Oro negro, futuro negro
¬ Juan Manuel Magaña viernes 1, Ago 2014Política Spot
Juan Manuel Magaña
Hay que ver lo que le espera a México cuando el Congreso termine de perpetrar esa reforma energética. Hablando en plata, el futuro no tiene nada de esperanzador. Nomás hay que ver, por encima de la desinformadora verborrea de la temporada, las sencillas observaciones de dos analistas del más alto nivel que hay en México.
Dice el historiador y politólogo Lorenzo Meyer que “nuestro” petróleo será ahora la fuente de energía para una nueva construcción política, la introducción de una nueva alianza entre gobierno y nuevos capitales privados, fundamentalmente extranjeros, invitados bajo la idea de privatizar lo público, como si eso fuera la llave del desarrollo tantas veces prometido en México.
Dicen que eso nos va a beneficiar, comenta Meyer pero reconoce no entender cómo, si los beneficios, la renta petrolera, se irá a nuevos bolsillos privados que aquí no construirá barcos ni producirá la maquinaria necesaria para sus operaciones. Cuestiona por qué privatizar, cuando el problema fundamental de Pemex es la corrupción.
¿Por qué no se libró guerra, como con el narco, contra esa corrupción? ¿Por qué no ha sido creado el organismo anticorrupción que para regresar al poder el PRI prometió?
Meyer concluye que se prefirió ir por el lado privatizador, porque si se le hace la guerra a la corrupción en Pemex y en todo el sistema político, este mismo sistema se cae, pues tiene una historia de alianzas y uniones construidas precisamente de forma corrupta. Luego entonces, con la privatización el sistema político, algo completamente ajeno a una democracia, se consolida.
Examinemos ahora otros flancos. Para el académico de la Universidad Iberoamericana, Alberto Montoya, con las leyes energéticas se destruye de facto a Pemex y la CFE. Y al destruir a las empresas del Estado, se destruirá también la economía nacional. Así de sencillo.
Según él la destrucción de esos organismos del Estado está planteada en las leyes, pues al no ser ya empresas públicas no pueden ser sometidas a un control, por ejemplo de la Auditoría Superior de la Federación, y serán sometidas al derecho privado.
Su propio título de “empresas productivas del Estado” quedará así nulificado. Más bien cree que la reforma energética en vez de darnos soberanía nos va a hacer dependientes de empresas extranjeras y con eso viene la destrucción de la economía nacional, así como una mayor importación.
Para el académico es la dependencia que tiene Estados Unidos del petróleo la causa que ha impulsado el cambio en la Constitución mexicana. EU necesita un millón adicional de barriles y esa es la causa de un pacto de modificación de la Constitución, que no ha tenido en nuestro país una justificación económica; nunca se presentó una argumentación económica que los justificara y por eso no se siguió el procedimiento que marca la propia Constitución para elaborar las leyes.
“Todo se hizo sin debate, e incluso hay un amparo interpuesto que debe de ser atraído por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, no sobre el contenido sino sobre el propio procedimiento que no tuvo validez legal”, expuso el analista.
Más aun, Alberto Montoya explicó: “Mediante los contratos de diversas formas -contratos, producción compartida- se está otorgando propiedad porque las empresas extranjeras, según el propio transitorio establecido en la reforma constitucional podrán registrar dichos contratos como activos y los bancos los podrán reconocer como garantías reales para el préstamo de dinero”.
¿Qué significa todo esto?
Que a esas empresas se les está dando de facto, independientemente de que se diga que el petróleo es de la nación, un carácter de garantía real ante un banco. Las empresas extranjeras tienen derecho a hipotecar, es decir, pedir préstamos contra dichos contratos, que están subsumiendo el derecho exclusivo de explotación y por lo tanto este derecho de propiedad les da el derecho de apropiarse del valor intrínseco del petróleo que es la renta (petrolera)”.
Montoya observa que aquí hay un cambio fundamental en la cuestión que tiene que ver con el territorio. “Es increíble que esto lleve al despojo de la propiedad campesina y dicho despojo podrá ser, según dice la ley secundaria, pagado mediante que el propio campesino trabaje para la empresa extranjera… Es verdaderamente indignante y ofensivo”.
El problema mayor es que el académico considera que EU extiende su territorio con sus empresas en otras países.
“Tratándose de un asunto de seguridad nacional, la expansión de esta explotación por parte de estas empresas extranjeras en territorio nacional es claramente una condición que tiene que ver con la seguridad del territorio… es un asunto que evidentemente para Estados Unidos es fundamental, lo hemos visto cómo tiene que conducir guerras para poderse apropiar de recursos”.
