El último jalón
Ramón Zurita Sahagún miércoles 21, Oct 2015De frente y de perfil
Ramón Zurita Sahagún
Las próximas horas serán definitorias para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decida si anula o no los comicios celebrados el pasado 7 de junio.
De acuerdo con las cifras emanadas de ese proceso electoral, el candidato del PRI, José Ignacio Peralta, resultó ganador por poco más de 500 votos, sobre el panista Jorge Luis Preciado.
Sin embargo, los panista impugnaron el resultado, presentando una serie de pruebas que muestran, presuntamente, la intervención de las autoridades de gobierno, la inequidad en el proceso y la coacción del voto, entre otros ilícitos. Con base en los argumentos presentados por los panistas, la cobertura de ambas campañas muestra una total inequidad, asimétrica y no en igualdad de condiciones.
Se resalta la intervención del gobierno del estado, mediante la Procuraduría de Justicia y la Sedescol, así como de varios funcionarios del gabinete estatal que promovieron el voto para el PRI. De acuerdo con la argumentación presentada, desde la Procuraduría General de Justicia del estado se originó una persecución en contra del equipo de campaña del panista Jorge Luis Preciado.
Esas son las pruebas madres de la impugnación, aunque existen otras relativas a la distribución de las tarjetas Premia Platino, boletos de cine, kits escolares y otros productos que repartieron los promotores del candidato del PRI.
La resolución que tome el TEPJF llamará poderosamente la atención, ya que es la única de las nueve gubernaturas en disputa que llegó hasta esas instancias. Y es que la diferencia entre uno y otro candidato es mínima, aunque un voto hace la diferencia entre el ganador y el derrotado.
Sin embargo, la definición del Tribunal se dará en los tiempos en que algunos de sus magistrados son considerados como prospectos para ocupar alguna de las dos plazas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estarán vacantes a partir del 30 de noviembre.
María del Carmen Alanís Figueroa es el nombre de la magistrada, cuya mención es frecuente entre los posibles integrantes de una terna para ocupar una de las dos vacantes que quedarán en el Corte en fecha próxima.
La salida de la ministra Olga Sánchez Cordero abre un espacio que se pretende llenar por cuota de género, por lo que son insistentes los que señalan como la más probable a Alanís Figueroa.
Hay quienes piensan que el sentido del voto de María del Carmen puede inclinar sus opciones para ocupar la silla de ministro de la Suprema Corte.
Si el voto razonado es favorable para el candidato del PRI, se afirma, estará dentro de las ternas, pero enfrentará, tal vez, el veto de los panistas y se requiere del apoyo de las dos terceras partes de los senadores.
De ser a favor de la impugnación panista, entonces Alanís Figueroa podría quedar fuera de las ternas que enviará el Presidente de la República, aunque hay quienes señalan que se encuentra negociada de antemano todas las posibilidades.
A la espera de que sea el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el que determine el escenario que se presenta, es que se respetará la diferencia de votos y las eventuales pruebas presentadas por el PAN serán desechadas. Sin embargo, ante la posibilidad de una anulación y la convocatoria para unos comicios extraordinarios, la ley establece que el PRI tendría que cambiar de candidato, por haber sido el partido impugnado.
No sucedería así con Acción Nacional que presentaría nuevamente al mismo candidato, si es que es su deseo competir con el mismo abanderado.
Lo que si queda claro, es que, sin importar el resultado, Colima es uno de los estados con mayor competencia electoral, ya que en 2003 fueron anulados los comicios por la intromisión del entonces gobernador Fernando Moreno Peña y en los extraordinarios volvió a ganar el candidato del PRI, Gustavo Vázquez Montes, aunque eran otras reglas las vigentes.
Por cierto, en los comicios del pasado 7 de junio, el PRI nominó como candidatos a diputados a tres mujeres que fueron esposas de gobernadores. Las tres fueron vencidas en las urnas, incluso la del actual gobernador, Mario Anguiano Moreno y la de Fernando Moreno Peña.
Colima es uno de los estados que no atraen demasiado reflectores, pero que por la importancia de su puerto de Manzanillo se ha convertido en una plaza sumamente disputada por la delincuencia organizada.
La violencia se hace presente en forma constante y una prueba de ello fue el reciente ataque sufrido por el ex gobernador Fernando Moreno Peña, quien fue herido de bala, mientras que el también ex gobernador Jesús Silverio Cavazos fue victimado hace cinco años y familiares de políticos, empresarios, dirigentes y simples ciudadanos han sido presa de la misma delincuencia que disputa los espacios.
SALVADOR JARA
Extrañeza causó la designación de Salvador Jara como subsecretario de Educación Superior, en lo que parece ser un reconocimiento a su gestión como gobernador interino.
Es cierto que Jara fue rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de donde salió para suplir a Fausto Vallejo Figueroa como gobernador de esa entidad, pero su papel como gobernante fue lamentable.
Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, realizó otros nombramientos, entre los que destacan Alejandro Damián Pérez Corzo, como coordinador de Órganos Desconcentrados y Sector Paraestatal y Miguel Augusto Castañeda Fernández, como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos.
Los tres nuevos funcionarios de la SEP tendrán como tarea reforzar y aplica educación de calidad en las aulas, con base en las prioridades fijadas por el presidente Enrique Peña Nieto, según dijo el titular de la SEP.
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