La justicia al mejor postor
Mauricio Conde Olivares lunes 9, Nov 2015“Hora 14”
Mauricio Conde Olivares
Resulta que en la defensa del medio ambiente que los rodea, conforme lo consagra la Carta Magna, 113 niños cancunenses deberán reunir y acreditar el próximo miércoles, como plazo fatal e impostergable ante el Juzgado Cuarto federal, una fianza que garantice casi 21 millones de pesos para mantener viva la suspensión “definitiva” de las obras suspendidas por ecocidio en el Malecón Tajamar, que fue otorgada la semana pasada en uno de los más lujosos proyectos inmobiliario-comercial-hotelero con que cuenta Cancún.
Luego que el juez Cuarto en los tribunales federales de Cancún otorgó la suspensión definitiva de los trabajos de construcción en diez lotes de Malecón Tajamar, que promovió la asociación civil “Salvemos Manglar Tajamar”, los representantes de 113 niños promoventes del juicio ambiental anunciaron que presentarán un recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado para anular la fianza de casi 21 mdp que solicitó el juzgador.
Este grupo de activistas medioambientales declaró que debería ser Fonatur quien garantice la fianza, no los 113 niños que demandaron el respeto al manglar y el ecosistema existente en la zona. “Ello, sí con la suspensión definitiva de los proyectos en puerta en Malecón Tajamar el juez Cuarto reconoce el derecho de los menores a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, así como preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al medio ambiente en el territorio nacional como un derecho fundamental de los menores, y reconoce a su vez la importancia del manglar para preservar ese equilibrio ecológico”, destacó “Salvemos Manglar Tajamar”.
En caso de que los menores no exhiban la cantidad específica de 20 millones 985 mil 634.89 pesos el 11 de noviembre, en garantía por los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a terceros involucrados, que en total aglutinan a 22 empresas a las que Fonatur vendió en Malecón Tajamar, la suspensión dejará de surtir efecto.
Mediante un comunicado, la asociación civil “Salvemos Manglar Tajamar” dijo que el 4 de noviembre de 2015 el Juzgado Cuarto celebró la audiencia incidental respecto al expediente 1194/2015.
Al respecto, dicen los activistas: “celebramos que el Juez Cuarto haya CONCEDIDO LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada debido a las consecuencias de la emisión de la Resolución de Impacto Ambiental de 2005 (oficio S.G.P.A./DGIRA.DEI.1855.05, por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) con fecha 28 de Julio de 2005), otorgada a Fonatur, y las consecuencias de la expedición el permiso de chapeo y desmonte bajo el cual se ha realizado la destrucción del manglar de Malecón Tajamar, esto para el efecto de que las autoridades responsables se deben abstener de destruir el manglar ubicado en los lotes del proyecto denominado Malecón Tajamar.
Lo anterior, en virtud de que el juez Cuarto reconoce el derecho de los menores a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, así como preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al medio ambiente en el territorio nacional como un DERECHO FUNDAMENTAL de los menores, y reconoce a su vez la importancia del manglar para preservar ese equilibrio ecológico.
El juez reconoce que las consecuencias de los actos reclamados pueden violentar ese derecho fundamental antes indicado y de no concederse la suspensión se ocasionarían daños y perjuicios irreversibles a los menores.
Sin embargo, el juez Cuarto indica que si los menores no exhiben la cantidad de $20´985,643.89 pesos dentro de un término de cinco días hábiles para garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a los terceros interesados, esto es, las 22 empresas a las que Fonatur vendió, la suspensión DEJARÁ DE SURTIR EFECTOS”, hasta aquí el comunicado oficial de los defensores de Malecón Tajamar.
Las preguntas en cuestión son:
¿Deben los 113 niños poner dinero para asegurar su medio ambiente?
¿No debería ser Fonatur, quien asegura que las consecuencias de sus actos no dañan el medio ambiente?
¿Es acaso la justicia entonces para aquellos que tienen dinero?
Por eso, “Salvemos Manglar Tajamar” anunció que su próxima acción será presentar un recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado para que anule ese requisito.
Y para muestra de las reacciones en redes sociales ante este tema, estimado lector lea usted y disculpe la virulencia de este sentir popular en la página Facebook de “Salvemos Manglar Tajamar”:
Whitey Bbp: No tengo palabras para describir el desprecio que tengo por el gobierno y la corrupción de mi país!!!!! ¿Hay algo que podamos firmar?
Guadalupe López: que no chingue el pinche juez, es casi un imposible, pinche corrupto vendido!!!!
Marciano Carrasco: Toca de $1773.84 pesos cada uno de los 11275 que somos fans de esta página.
Lo anterior tan sólo es una muestra de la inconformidad social prevaleciente entre los cancunenses, pues priva la opinión de que es Fonatur quien debería aportar los 21 millones de pesos, porque fue quien comercializó y autorizó las obras impugnadas, aunque en mucho tienen sus propia responsabilidad los propietarios italianos del desarrollo inmobiliario Bi&Di, quienes sin permisos ambientales se pusieron a retirar el mangle y las especies protegidas, con lo que echaron a perder la inversión de muchos otros grupos empresariales en Malecón Tajamar.
