Obama crea escudo para 9.6 millones de ilegales
Mundo viernes 24, Jul 2015- Bajaría el número de deportaciones
Las deportaciones en la frontera Estados Unidos-México siguen siendo una prioridad.
Si los cambios del gobierno de Estados Unidos en las prioridades para la deportación de inmigrantes se cumplen plenamente, unos 9.6 millones de indocumentados, que representan el 87 por ciento del total en Estados Unidos, se podrían beneficiar.
Por lo tanto, el número de deportaciones de inmigrantes indocumentados bajaría en más de 25 mil casos anuales, señaló un nuevo estudio del Instituto de Política Migratoria (MPI)
Las prioridades de deportación del Departamento de Seguridad Interna (DHS) incluyen a inmigrantes fugitivos de la justicia, que enfrentan órdenes de deportación, o que hayan ingresado recientemente a Estados Unidos.
“Las deportaciones en la frontera Estados Unidos-México siguen siendo una prioridad bajo las directrices del 2014, así que la decreciente tasa de remociones del interior del país quedarían compensada en cierto grado por incrementos en la frontera”, señaló el estudio.
De acuerdo con estimaciones del MPI, un 13 por ciento de los inmigrantes indocumentados (alrededor de 1.4 millones de personas del total de 11 millones), tienen antecedentes criminales o un historial que los hace elegibles a la deportación bajo las nuevas reglas.
Se trata de una reducción del total de tres millones de personas que habrían calificado como sujetas a deportaciones bajo las directrices existentes en 2010-2011, según el MPI.
“Aunque se le ha prestado mucha atención a los anuncios de la acción ejecutiva del presidente (Barack Obama) que beneficiarían a 5.2 millones de inmigrantes, la implementación de las nuevas prioridades y el Programa de Cumplimiento Prioritario (PEP) beneficiaría a un mayor número de 9.6 millones”, señaló.
El presidente Barack Obama anunció en noviembre pasado una versión ampliada de Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA) y de su versión para adultos (DAPA).
Ambos programas fueron impugnados legalmente por una veintena de estados del país. El juez de Texas, Andrew Hanen, bloqueó su entrada en vigor y la administración Obama apeló su decisión ante la Corte del Quinto Circuito de Apelaciones, que no ha emitido su fallo final.
La administración Obama decidió cancelar el año pasado “Comunidades Seguras” y sustituirlo con el Programa de Prioridades de Cumplimiento (PEP), que limita la transferencia de detenidos a aquellos buscados por delitos graves o que son un riesgo a la seguridad nacional.
Pero legisladores republicanos sostienen que el PEP es un “fracaso”, porque es optativo y las jefaturas de policía –especialmente aquellas de unas 200 ciudades santuario del país- siguen ignorando las peticiones del DHS.
El tema adquirió atención nacional luego que San Francisco, California, liberó al inmigrante indocumentado mexicano Juan Francisco López Sánchez, acusado de causar la muerte a la joven Kate Steinle.
López Sánchez había estado en custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras cumplir una condena por ingreso ilegal a Estados Unidos y fue entregado a la oficina de alguaciles de San Francisco por una acusación separada de posesión de mariguana.
Pero bajo las reglas de la ciudad, el inmigrante mexicano fue liberado cuando se retiraron los cargos por la segunda acusación y porque no existía una causa criminal pendiente en su contra.
La administración Obama anunció este jueves que vetará una iniciativa de ley para cortar fondos federales a ciudades que se nieguen a colaborar con las autoridades migratorias.
La iniciativa propuesta por el republicano por California, Duncan Hunter, fue la respuesta a la muerte de la joven Steinle. Sin embargo, la Casa Blanca dijo que la iniciativa está lejos de tener el impacto de una amplia reforma migratoria que requiere el país, y socavaría los esfuerzos de las autoridades federales para deportar a indocumentados convictos de crímenes.
