Prevalece “impunidad” pese a suspensión en Malecón Tajamar
Mauricio Conde Olivares miércoles 19, Ago 2015“Hora 14”
Mauricio Conde Olivares
La coordinación de los tres niveles de gobierno significa simple y llanamente “impunidad” cuando la aplicación de la ley carece de transparencia. Esta máxima aplica tanto en la esfera federal como en lo estatal y los niveles municipales, por lo que de nada sirven las buenas intenciones de los titulares de cada dependencia pública si a la hora de aplicar sus instrucciones, el personal operativo, el de a pie, hace lo que le viene en gana.
Tal es el caso del entuerto que para el gobierno federal representa la depredación del mangle en Malecón Tajamar, donde hasta el momento se ha descubierto el ecocidio por parte de una empresa desarrolladora, BI&DI acusada de devastar el manglar y la fauna nativa, incluso especies protegidas, en una superficie de nueve hectáreas correspondientes a 10 lotes del Malecón Tajamar, por lo que tendrá que pagar entre 1.4 y 4 millones de pesos por la multa económica interpuesta por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente .
Ahora resulta que los inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente fueron denunciados ante la Procuraduría General de la República por haber estado presentes en los momentos de la devastación y no haber hecho nada en sospechosa actitud, por no decir de cómplices.
Pero también tuvo que intervenir la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo ante las denuncias ciudadanas y mientras dio vista del expediente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dictó varias medidas precautorias que no cumplieron los inspectores municipales de las direcciones de Ecología y también la de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, quienes contaban con un plazo de 24 horas a partir de ser notificados para inspeccionar el lugar de los hechos.
Sin embargo, dicha notificación de la medida cautelar número 25 de la CEDHQROO ocurrió el pasado 7 de agosto y según las guardias permanentes de ciudadanos en los sitios devastados es la fecha en que ningún inspector municipal se ha parado por ahí, siquiera para tomarle la foto al sello de obra “suspendida” que interpuso la Profepa en diez lotes de Malecón Tajamar.
El presidente de la asociación civil Defensoría Internacional de Derechos Humanos, Gerardo Solís Barreto, en conferencia de prensa reveló la notificación de la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo, con oficio número CDHEQROO/2074/2015/CAN-VG-II, donde personalmente Luis Fernando Medina Garcés en su calidad de Segundo Visitador General notificó a Rolando Leonel Melo Novelo, secretario municipal en Benito Juárez de Ecología y Desarrollo Urbano, el pasado 7 de agosto sobre las medidas cautelares dictaminadas.
Todo esto ante hechos probablemente constitutivos de delito de daño ecológico, en la zona conocida como malecón denominado Tajamar, donde observó que estaban destruyendo el manglar rojo y blanco por la maquinaria de una empresa particular y también quisieron sepultar a seis cocodrilos vivos, mismos que fueron denunciados desde el pasado 30 de julio sin respuesta alguna, para ese entonces, de Profepa y las autoridades municipales en Cancún.
La Comisión estatal apreció posibles violaciones a derechos humanos calificado como daño ecológico, entendido como la alteración al medio ambiente por el cual se ocasionan daños al ecosistema, efectuada de manera dolosa o culposa, a través de acciones u omisiones por parte de autoridad o servidor público directamente, o mediante su autorización o anuencia para que lo realice un tercero.
Las medidas precautorias dictaminadas obedecieron a que la violación reclamada se consideró grave y el ombusdman estatal advirtió que en el caso concreto se tiene la posible violación a los derechos humanos de las personas al derecho de disfrutar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Por eso se solicitaron las siguientes medidas precautorias:
PRIMERA: Inmediatamente gire sus instrucciones a los inspectores a su digno cargo para que en el ámbito de su competencia realicen la inspección al lugar de los hechos y garanticen que la empresa privada cuente con la documentación debida para realizar los trabajos de construcción.
SEGUNDA: En el supuesto de que se den hechos probablemente constitutivos de delito ambiental y ecológico se dé vista a la Procuraduría Federal del Medio Ambiente y se inicie el procedimiento administrativo correspondiente.
TERCERA: Una vez realizadas las investigaciones correspondientes, sírvase rendir informe a esta Comisión del cumplimiento de dichas medidas.
“Comunico a usted (Rolando Leonel Melo Novelo, secretario municipal en Benito Juárez de Ecología y Desarrollo Urbano) en los términos del artículo 50 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos y 59, 60, 61 y 63 del Reglamento de la Ley en comento, que la medida cautelar solicitada, deberá decretarla de inmediato y contará con un plazo máximo de VEINTICUATRO HORAS, a la solicitud de la misma, para notificar a esta Comisión si dicha medida ha sido aceptada, y en su caso, enviar las pruebas que considere de su cumplimiento”.
Aquí termina el oficio de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo recibido en las oficinas de Melo Novelo el pasado 7 de agosto, por lo que se aprecia que la recomendación del ombusdman estatal se la pasaron por el arco del triunfo, no obstante la cohesión y el músculo que mostraron respecto a las sanciones en conferencia de prensa conjunta por parte del Procurador Federal de Protección al Ambiente, Guillermo Haro Bélchez; el titular de Fonatur, Héctor Gómez Barraza; y el subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de Semarnat, Rafael Pacchiano Alamán.
Incluso fue muy claro el procurador Guillermo Haro Bélchez: “Desahogaremos las pruebas y alegatos de la empresa en un plazo de ley, en un plazo no menor a tres días ni mayor a 15, daremos a conocer el acuerdo de alegatos y se emitirán las resoluciones administrativas”.
Añadió el titular de la Profepa que “se prevén sanciones que van de multas de cien a 20 mil días de salarios mínimos, que pudiera dar de 1.4 a más 4 millones de pesos, en las sanciones económicas únicamente por los lotes inspeccionados, son 9 hectáreas de un total de 56”.
Así que la empresa BI&DI tendrá que cumplir con medidas de mitigación y restauración, de conservación y remediación.
Por ello, Guillermo Haro Bélchez instruyó inspeccionar la totalidad de los lotes del Malecón Tajamar en materia de cambio de uso de suelo y de impacto ambiental.
“Iniciamos cuatro procedimientos y al término de todos, del cumplimiento de las medidas y pago de las multas podrá iniciar la Semarnat la valoración sobre si continúan o no las obras”.
Al respecto, Katerine Haydé Córdoba, a nombre de los ciudadanos que mantienen guardia permanente en el Malecón Tajamar, solicitó a la Profepa que cambien los sellos de “Suspendido” por los definitivos de “Clausura”: “porque es un hecho que no nos moveremos de ese lugar ya que queremos que sea instaurado el humedal como área natural protegida, toda vez que es el hábitat por ejemplo de aves migratorias acuáticas”.
Katerine recordó que el día de la devastación estaban presentes inspectores de la Profepa que nada hicieron para detenerla, mismos que fueron fotografiados y videograbados conforme consta entre las probanzas que se entregaron en la PGR en las formales denuncias que interpusieron los ciudadanos defensores del medio ambiente; pero esto será motivo de posterior análisis en otra entrega de Hora 14.
