Debe recuperar el Estado mexicano control de cárceles
Mauricio Conde Olivares miércoles 2, Sep 2015“Hora 14”
Mauricio Conde Olivares
La percepción ciudadana en torno a la seguridad es que las autoridades han sido rebasadas por la delincuencia y que las cárceles, por dar un ejemplo con la reciente fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en lugar de ser centros de readaptación y reinserción social, son universidades del crimen.
Repito, es la percepción y más aún, cuando desde el marco legal se pone en manos de violadores de la ley, nada más y nada menos, que el mando del gobierno al interior de los penales donde han ido a parar estos sujetos para cumplir, privados de la libertad, sus deudas con la sociedad.
En el más reciente Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Centro de Reinserción Social en Cancún obtuvo la calificación de 3.6 de diez posibles; el de Playa del Carmen registró un 4.13 y el de Chetumal, solo 4.38 puntos.
En detalle, el penal de Cancún que rompe récord por incidencia de motines entre los internos, en aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno obtuvo la calificación de 2.77; en aspectos que garantizan una estancia digna, 4.57, ¿acaso porque se construyó para 800 y hoy rebasan los 2 mil 300 internos?
Esta cárcel estatal también obtuvo un 2.8 en condiciones de gobernabilidad; un 4.75 en reinserción social del interno y una calificación de 2.92 en materia de grupos con requerimientos específicos.
Y sí, la cárcel de Cancún goza de un “autogobierno”, porque así lo permite el código penal local.
La solución a este problema pasa por uniformar cómo funcionan todos los penales mexicanos, es decir, que cuenten con protocolos homologados pues tenemos 392 instalaciones penitenciarias, de las cuales 22 son federales, 297 estatales y del Distrito Federal, y 74 del nivel municipal, donde cada uno tiene diferentes formas de operar lo que dificulta uniformidad de acciones, y por supuesto demerita todo tipo de eficacia.
Son los llamados “autogobiernos” al interior de las cárceles los cotos de poder que obtienen y ejercen grupos delincuenciales impunemente dentro y fuera de sus bardas perimetrales para seguir delinquiendo, secuestrando, extorsionando a reos y familiares, comerciando con todo lo comerciable como son las drogas; administrando como si fueran hoteles las visitas conyugales, cobrando por lujos en celdas y privilegiando a los representantes de los carteles del narcotráfico, porque la impunidad y la corrupción significan el trasmano de millones de pesos.
Pero también pone su granito de arena un sistema judicial donde la procuración de justicia brinda “beneficios procesales” que ponen de inmediato en la calle a criminales capturados infraganti, por lo que no permea entre la ciudadanía la cultura de la denuncia y más bien prevalece la cultura de la desconfianza.
O que alguien me explique por qué Daniel Pacheco Gutiérrez y Abraham Torres Tranquilino, hoy tristemente célebres por haber sido detenidos por el caso del multihomicidio de la colonia Narvarte en la ciudad de México del pasado 31 de julio, procesados por delitos graves, pero por beneficios procesales uno pagó la mitad de su condena y el otro ni siquiera la pisó.
Por eso, llama la atención que el nuevo comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, haya sostenido al respecto que esta situación deriva de un “autogobierno delincuencial” que es lo que prevalece en la mayoría de las cárceles mexicanas, ante el ominoso retiro del gobierno de una de sus obligaciones constitucionales como garante de la seguridad de todos y cada uno de los mexicanos.
El comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, aseguró que el Plan Nacional de Desarrollo, con una revaloración de la Policía Federal, así como un cambio en el Sistema Penitenciario, son puntos clave en temas de seguridad a nivel nacional.
Precisó como fundamental fortalecer el sistema penitenciario del país, ya que de los 22 penales federales del país, hay muchos que se tienen que fortalecer; hay algunos por inaugurarse y otros por cerrarse.
Si bien, aceptó Sales que la recaptura de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien se fugó del penal de máxima seguridad de El Altiplano el pasado 11 de julio, es tan sólo una de las muchas tareas de seguridad, afirmó que hay muchas otras que son muy importantes, en las que hay que trabajar como son la vinculación de la policía, donde la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, en un sistema integral, desde la persecución del delito hasta la ejecución de las penas.
