Menores, principales víctimas en la lucha contra crimen organizado
Mauricio Conde Olivares viernes 21, Ago 2015“Hora 14”
Mauricio Conde Olivares
En México, la pobreza tiene el rostro de un niño indígena con discapacidad, así quedó de manifiesto ante el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, durante el reciente examen que tuvo el Estado mexicano sobre la situación de las garantías individuales de los menores en nuestro país.
Un estudio del Banco Mundial cita que por cada dólar invertido en un pequeño o pequeña, éstos devuelven al cumplir 18 años 11 dólares, por lo que ninguna otra inversión o banco devuelve tanto dinero a un país.
El problema es que México no está invirtiendo en la infancia, del 100 por ciento del Producto Interno Bruto el seis por ciento lo invierte México para su infancia, de esto cinco por ciento en cosas generales para la educación, salud y desarrollo, menos del uno por ciento en protección.
Por ello, la sexta y más reciente rendición de cuentas en esta materia le ha significado al gobierno federal 157 nuevas recomendaciones por parte del Comité de Naciones Unidas, que se suman a 300 de pasados exámenes, por lo que se han acumulado casi 500 recomendaciones “incumplidas” por el Estado mexicano en torno a la protección de los derechos humanos de los niños adolescentes.
Las más recientes recomendaciones del Comité de la ONU se agrupan en tres grandes capítulos: el primero es cumplir con la Ley General de Niños y Niñas Adolescentes e instalar el Sistema Nacional de Protección Integral; el segundo atender de manera integral a niños que requieren atención especial en la calle, el trabajo, en comunidades indígenas y flujos migratorios; tercero revisar la estrategia en contra del crimen organizado, por los graves daños que ha causado a la infancia como es la narco-explotación, desaparición forzada, feminicidios y homicidios.
Al respecto, Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, nos dijo que los niños han sido de los más afectados por la estrategia que usaron en la lucha contra el crimen organizado.
Por ejemplo, el 15 de enero de este año en el sitio de la Comisión Nacional de Seguridad están reconocidos o registrados 23 mil casos de desapariciones, siete mil 16 son de menores de 18 años de edad, o sea, 30 por ciento; en el segmento de 15 a 17 años de edad, 7 de cada 10 son mujeres.
Es decir, todo esto que vemos de adolescentes desaparecidos, robados o que ya no regresaron a su casa está documentado que hay un incremento en el segmento de 15 a 17 años de edad y la mayoría mujeres, entonces el crimen organizado está encontrando en las chicas esclavas sexuales, que las saca del país o las tiene aquí mismo, en complicidad con autoridades.
Esto se tiene que investigar y llegar hasta las últimas consecuencias, sentenció Pérez García al término del “Conversatorio Quintana Roo” sobre logros y retos de los Derechos de los Niños y Niñas Adolescentes, que tuvo lugar en la Casa Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Cancún.
“No tenemos determinado el número de menores desplazados pero estimamos que alrededor de 2 mil niños han sido asesinados desde enero de 2007 a finales de 2014, según investigación hemerográfica de “REDIM”, aclaró su director ejecutivo.
El gran problema es que México no tiene un sistema nacional de información de infancia y solo hay pedacitos, unos los aporta el DIF, Educación y Salud otra y uno de los mandatos de la Ley General es crear esta base de datos.
En este diálogo con representantes de organismos civiles en el que también estuvo Diana Díaz Montiel como representante de UNICEF, quedó de manifiesto que por eso, el sur del país, es decir, en Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, se ha convertido en una zona delicada para niños y adolescentes con los más altos índices de pobreza y Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Chihuahua se han mantenido en los últimos cinco años como los lugares con mayor inseguridad.
Por ejemplo, tienen tasas de homicidio de niños altas el estado de Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Morelos en los últimos tiempos.
En materia de embarazo temprano de menores de edad destacan las estadísticas de Chiapas, Chihuahua, Morelos y Quintana Roo de manera importante resalta en el tema de trata de blancas y abuso sexual.
