La incurable violencia
¬ Juan Manuel Magaña lunes 29, Sep 2014Política Spot
Juan Manuel Magaña
En las últimas semanas, y más en los últimos días, los hechos hablan por sí mismos de que la violencia, lejos de ceder, aprieta y se hace inocultable.
Los estados de Chihuahua y Guerrero han sido escenarios de hechos de violencia en los que han muerto decenas de personas y que han generado dudas sobre el comportamiento legal de las fuerzas armadas.
Tan sólo este fin de semana, la violencia produjo unos 22 muertos en distintas ciudades de Chihuahua; 14 muertos en diversos poblados de Guerrero, y otros seis homicidios en tres municipios de Guanajuato. Fueron 42 en total.
Destaca una balacera ocurrida en Iguala: la Procuraduría estatal tuvo que detener a 22 elementos de la Policía Preventiva por estar presuntamente involucrados con los hechos del viernes pasado en los que perdieron la vida seis personas y 17 más resultaran lesionadas.
Pero de todos los casos el más preocupante es el ocurrido en Tlatlaya, Estado de México. Ahí están los reportes periodísticos y la difusión este fin de semana de reveladoras fotografías que acentúan la versión de que efectivos del Ejército Mexicano ejecutaron a 22 presuntos delincuentes en el poblado de San Pedro Limón, en Tlatlaya, Estado de México.
El material fotográfico de la escena del crimen fue entregado de manera anónima a la agencia de noticias MVT.
Publicado por el diario La Jornada, se muestra que al menos 14 de las personas abatidas por los soldados fueron colocadas a menos de un metro de las paredes de una bodega y se les disparó a corta distancia. Organismos como Human Rights Watch (HRW) y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) señalaron que las fotografías de la agencia MVT fortalecen la versión del ajusticiamiento.
Los hechos ocurrieron el pasado 30 de junio y las autoridades informaron inicialmente que esas 22 personas habían perdido la vida durante un enfrentamiento con los militares.
Pero este fin de semana y a la luz de las revelaciones periodísticas, la postura de la Secretaría de la Defensa Nacional tuvo que dar un vuelco.
La secretaría informó que ocho militares -.-un oficial y siete elementos de tropa- fueron puestos a disposición del juzgado sexto militar y recluidos en la prisión de la primera región militar.
En un comunicado afirmó que la Procuraduría General de Justicia Militar lleva a cabo la investigación por la presunta responsabilidad de dichos soldados en la comisión de delitos en contra de la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes (esto en el caso del oficial).
La dependencia precisó que la investigación de la procuraduría castrense es independiente de la que realizan la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre esos acontecimientos en donde, de acuerdo con una testigo, los militares habrían ‘‘ajusticiado’’ a 21 de los 22 jóvenes muertos, después de que éstos se rindieron luego de sostener un tiroteo con los militares.
Incluso, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, compareció ante diputados para decir que si bien “México tiene un gran Ejército”, si existiera un señalamiento negativo en torno a los militares que participaron en el operativo de Tlatlaya, eso sería una excepción.
Todos estos hechos que no han podido ser ocultados nos recuerdan la dinámica que la violencia tuvo el sexenio pasado. Es casi la misma. El ingrediente preocupante es, como en el caso de Iguala y Tlatlaya, la violencia se descargue por parte de quienes están a cargo de pararla.