Sabe muy bien Renato Sales que si logra la detención de “El Chapo”, debe reforzar el sistema penitenciario para evitar que se vuelva a fugar, esto es fundamental para la seguridad nacional, misma que debe pasar por la capacitación de los policías.
La otra medida es atender las particularidades de cada región, conforme el tipo de delito de mayor incidencia, como quien dice, según el tamaño del sapo debe ser la pedrada, pero también el comisionado Nacional de Seguridad enfrentará marcos legales obsoletos en la materia.
Tenemos códigos penales que dan vida a los llamados “autogobiernos” de los reos al interior de los penales, como es el caso de Quintana Roo, por lo que la lucha que encabeza Renato Sales Heredia se antoja una acción quijotesca, pues en el caso de la cárcel de Cancún son continuos los motines de la población interna, pues ese centro de reclusión fue creado para atender 800 reos, pero alberga 2 mil 300.
En el seno de la Conferencia Nacional de Justicia se tienen los principales lineamientos para fortalecer la política nacional penitenciaria.
Una de las propuestas es que por medio de la Conferencia Nacional de Justicia se lleven a cabo cinco acciones.
La primera es consolidar el registro nacional de información penitenciaria, ya que es la base que dentro de la ‘Plataforma México’ contiene y administra los datos de la población penitenciaria.
Se requiere que dicha información esté uniformada para optimar la calidad de la misma, por lo que cada uno de los centros debe cumplir con la actualización de sus registros.
La segunda acción consiste en estandarizar la operación de los penales del país bajo protocolos homologados, ya que actualmente existen 392 instalaciones penitenciarias, de las cuales 22 son federales, 297 estatales y del DF, y 74 municipales, y cada uno de sus mecanismos de operación varían de tal manera que dificultan implementar acciones uniformes y eficaces.
Es por ello que para unificar la administración y ejecución de los procedimientos en los centros, se propone que la conferencia nacional, a través de su comité de normatividad, desarrolle y discuta protocolos de actuación, métodos y procedimientos homologados para su aprobación en la misma conferencia.
La tercera acción se trata del desarrollo profesional penitenciario, debido a que el personal que labora dentro del sistema penitenciario nacional no cuenta con un servicio profesional de carrera, lo que implica una mayor rotación en sus actividades y reglas menos claras. Lo que se busca es promover la dignificación de la carrera penitenciaria mediante el desarrollo personal basado en el mérito y en la igualdad.
Otra de las acciones es desarrollar e implementar un modelo para la certificación de penales, tanto federales como estatales. Para ello, se propone impulsar una estrategia de mecanismos de certificación para todos los centros del país, con el objetivo de lograr un nivel adecuado de operación y proveer un entorno seguro para el personal que labora y para los reclusos.
La certificación debe cumplir con al menos 6 vertientes: seguridad y protección; orden y disciplina; atención digna; programas y actividades recreativas; justicia y derechos humanos; y administración y gestión.
La última acción hace referencia a la elaboración de un programa integral para la reinserción social.
El programa deberá tener una característica interinstitucional que impulse la vinculación entre las instituciones públicas y los sectores de la sociedad.
La segunda propuesta consiste en la constitución de un comité evaluador del sistema penitenciario, en el que participe tanto el Órgano Administrativo Desconcentrado, el Secretariado Ejecutivo y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y representantes de la sociedad civil y académicos.
Todo esto deriva de que en cada región de nuestro país es diferente y tiene varios niveles de violencia, ahora estimado lector, ¿cómo construimos indicadores confiables? ¿cómo y por qué es distinta la violencia en el norte del país que en el sureste o en entidades federativas, en el norte de un estado que en el sur de ese mismo estado?
Entonces tenemos que aplicar estrategias diferenciadas, focalizadas. Lo global desde lo local y lo local desde lo global; pero esto será motivo de posterior análisis en otra entrega de Hora 14.
