La alerta roja
¬ Augusto Corro miércoles 25, Sep 2013Punto por punto
Augusto Corro
El líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, se pronunció por una investigación al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, por la presunta negligencia en “que incurrió por no haber prevenido a la población de los efectos que traerían las lluvias que afectaron a la entidad” la semana pasada. En diferentes medios se informó que el día 13 de septiembre, mientras la tormenta tropical “Manuel” empezaba a azotar esa entidad, el mandatario estatal disfrutaba, sin preocupación alguna, una fiesta con amigos ex gobernadores, en una fiesta amenizada con mariachis y sabrosa cena.
La solicitud manifestada por el líder del PRD podría tener resultados muy interesantes en caso de que la investigación se realizara, porque se conocería la omisión o ineptitud de Ángel Aguirre para evitar una tragedia de las dimensiones que todos conocemos. Sin embargo, la autoridad moral de Zambrano no es suficiente para tomarlo en serio. Planteó Zambrano que deben investigarse las posibles responsabilidades en las que pudieron haber incurrido funcionarios públicos del gobierno federal y desde luego que se investigue el asunto del gobernador Ángel Aguirre y su fiesta.
Lo más importante del asunto se resume en la siguiente pregunta que se hacen los propios perredistas: ¿Por qué no se accionó la alerta roja que hubiera señalado con anticipación suficiente la carga de agua que traía el meteoro “Manuel”? De estar prevenidos, los daños no habrían sido cuantiosos y la llegada de turistas a Acapulco se hubiera limitado.
Anteriormente señalamos que la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) está interesada en investigar las irregularidades por parte de las autoridades de Guerrero, en la aplicación de medidas de protección civil adoptadas antes, durante y después de las lluvias registradas en días pasados en aquella entidad. Sabemos, de antemano, que los planteamientos del “Chucho” Zambrano y de la CNDH no llevarán a ninguna conclusión. Si hubo negligencia, omisión o ineptitud del gobernador Ángel Aguirre, todo quedará en el olvido. Es posible que nadie le llame la atención por su conducta reproblable a todas luces.
MÁS DE GOBERNADORES
La justicia no alcanza a concretar sus acciones contra los ex gobernadores acusados de diferentes delitos, como son los casos de Andrés Granier, de Tabasco, y Luis Armando Reynoso Femat, de Aguascalientes. El primero espera en una cárcel del Distrito Federal que se inicie su proceso penal. El segundo, se defiende hasta con las uñas y tiene en su poder 14 amparos para no pisar la prisión.
Tarde o temprano, el ex mandatario Granier tendrá que comparecer ante la justicia tabasqueña, pues fueron incontables los delitos que cometió, entre otros los de enriquecimiento inexplicable y peculado.
Recientemente, se informó que el susodicho Granier no solamente saqueó el erario, sino que también, durante los últimos cinco años de su sexenio, su gobierno compró y distribuyó medicinas caducas dentro del programa del Seguro Popular en su entidad.
El coordinador del Seguro Popular en Tabasco, Rommel Cerna Leader, dijo que lo anterior “representó un importante monto de los más de 700 millones de pesos de recursos federales desviados del sector salud en 2012, último año del sexenio de Granier”. Sin duda, otro escándalo más en la lista de irregularidades del ex gobernador tabasqueño. Por otra parte, el tercer ex gobernador en capilla es Juan Sabines, de Chiapas, quien no entregó cuentas claras de su mandato. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró un desvío por mil millones de pesos en el gasto de fondos federales en los ejercicios presupuestales de 2008-11.
El ciudadano Horacio Culebro Borrayas presentó una denuncia contra Sabines y más de 50 colaboradores, “quienes dejaron en la entidad una deuda de más de 40 mil millones de pesos”. La acusación se encuentra en la Procuraduría General de la República (PGR).
En fin, las acusaciones contra los ex gobernadores ya están en manos de las autoridades, ahora sólo falta sentar a los responsables en el banquillo de los acusados.
