La renuncia de Otto
Luis Muñoz viernes 4, Sep 2015Segunda vuelta
Luis Muñoz
En estos momentos en que todo mundo habla de Guatemala como ejemplo mundial por haber retirado la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina para ser juzgado como cualquier ciudadano, sin ningún poder ni influencia de por medio, bueno sería que en otros países hicieran lo mismo, principalmente donde impera la corrupción.
Ejemplos sobran. Ahí está, por citar solo uno, el caso de Argentina. Argentina, hoy por hoy, lidera el ranking de países de Latinoamérica donde hay una mayor percepción del aumento de la corrupción en los últimos dos años, seguida de México y Venezuela, de acuerdo al Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional.
Un dato que refuerza lo señalado por el estudio indica que el 72% de los argentinos considera que la corrupción se ha incrementado, en tanto que en el caso de México y Venezuela, lo creen el 71% y 65% de los ciudadanos, respectivamente.
México no está lejos de parecerse a Argentina. En este país, las instituciones percibidas como más corruptas son los partidos políticos, los funcionarios públicos, el Poder Legislativo, la Policía y el Poder Judicial.
De ahí, la trascendencia de haber despojado de su fuero al presidente Pérez Molina, quien, no obstante, puede seguir cumpliendo con sus funciones de primer mandatario, aunque con el agravante de haber sido arraigado para evitar que abandone el país.
El presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, Marco Antonio Sagastume, aseguró que el país se ha convertido en “un ejemplo para el mundo” tras desaforar a su presidente, Otto Pérez Molina.
Para el letrado, el logro del pueblo fue “un triunfo” sin precedentes del que pueden tomar ejemplo otras naciones…
Una vez que se le retiró la inmunidad, Pérez Molina será investigado por supuestamente liderar la red de corrupción aduanera conocida como “La Línea”.
Sagastume lamentó que el mandatario no hubiera presentado su dimisión de manera inmediata, porque su permanencia estaba haciendo “daño a Guatemala, a la institución militar, al estado de Derecho y a la democracia”. Finalmente sucedió en las primeras horas de ayer jueves, a pocas horas de que Otto Pérez compareciera ante la justicia. El Juzgado B de Mayor Riesgo había girado una orden de captura en su contra, sin embargo, la comunicación oficial de la Presidencia decía pasadas la 1 de la madrugada que el gobernante había renunciado “para mantener la institucionalidad del Ejecutivo y resolver en forma individual el proceso que se lleva en su contra”.
La carta de renuncia se encuentra ya en el Congreso de la República.
La Constitución de Guatemala, en su Artículo 189, señala lo siguiente en caso de ausencia del presidente de la nación:
En caso de falta temporal o absoluta del Presidente de la República, lo sustituirá el vicepresidente, en este caso Alejandro Aguirre Maldonado, quien apenas en mayo pasado el Poder Legislativo lo eligió por 115 votos a favor y 29 en contra luego de que el país se quedara sin vicepresidente tras la renuncia de Roxana Baldetti, quien se vio vinculada a un escándalo de corrupción por un fraude aduanero millonario.
El vicepresidente de Guatemala es el funcionario de más alta jerarquía dentro del Organismo Ejecutivo después del Presidente.
La pregunta, ahora: ¿Será suficiente todo lo sucedido para remediar la crisis que enfrenta el gobierno y que se vio agravada el domingo reciente, cuando Alejandro Sinibaldi, ex ministro de Comunicaciones y quien iba a ser designado como candidato presidencial por el partido oficial, anunció que renunciaba a ello.
Sobre su dimisión, Sinibaldi declaró: “Renuncio porque no estoy dispuesto a encabezar un proyecto cuyo único objetivo es llevar diputados al Congreso de la República con la misión de proteger intereses mezquinos de funcionarios corruptos cercanos a la ahora vicepresidenta (Roxana Baldetti)”.
A esta historia aún le quedan muchos capítulos y su desenlace aún es una incógnita. Sin embargo, lo que si representa es un buen ejemplo de lo que se debe hacer en otras naciones agobiadas por los altos niveles de corrupción que impiden crecimiento.
