Con Peña, 52.4% más negativos que en Cuenta Pública de FCH
Roberto Vizcaíno jueves 21, May 2015Tras la puerta del poder
Roberto Vizcaíno
- Entre 2013 y 2014 la corrupción tuvo un costo de 341 mil millones de pesos, dice el semáforo económico
- Los resultados de la fiscalización debieran ser un elemento esencial en la definición del voto de los ciudadanos
Al entregar ayer las observaciones a la Cuenta Pública de 2013, primer año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la comisión plural de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación indicó que los resultados presentan un incremento del 52.4% de dictámenes negativos respecto 2012, último año de la administración del panista Felipe Calderón.
“La recurrencia de irregularidades y el aumento de los dictámenes negativos evidencia que existe dificultad para elevar la calidad del gasto y propicia opacidad, actos de corrupción e impunidad”, indica el reporte.
En sí, los resultados del análisis de la Cuenta Pública el primer año de la presente administración, indica el reporte, es una alerta a incapacidades generadas en la operación y manejo de la secretaría de Hacienda que encabeza Luis Videgaray.
“En forma adicional el Semáforo Económico Nacional 2014 advierte que la corrupción ha costado en ese mismo lapso al país 341 mil millones de pesos.
“Los cálculos provienen de un indicador del Fondo Monetario Internacional, que establece que un aumento del 10% del PIB en la corrupción genera una pérdida de 2% en el crecimiento del PIB.
“Eso significa que en 2014 el nivel de corrupción represento el 15% de la inversión pública en México y deja ver que este mal permanece muy arraigado junto al de la impunidad.
“Uno de los problemas es que la falta de seguimiento o la carencia de medidas concretas de control y combate a la corrupción, se traduce en la falta de castigo a los responsables”, agrega el reporte.
Con las cosas así, dicen los miembros de esa comisión legislativa, “la acción fiscalizadora queda en una mera recapitulación de toda esta cadena de incumplimientos y problemas de la administración pública”.
Y agrega:
“Un ejemplo de esto podría ser el reciente caso de corrupción en el que se vio envuelto el titular de la Secretaría de Comunicaciones del Estado de México, junto con altos directivos de la empresa OHL.
“Todos ellos están involucrados en un evidente fraude en la concesión del Viaducto Bicentenario, a partir de obtener provecho de su posición de funcionario público con información privilegiada”, señaló.
Previamente, la Comisión dice que el análisis del Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 “nos indica que la Auditoría Superior de la Federación practicó 1,413 auditorías a 564 entidades públicas; desplegaron 149 auditorías de desempeño, 721 financieras y de cumplimiento, 14 forenses, 142 inversiones físicas, 376 financieras con enfoque de desempeño, 8 evaluaciones de políticas públicas y 3 estudios.
“De ellas se derivaron 8,915 observaciones, y 10,871 acciones (6,902 de carácter preventivo y 3,969 de carácter correctivo).
“Se emitieron 5,299 recomendaciones; 1,321 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria; 1,798 pliegos de observación; 783 solicitudes de aclaración; 57 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, y 10 multas.
“En comparación con la revisión de 2012 (último año del presidente Felipe Calderón), los dictámenes en sentido negativo de la cuenta de 2013 (primer año del presidente Enrique Peña Nieto) tuvieron un incremento del 52.4% pasando de 338 a 515, así ocurrió también con los dictámenes con salvedad que se incrementaron en 8.78% pasando de los 467 a 508”, concluye.
IMPACTAN EL VOTO
Al recibir las observaciones y recomendaciones de la Comisión Legislativa, el Contador Público Certificado Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la Federación, consideró que el ejercicio de revisar y fiscalizar la cuenta pública es un elemento esencial para generar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, uno de los elementos básicos para el desarrollo adecuado de la vida democrática en el país.
Una confianza que nace del manejo responsable y trasparente de los recursos públicos, dijo. De un manejo de recursos que elimine la discrecionalidad y la opacidad.
“De ahí que hay que felicitar al Congreso de la Unión y los de los estados que hicieron realidad al Sistema Nacional Anticorrupción, que proporciona el andamiaje legal para prevenir, investigar y sancionar todos los actos de corrupción en los tres niveles de gobierno, y de particulares”.
En cuanto a los resultados de la revisión de las más recientes cuentas públicas, dijo que “que no se puede ocultar que se ha generado una brecha entre las perspectivas de la población y las necesidades del poder político…
“A nuestro parecer, podemos contribuir de manera importante a cerrar esa brecha a través de un mayor contacto entre autoridades y ciudadanos en un terreno común, que es el uso prudente, adecuado y productivo del presupuesto por parte de aquellos a los que se les ha confiado esa misión”.
Recordó el auditor que el ejercicio de la fiscalización superior y la supervisión que deben realizar los legisladores respecto al gasto no operan en el vacío.
“Tenemos que tomar en cuenta el actual proceso electoral y el impacto que tiene la fiscalización superior en el ánimo de los electores.
“Un elemento importante del momento actual es el inicio de las labores para el establecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, y el impacto que esta medida tendrá en la forma y los objetivos de la auditoría gubernamental, así como el imperativo de robustecer a la fiscalización superior y dotarla de los recursos legales necesarios para que cumpla con su cometido institucional”, precisó.
Labor delicada ser el vínculo de la totalidad de la Cámara de Diputados con su órgano fiscalizador, puesto que lo que aquí se discute tiene repercusiones, prácticamente, en la totalidad de los trabajos de las demás comisiones.
Subrayó que entre las mil aristas que tiene la terea de la fiscalización, “uno de los principales factores que promueven la democracia es que el elector cuente con información objetiva y basada en hechos concretos respecto al desempeño de las administraciones, tanto locales como a nivel nacional, para que emita su voto razonadamente.
“De ahí que la fiscalización superior sea uno de los elementos que el ciudadano puede utilizar para normar su criterio; la voluntad de hacer llegar, de manera clara, comprensible y oportuna los resultados de la revisión de la Cuenta Pública y que ha sido una constante en el compromiso de la Auditoría Superior de la Federación y de la Comisión de Vigilancia representa una aportación a la concientización del votante”.
La conclusión es por demás simple: observando, estando atentos a los resultados de la fiscalización de las cuentas públicas, es como los ciudadanos pueden decidir por quiénes o no votan.