es que los hábitos se convierten en costumbres y éstos en leyes. Si queremos cambiar las leyes, hay que ir a los principios. En lugar de cambiar las leyes pensando que de esa manera cambiaremos las costumbres, dijera Perogrullo.

Así, no es necesario modificar la ley, si previamente se modifican los hábitos. El cambio empieza por uno mismo. Un sistema político que no considere primigenia esta regla de operación, no puede subsistir. Un sistema en el que sus dirigentes piensan primero en sus bolsillos que en la justicia, tampoco.

No se puede vivir en un sistema político de diseños primarios, cavernarios, sin que funcione el orden, las leyes ni las instituciones. Donde priva la ley del más fuerte, del más corrupto o, peor, del más impune. El Estado no se puede asociar con desorden o inseguridad, cuando debe ser sinónimo de orden y estabilidad.

Hoy la mafiocracia impone autoritarismo y despotismo

Vivimos en el filo de un constante peligro. Por ejemplo: la actual parálisis judicial, legislativa y gubernamental, deriva en los colapsos de los sistemas económicos, financieros, educativos, políticos, culturales, sociales y morales. No hemos salido del embrollo planteado por el liberalismo finisecular porfirista. El pueblo, en vilo.

El problema de la impunidad es más grave que los efectos de la corrupción. Porque si no se desatan aquellos nudos, para luego construir todo lo demás, se cae en el fracaso original. Se cae en la mafiocracia, donde el autoritarismo y el despotismo ya no lo impone el Estado, sino las organizaciones criminales que ocupan todos los vacíos de poder, vaciados por la abulia, el miedo o la complicidad.

Del mismo modo que antes caímos en el ridículo de pensar que una institución era más fuerte en la medida que combatía la criminalidad por métodos absolutamente policíacos, levantando edificios de archivos con identidades, huellas dactilares, currícula de todos los criminales visibles y atrapables. Pensábamos que esos garantizaban la seguridad y la integridad.

Los detectaban, incriminaban, procesaban y condenaban. ¿Y adónde nos llevó procesar a miles de criminales? ¿Supimos alguna vez lo que estábamos combatiendo? ¿O sólo queríamos imponer los cimientos de una sociedad punitiva? La población recluida rebasó los presupuestos estatales para edificar cárceles.

Maniobras de distracción. Las transas “hasta arriba”

Era mejor y más importante saber qué estaba pasando en la cotidiana destrucción del sistema financiero nacional. Ganaron quienes propusieron aplicar el nefasto programa de “fronteras inteligentes” a los que querían saber quién y a qué interés iba a asumir los beneficios de los cómodos pagarés del Fobaproa. Y así nos fue.

Mientras nos distraían con los juegos de policías y ladrones de fayuca, los auténticos corruptos, los jefes de la mafia nacional, financiera, política y económica que operan siempre en la silla principal del poder, se servían grandes tajadas del pastel del erario. De vez en cuando ofrecían la cabeza de un desafortunado para entregar al circo la cabeza de turco del chivo expiatorio.

Hasta nuestros días en que, con la mano en la cintura, logran que cualquier problema de seguridad pública o de falta de conducción política, se les convierta en un asunto de seguridad nacional, para el cual jamás tendrán solución, simple y sencillamente porque no fueron a la escuela y menos son autodidactas. La culpa siempre es de quienes votaron por ellos, sin conocer ni qué gomina usaban en el copete, ni cuáles eran sus preferencias.

Los Díaz Serrano, los Hernández Galicia, los Bayo Legorreta de hace tres décadas, hoy son sustituidos por las cabezas de “villanos” que, a fuerza de escándalo publicitario en la prensa domesticada, los convierten en creíbles de desestabilizar una nación, sólo por oponerse al caprichato: Elba Esther Gordillo por sí misma, es la encarnación de la frustrada incompetencia por fabricar culpables de su ausencia de gobierno.

Elba Esther, sí, quien no cuenta con acusación penal alguna, no tiene averiguación ministerial, no está acusada por delito concreto,‎ no ha sido oída ni vencida en juicio, la han confinado sin reconocerle potestades constitucionales de arraigo domiciliario, porque no quieren reconocer que, al no haber juicio, no puede haber “arraigo”. Ella encarna al enemigo: la propia ignorancia de sus juzgadores.

Elba Esther, cuyos abogados fueron presionados para que se declarara culpable, a cambio de rebajarle los años de condena. Abogados que fueron defenestrados en el acto al explicarles que aquí no existía esa figura legal de condonación compasiva y además ¡no había delito del cual declararse culpable!

Presiones a jueces y magistrados, en el menú

Las eminencias jurídicas siguen sin darse cuenta de que la profesora Gordillo nunca ha sido indiciada en alguna causa penal. Todo ha sido una faramalla, una mascarada para encubrir el fracaso estrepitoso de la mal llamada “reforma educativa” estructural. Que p’acabarla de arruinar, a nadie le han podido explicar con qué se come.

En un país de leyes, el “consejero jurídico” (resic) de la Presidencia de la República tampoco citaría a los togados a sus oficinas.

Con razón decía la vieja conseja de El Talmud: “Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados”. Y en lo dicho: en un país sin ley, ¡los ignorantes al timón!

Índice Flamígero: Al resolver, apenas la semana pasada, un recurso legal presentado por la defensa de la profesora Elba Esther Gordillo Morales, el Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal ordenó al Primer Tribunal Unitario del DF que aplique el principio pro­persona al resolver el recurso de apelación con la que se impugna la negativa de un juez federal de conceder la prisión domiciliaria a la ex líder magisterial. De acuerdo con la resolución, el Tribunal Federal que le negó la protección de la justicia a Gordillo Morales en primera instancia, no interpretó de manera correcta el artículo 55 del código penal federal que prevé los requisitos para otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria a personas mayores de 68 años de edad.

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