Este es uno de los problemas ambientales de Cancún, pero también los habitantes de este destino turístico tienen problemas de opacidad en el manejo de los recursos públicos por parte de su autoridades más cercanas, pues conforme el indicador de AR Regional, el porcentaje de transparencia la administración municipal de Benito Juárez, que encabeza Paul Carrillo de Cáceres se encuentra a la cola de todos los demás municipios, en el sitio 44 de 60 posibles.
Ente los resultados del Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de los MUNICIPIOS (ITDIF-M) 2014, se obtuvo que sólo 9 ayuntamientos obtuvieron más de 75.0 puntos, y otros 11 tuvieron más de 60.0 puntos; es decir, únicamente la tercera parte de los ayuntamientos de la muestra se colocan en un nivel aceptable de transparencia fiscal. Esto es un foco rojo de que los ayuntamientos no cumplen con el derecho de acceso a la información, a través de la transparencia de sus finanzas públicas.
El Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de los Municipios (ITDIF-M) es un instrumento estadístico que permite conocer la disponibilidad y calidad de la información financiera y fiscal generada por los ayuntamientos, a través de sus portales electrónicos oficiales.
El índice considera diferentes aspectos de la gestión y el desempeño gubernamental, a fin de evaluar de manera integral la transparencia en la información fiscal en cada uno de los ayuntamientos considerados. Estos aspectos se integran en seis bloques: Marco Regulatorio; Marco Programático-Presupuestal; Costos Operativos; Rendición de Cuentas; Evaluación de Resultados; y Estadísticas Fiscales.
En 2014 comprometidos con la mejora continua del índice, se agregaron criterios de disponibilidad de documentos a solicitar: i) los formatos únicos de aplicación de recursos federales; ii) obras financiadas con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM-DF); iii) informes trimestrales de los recursos recibidos por el Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP); y iv) lo convenido con el Estado en materia fiscal, en particular, los referente al impuesto predial.
Asimismo, en lo concerniente a la medición de elementos de calidad, se incluyeron nuevas variables respecto al desglose de la información y criterios para la asignación de puntuación en las variables siguientes: validación de la presentación de estadísticas fiscales de 4 años atrás; la presentación de referencias en las adquisiciones y adjudicaciones y obra pública (número de convocatorias, descripción de adquisiciones, empresa ganadora e importes); en las obras financiadas con el FISM-DF 2014 se verificó la presentación del número de contrato y el nivel de avance por trimestre de 2014; finalmente se revisó que en la presentación de indicadores de gestión, se enunciara además del nombre de cada indicador, la descripción y objetivo del mismo, la meta planeada y la fórmula de cálculo.
Los resultados generales obtenidos muestran mejora respecto a la evaluación de 2013. El promedio obtenido de los 60 municipios evaluados, fue de 51.80 puntos en una escala de 0 a 100 puntos, 1.75 puntos más que la puntuación obtenida en 2013, año en el cual se evaluaron 66 municipios.
El resultado promedio (51.80 puntos) coloca a los ayuntamientos en general en un nivel bajo de transparencia fiscal. De las 60 páginas electrónicas evaluadas, sólo 9 municipios obtuvieron puntuaciones mayores a los 75.0 puntos. En tanto que 40 municipios, es decir 2 de cada 3 municipios, se clasificaron en el nivel bajo de transparencia fiscal, al obtener puntuaciones por debajo de 60.0 puntos.
Por eso, destaca la gran brecha que existe entre la primera posición, conseguida por la Capital de Puebla con 97.35, y el último lugar ocupado por Salina Cruz (Oaxaca), el cual obtuvo 0 puntos, debido a que durante los días de evaluación y hasta mediados del mes de noviembre, mantuvo la leyenda de “página en construcción,” sin incluir ninguna información en la misma.
Debe subrayarse que la situación observada en el portal de Salina Cruz puede explicarse cuando el cambio de administración es cercano a la fecha de medición. Sin embargo, este no fue el caso en esta ocasión, ya que la toma de protesta de la actual administración se realizó el 1 de enero de 2014. De esta forma sólo los ayuntamientos de Nayarit, que tomaron protesta el 17 de septiembre del presente año, son los que podrían explicar su puntuación por el cambio. Sin embargo, debe puntualizarse que un cambio de administración cercano a la medición puede explicar, más no justificar, la desaparición de la información.
En el índice se presentan en color verde aquellos municipios que se clasifican dentro del nivel de transparencia alta (75.0 puntos o más puntos); en amarillo los clasificados en el nivel de transparencia media (60.0 o más puntos y menos de 75.0 puntos); y, finalmente en rojo, los ayuntamientos con resultados bajos en transparencia fiscal (menos de 60.0 puntos), y Cancún solamente alcanzó una puntuación de 36.40, por lo que está entre los coleros, solo 14 posiciones arriba del último lugar; pero esto será motivo de posterior análisis en otra entrega de Hora 14.
