Familia incómoda
Ramón Zurita Sahagún viernes 23, Ene 2015De frente y de perfil
Ramón Zurita Sahagún
El súbito enfrentamiento verbal y público entre dos chihuahuenses que se la traían sentenciada de tiempo atrás, reveló historias familiares escondidas de uno de ellos y el tono que se espera prevalezca en las futuras campañas políticas.
Javier Corral, senador por Acción Nacional, quedó sorprendido cuando el gobernador de su estado natal le cuestionó su pretensión a desestabilizar su gobierno por las afectaciones al grupo delictivo que opera en Ciudad Juárez.
Con un tono alejado del diálogo o de la civilidad que pregonan los partidos políticos, los dos personajes (César Horacio Duarte y Javier Corral) que se enfrentaron en las urnas en 2010 por el gobierno de Chihuahua, se lanzaron diversas acusaciones sobre las que destacan corrupción, impunidad y delincuencia organizada. Fue Corral quien lanzó las primeras acusaciones sobre la presunta corrupción del mandatario.
La historia versa sobre la presunta compra de acciones de un banco por parte del gobernador, haciendo uso de recursos públicos para negocios privados y la utilización de la institución financiera para todo tipo de transacciones.
Corral enarbola la bandera de la denuncia sobre ese y otros temas, donde acusa al gobernador de Chihuahua.
Sin embargo, Duarte no se quedó atrás y precisó que dos de los hermanos del senador panista han estado en la cárcel por delitos distintos. Uno por narcotráfico y otro por fraude.
La respuesta del gobernador hacia el senador no gustó al segundo, quien la consideró una bajeza, sacar a colación esos temas familiares.
Empero, el enfrentamiento verbal entre ambos -uno priísta y otro panista-, habla del nivel que mantiene la clase política del país, que acostumbra a lanzar denuestos, descalificaciones, acusaciones y golpes bajos, pero no le gusta que le refresquen la memoria.
Es cierto que guarda razón el senador panista cuando expresa que esas son cuestiones de sus hermanos, a las que deben responder ellos, pero también lo es que resulta una pesada carga para un político contar con una familia así.
Xóchitl Gálvez Ruiz, la polémica y extrovertida hidalguense, vivió una historia similar, cuando su hermana, Jaqueline Mallinalli Gálvez Ruiz, fue detenida por pertenecer a una banda de secuestradores.
Colima es una entidad en la que cotidianamente se repiten esas historias de familiares de los políticos vinculados con la delincuencia.
Esmeralda Cárdenas Sánchez es una panista de esa entidad que sintió en carne propia, como su ya asegurada candidatura a una alcaldía le fue retirada por los nexos de dos de sus hermanos con la delincuencia organizada.
René y Jaime Cárdenas Sánchez fueron detenidos y acusados de transportar 184 kilogramos de marihuana, afectando la trayectoria de la entonces diputada federal.
El propio gobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno, resintió que uno de sus hermanos, Humberto fue detenido y acusado de distribuir cocaína, marihuana y metanfetaminas.
Leonel Godoy Rangel, ex gobernador de Michoacán, ex senador, ex diputado federal, ex jefe policíaco y otras cosas más, carga con la pesada losa de que su hermano, Julio César Godoy Toscano, se encuentra prófugo desde hace varios años, acusado de narcotráfico, “lavado” de dinero y delincuencia organizada, entre otros delitos.
Los muertos en los roperos de los políticos son muchos y los pecados cometidos por ellos mismos o familiares cercanos se multiplican y aparecen cuando se inician las campañas políticas y son exhibidos como una forma de detener el empuje que pudieran tener para un cargo de elección popular.
Los hay en todos los partidos, sin distingo de siglas, aunque la mayor parte de ellos corresponden a familiares, las culpas son endosadas a los que promueven honestidad, honorabilidad y claridad de cuentas y arrastran en sus propias familias historias que, en algunos casos, no han trascendido.
Había que ver si los pecados familiares son responsabilidad de los políticos encumbrados o solamente corresponde a los consanguíneos cargar con ellos.
Por lo pronto, las polémicas acusaciones entre Javier Corral y César Duarte sirven para marcar el inicio de la guerra sucia que, seguramente, prevalecerá en las campañas políticas que definirán en las urnas el destino de 300 diputaciones federales de mayoría, nueve gobierno estatales y un gran número de congresos locales y alcaldías en todo el país.
SE VA CASTILLO
Ya había anunciado Alfredo Castillo su salida de Michoacán, prevista para antes del proceso electoral federal del 7 de junio, donde además se elegirá gobernador de esa entidad, junto con ocho estados más. Sin embargo, ahora fue el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien expuso que terminó la labor de Castillo en aquella entidad.
La salida del comisionado ya había sido pedida por los tres principales aspirantes al gobierno del estado que competirán el 7 de junio por el voto ciudadano.
La panista Luisa María Calderón, el priísta Ascención Orihuela Bárcenas y el perredista Silvano Aureoles Conejo, coincidieron en solicitar la salida de este personaje de las labores que venía ejecutando en Michoacán.
Según Osorio Chong, la decisión la tomó el presidente Enrique Peña Nieto, bajo la premisa de no enrarecer el proceso electoral que se avecina, por lo que designó al general Felipe Gurrola Ramírez, como encargado de la seguridad en el estado y quien coordinará a 6 mil elementos de las fuerzas federales en esa entidad.
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