Sustitutos
Ramón Zurita Sahagún viernes 14, Mar 2014De frente y de perfil
Ramón Zurita Sahagún
La emergencia naviera provocada por la intervención del gobierno federal en Oceanografía, abre el abanico de opciones promisorias para otras empresas inmersas en estos mismos negocios. Es cierto que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, estableció que la cobertura realizada por la dependencia para el pago de adeudos de salarios para los trabajadores de Oceanografía no significa un rescate.
Se trata, dijo, de preservar y asegurar la operación de Petróleos Mexicanos y conservar las fuentes de empleo de miles de trabajadores. Y es que los empleados inconformes por los adeudos en salarios se mantenían a la expectativa y el retraso en la operación de la empresa se hizo sentir.
De acuerdo con algunas cifras, Oceanografía y otras empresas del consorcio de Amado Yáñez detentan el 40 por ciento de los contratos que Petróleos Mexicanos adjudica a las empresas navieras.
No es que falten empresas dedicadas a ese rubro, pero es Oceanografía la que mayor número de embarcaciones tiene y las de mayor capacidad para las necesidades de la empresa.
Creció en forma desmesurada en pocos años, como lo han hecho otras que se encuentran asentadas en Ciudad del Carmen, Campeche y Dos Bocas, Tabasco, puertos en los que se encuentran la mayoría de las navieras relacionadas con el negocio del cabotaje. El negocio es redondo, aunque se sabe que existe demasiada corrupción en esa área, pero son pocos los que se atreven a manifestarlo, ya que sus contratos dependen en mucho del tipo de relaciones que establezcan con quienes asignan los jugosos contratos.
Con varios contratos vigentes, Oceanografía, intervenida por el gobierno federal, deberá cumplirlos, aunque empiezan los movimientos para ver cuál de las principales empresas del ramo obtienen los contratos próximos. Son muchas las empresas en competencia, tanto mexicanas como extranjeras, varias de ellas con pasado tormentoso y nebuloso, asuntos que podrían estallar y restarle oportunidades de cubrir la suculenta vacante. Entre las principales empresas navieras que podrían obtener esos contratos en disputa se encuentran Marinsa, Cotemar, Blue Marine, Evya, Naviera Integral, SEMATSA, TMM, DEMAR, entre otras.
Juan Pablo Vega Arriaga es presidente de la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítima (CAMEINTRAM), que agrupa empresas navieras mexicanas, terminales portuarias, prestadores de servicios portuarios y conexos y administraciones portuarias integrales, que la convierte en la entidad más representativa del sector marítimo y portuario en el ámbito nacional, que tiene como misión proteger y fomentar el desarrollo de la Marina Mercante Mexicana y la industria del transporte marítimo.
Vega Arriaga, es al mismo tiempo principal accionista de Naviera Integral SA de CV, considerada como una de las principales empresas del sector. Su queja es permanente, ya que señala: se debe preservar el transporte marítimo mexicano y mantenerlo de esa manera para empresarios mexicanos con barcos de bandera nacional. Debe ser de los mexicanos y como tal debe estar reservado para los connacionales con la intención de impulsar el desarrollo del cabotaje”. Su posición siempre se mantuvo para que el transporte de hidrocarburos en barcos de bandera mexicana sea contemplado dentro de la reforma energética, y no en embarcaciones de bandera extranjera como se hace actualmente.
Ante la inédita situación que se vive en el sector, los grupos operadores en conflicto intentan establecer un control de daños, para evitar sufrir las mismas consecuencias de lo ocurrido con Oceanografía.
Sin embargo, el apetitoso y suculento bocado que representan los millonarios contratos de Pemex desató una serie de filtraciones donde los navieros se asestan con todo, para descalificar al adversario y obtener las ventajas necesarias que los ubiquen en una mejor posición de la que actualmente gozan. Habrá que esperar, para ver si en las próximas semanas, la disputa por los contratos arroja más lodo y ver cuáles de los competidores son los beneficiados con los nuevos y jugosos contratos.
QUERÉTARO
Hemos venido insistiendo sobre lo poco escrupulosos que son los directivos del futbol mexicano, ya que continuamente los propietarios de los equipos de este deporte profesional, se encuentran inmiscuidos en problemas judiciales. Son varios los equipos que en la actualidad padecen problemas de dinero y que adeudan varias quincenas a los jugadores que militan en sus franquicias. Esa es una constante que años con año se vive dentro de este deporte, sin que se pongan en vigor los estatutos de la federación. Con todo y ello, el futbol mexicano sigue disfrutando de canonjías y preferencias de diversos tipos.
Es por eso que llama la atención de personajes que saben que dentro del selecto grupo de propietarios de equipos se encuentran empresarios de los más ricos y poderosos del país, con lo que podrían convivir y aumentar sus expectativas de negocio.
Bajo ese argumento, compran una franquicia, la que al poco tiempo tienen que vender, ya que les es imposible cubrir los adeudos que se les van acumulando, ante los altos salarios que se pagan a los profesionales de este deporte. Por eso, lo sucedido con Amado Yáñez no es novedad dentro del deporte de las patadas.
Los ya conocidos casos de Jorge Lankenau, propietario en aquel entonces del equipo de Monterrey, se unen al de Carlos Ahumada, dueño de los equipos Irapuato y Santos en 2004. Otro caso conocido es el de Tirso Martínez, dueño del equipo Irapuato, de la segunda división (llamada en México Primera A) junto con el conocido empresario joyero Kléber Mayer. Las autoridades del futbol decidieron en julio de 2004 desaparecer los clubes Querétaro e Irapuato y dos hermanos, Alejandro y Jorge Vázquez, pretendieron revivir la primera de tales franquicias. Según informes oficiales, los Vázquez tuvieron tratos con el presunto lavador colombiano Paul Solórzano.
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