Para Ripley
¬ Gustavo Mora viernes 28, May 2010Nostálgicos y acelerados
Gustavo Mora
La familia de Diego Fernández de Cevallos tiene sus razones para declarar que ha entablado contacto con los que secuestraron al jefe de la familia y aparte de pedir que se retire la policía de las investigaciones, las razones de este problemón son puramente económicas y nada tienen que ver con la política.
Con todo respeto: “¡Y el Diablo que se los crea!”.
Lo más acercado a la realidad es pensar que se trata de crearle un problema tamaño caguama al gobierno calderonista y se aprovechó la fama pública de Diego de posibilidades económicas.
¿O nos van a venir ahora con el cuento de que el secuestro de don Fernando Gutiérrez Barrios fue por razones económicas y que nada tuvo que ver la política? Varios tiburones de aguas profundas que se encontraban encarcelados, recuperaron la libertad, aparte del botín que se hayan llevado los secuestradores.
Así que quienes han caído a los Centros de Readaptación Social últimamente pueden estar preparando sus morrales o itacates para cruzar la puerta principal, aunque aparezcan con uniforme y los pantalones amarrados con mecates, como Mario Villanueva Madrid cuando lo sacaron de Almoloya para llevárselo al Reclusorio Norte. Pero los secuestradores de Diego no serán reaprehendidos y la policía cumplirá su misión de tratar de identificarlos cuando El Jefe aparezca abrazado con su familia.
Nada de dejar ir vivo al futbolista Cabañas sin rendir declaración. Ni de tirar la toalla como acaba de hacerlo el ex procurador Bazbaz. La ley es dura, pero es la ley y tiene que cumplirse.
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Según dice la Secretaría de Gobernación, el Partido de la Revolución Democrática sabía desde hace 4 meses que Gregorio Gómez Martínez era toda una ficha y que le seguían sus pasos aunque él no quisiera, como dice la vieja canción.
Jesús Ortega y la esposa del Greg, Niurka Sáliva pintan a Gómez Martínez como perseguido político-electoral y dicen que nada les informó Gobernación sobre las pesquisas que se llevaban a cabo. Pero los legisladores perredistas Carlos Navarrete y Acosta Naranjo los contradicen diciendo que sí hubo tarjeta amarilla previa a la roja.
Y Marcelo Ebrard Cassaubón afirma que sí hay pruebas de las relaciones del ex alcalde de Cancún con los cárteles del narco y lavado de dinero, no se debió haber registrado su candidatura aliancista para el gobierno de Quintana Roo.
También salen con la embajada de que los derechos del Greg están completos, hasta que el juez dicte sentencia de culpabilidad, si es que la tiene. (Es el mismo argumento que usaron los pejelagartistas cuando la Cámara de Diputados desaforó al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y el tabasqueño se pitorreó de la sentencia legislativa por el cus-cus de Fox de llevar el proceso hasta sus últimas consecuencias y enviar a López Obrador al frescobote, que era la fotografía que siempre buscó el parlanchín tabasqueño. Es decir, el PRD de todas formas lo hubiera registrado como su candidato presidencial en el 2006, hasta esperar una sentencia fast track del juez penal que se hubiera animado a dictarle sentencia. Y entonces sí, López Obrador quedaba sin derechos políticos… Sí hubo protección oficial con los asesinos de Luis Donaldo Colosio Murrieta y José Francisco Ruiz Massieu, también parece haberla del gobierno calderonista para quienes ultimaron al candidato a alcalde de Valle Hermoso, José María Guajardo y el que pintaba como prospecto perredista para el gobierno guerrerense, Luis Mario G. Adame. Así que el dirigente panista César Nava Vázquez mejor debía tener pico de cera.