Quintana Roo por su vocación turística es un polo de atracción para este tipo de delitos contra la infancia, además por la fragilidad institucional de México en sus áreas de procuración e impartición de justicia y la corrupción de las mismas con el crimen organizado, lo que las convierte en un blanco fácil para la trata de personas y la violencia sexual, por lo que Cancún es un foco rojo a nivel internacional.
Aquí hay una red impresionante de este tipo de tráfico dominado por el crimen organizado, reconoció Juan Martín Pérez García, en su calidad de director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).
Para colmo, según el experto, en México no se hace la llamada inversión estratégica en la infancia, sino en fierro, en cemento, en asfalto, como parte de la inercia de desarrollo del país, pero dijo que es indudable que la mejor inversión es en la infancia, el país solo invierte el 1 por ciento del Producto Interno Bruto en la protección de la infancia y otros cinco puntos en educación, salud y desarrollo.
Entonces, es obvio que no vamos a tener buenas cuentas, toda vez que el tema es que la pobreza en América Latina es similar, es decir, los niños pobres de Guerrero son igualito de pobres que los niños de Haití, Bolivia o Nicaragua que son los tres países más débiles económicamente hablando de la región.
La diferencia es que en Bolivia, su gobierno está invirtiendo cerca del 30% de su Producto Interno Bruto en la infancia.
Así que el 20 de mayo pasado tuvo examen México en Ginebra, ante el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas y se comentó que en México la pobreza tiene el rostro de un niño indígena con discapacidad.
El Estado mexicano llevó muy pocos datos, de hecho ese fue uno de los reclamos que el Comité hizo y los números que obtuvo Naciones Unidas fueron los que los propios integrantes del comité reunieron, ellos son 18 expertos independientes quienes los recabaron de organizaciones sociales.
Por ejemplo, le pidieron a México el dato de cuántas sentencias existían de funcionarios que hubieran malversado fondos destinados a la infancia y el estado mexicano no respondió, pero eso sí, la delegación mexicana fue numerosa, integrada por 25 personas encabezadas por el subsecretario para Asuntos Multilaterales de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez-Robledo Verduzco, la directora del DIF Nacional, PGR, Salud, Educación y demás.
Según la Nueva Ley General de Derechos de Niñas y Niños Adolescentes, ahora cada seis meses el Presidente de la República con secretarios de Estado y gobernadores se reunirán para hablar de estos derechos y definir políticas públicas.
Recordemos que llegamos atrasados 25 años en esto, pero si hay voluntad política e inversión estratégica con participación de la sociedad civil veremos cambios positivos en menos de cuatro años, y con el Sistema Nacional de Protección Integral.
El tema ahora es que cada quien hace las cosas por su lado, salud va por una pista, educación por otra, desarrollo por la suya, DIF por otro lado y lo que va a hacer el Sistema Nacional de Protección Integral es articularlos y eso va a ser un cambio en sí mismo.
Juan Pérez García argumentó que estamos ante un factor de oportunidad y a la administración del presidente Enrique Peña Nieto le convendría atender las condiciones de vulnerabilidad de los niños y adolescentes como son que estén fuera de la escuela; que tengan vínculo familiar muy frágil; adolescencia como tema en sí mismo; y haber sido víctimas de algún tipo de delito sin acceso a la justicia.
Añadió que los niños pequeños son más propensos a la violencia física; las niñas adolescentes a la desaparición forzada y explotación sexual; los niños adolescentes son propensos a ser víctimas de homicidio por arma de fuego, y eso depende de un rango de edad específico por el tipo de riesgo.
Por ello, resumió, el tema central de la ley es un rediseño de las instituciones del Estado mexicano que buscará la articulación entre las dependencias que ahora trabajan cada una por su lado, de manera fragmentada; desplaza la responsabilidad histórica que se le ha dejado al DIF para colocarla ya en una nueva figura que estaría sobre la Secretaría de Gobernación con la Secretaría Ejecutiva como órgano desconcentrado y así le da un carácter de gobernabilidad democrática a la agenda de la infancia y un tercer elemento es que se obliga a tener sistemas de información únicos; pero esto será motivo de posterior análisis en otra entrega de Hora 14.
